La pérdida de ingresos de la ANSES, por la creación del Fondo de Asistencia Laboral, llevará a un ajuste de las jubilaciones a través de la reforma previsional.
Habrá un fuerte ajuste del sistema jubilatorio a través de la reforma previsional.
El proyecto de reforma laboral desfinancia a la ANSES en el equivalente a U$S3.500 millones. Y eso llevará a un fuerte ajuste del sistema jubilatorio a través de la reforma previsional, el paso siguiente que dará el Gobierno de Javier Milei de acuerdo con el compromiso con el FMI.
La pérdida de ingresos de la ANSES surge de la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que se conformará con los 3 puntos del salario de contribución patronal que hoy van al sistema previsional (ANSES) y que tendrá un costo fiscal de 0,05% del PBI.
El proyecto de ley especifica que dicho Fondo será destinado a cubrir las “contingencias laborales”, como las indemnizaciones por despido. Pero si el saldo acumulado cubre esas contingencias, el empleador “podrá solicitar la interrupción o suspensión de la obligación mensual de efectuar el ingreso de las contribuciones”. Y esa contribución queda en el patrimonio de la empresa.
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Según la Consultora Invecq, “se estima que el impacto fiscal total del proyecto completo ascenderá al 0,83% del PBI. La mayor parte de este esfuerzo (0,5%) corresponde a la reducción de las contribuciones patronales del capítulo laboral. El 0,33% restante obedece a los incentivos tributarios, explicados principalmente por la baja en el Impuesto a las Ganancias corporativo (0,2%) y la eliminación de algunos impuestos internos (0,1%)”.
Entre la reducción de las contribuciones, figura la rebaja del 6% al 5% los aportes de las empresas al sistema de salud.
De acuerdo a los borradores de la reforma previsional, los puntos más sobresalientes son:
1) Aumento gradual de la edad mínima para acceder a la jubilación. Actualmente, con 30 años de aportes, las mujeres pueden jubilarse a los 60 años y los varones a los 65 años. No obstante, desde 2018, los empleadores no pueden intimar a esos trabajadores del sector privado a jubilarse si reúnen esos dos requisitos porque pueden optar por trabajar hasta los 70 años.
2) La prestación proporcional –que figuraba en el proyecto de Ley Bases, pero luego el Gobierno la retiró porque se descontaba que no sería aprobada por el Congreso– consiste en una jubilación según los años aportados, con la garantía de un haber mínimo equivalente a la PUAM (Prestación Universal al Adulto Mayor) del 80% del haber mínimo que abarcará a la mayoría de los futuros jubilados.
Por la enorme informalidad, al alcanzar las edades jubilatorias, más del 85% las trabajadoras y trabajadores no reúnen los 30 años de aportes porque los empleadores no los hicieron y tampoco aportaron los que trabajaban por cuenta propia. Las moratorias fueron una alternativa de jubilación para esos sectores, descontando la ANSES la deuda por los años no aportados del haber jubilatorio. Pero quedaron derogadas.
3) Derogación de los regímenes especiales. Entre otros, están los regímenes de insalubridad o de envejecimiento prematuro (por ejemplo, mineros o estibadores que se jubilan antes de los 65 años, según los casos) y los regímenes especiales, como el de docentes nacionales, docentes universitarios nacionales, investigadores científicos (se jubilan con el 82% del sueldo del cargo, con un aporte del 13%, en lugar del 11%), Servicio Exterior, Luz y Fuerza y Poder Judicial.
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Todos esos regímenes fueron objetados por el FMI. En 2018, durante el Gobierno de Mauricio Macri, el Ministerio de Trabajo, a través la resolución 194/2018, resolvió crear una “Comisión Técnica Permanente” con el objetivo de “revisar” los regímenes de jubilación especiales o diferenciales y “evaluar situaciones hasta el momento no contempladas”.
También Alberto Fernández, apenas asumió, volvió a la carga incorporando en la ley de Emergencia y Solidaridad la creación de una comisión que proponga “las modificaciones que considere pertinentes relativas a la movilidad o actualización de los regímenes especiales”.
Las Fuerzas Armadas y de Seguridad tienen regímenes propios que el Gobierno quiere reformar y hay 13 cajas provinciales que no fueron transferidas a la ANSES que se busca consensuar con los gobernadores para que se integren al régimen general.
Los regímenes de los docentes y de los trabajadores de Luz y Fuerza abarcan al 90% del total de los beneficiarios de los regímenes especiales.
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En estos casos, la propuesta sería que en adelante se jubilen, al igual que el resto de las jubilaciones y pensiones, en torno del 60/65% del sueldo actualizado de los últimos 10 años, lo que implica una reducción muy fuerte de los haberes para las nuevas jubilaciones.
4) Pensión por viudez. También figura revisar las pensiones, en especial las por discapacidad. Y modificar las pensiones por fallecimiento del titular (por viudez), excluyendo bajo ciertas condiciones a los cónyuges o convivientes que están jubiladas o jubilados. Y en los casos de los trabajadores activos, la pensión se mantendría solo por los años del matrimonio o convivencia.
La exclusión de la pensión por viudez ya rige para la PUAM (Pensión Universal al Adulto Mayor) vigente desde 2018.
5) Se habilitaría una variante de jubilación privada, con aportes voluntarios que podrían ser estimulados con alguna deducción sobre el impuesto a las Ganancias.
