El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el Presidente Javier Milei introdujo una serie de reformas y derogaciones significativas que plantean interrogantes sobre el futuro de las jubilaciones y pensiones en el país.
Jubilados y pensionados: qué cambios Introduce el DNU de Milei
Contrario a las expectativas, el DNU 70/2023 no establece medidas directas para los jubilados y pensionados.
No obstante, sí aborda la derogación de la Ley N°14.499, cuyos artículos residuales aún vigentes están relacionados con el financiamiento de ciertas inversiones y préstamos personales, así como con requisitos para el otorgamiento de créditos comerciales:
ARTÍCULO 11. - Anualmente se incluirá en el presupuesto General de la Administración un crédito para financiar el régimen de inversiones y créditos de la Dirección General de Préstamos Personales y con Garantía Real, a cargo del Instituto Nacional de Previsión Social. El monto del mismo en ningún caso podrá ser inferior al del ejercicio inmediato anterior.
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ARTÍCULO 12. - A partir del 1° de octubre de 1958 las instituciones de crédito bancario y los Registros Públicos de Comercio del país, requerirán de los empleadores, previo al otorgamiento de crédito o inscripción de transferencia, disolución o liquidación de fondos de comercio, constancia de que no adeudan a las cajas nacionales de previsión en las que estuvieren inscriptos, suma alguna en concepto de aportes y/o contribuciones, o que habiéndose acogido a moratoria se encuentran al día en el cumplimiento de la misma, salvo que el préstamo sea solicitado para abonar aportes y/o contribuciones adeudados.
Ley de Movilidad Jubilatoria: qué cambios planea hacer el Gobierno de Milei
El ministro de Economía, Luis Caputo, compartió sus intenciones de reformar el sistema previsional, lo que incluiría cambios en la fórmula de movilidad jubilatoria.
Esta fórmula, que actualmente ajusta los haberes de jubilados y pensionados trimestralmente, podría ser reemplazada por un nuevo mecanismo aún por definir, bajo el argumento de que la fórmula actual no cumple con las expectativas del gobierno.
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En ese sentido, las jubilaciones y pensiones no aumentarían más cada tres meses ni tampoco se utilizaría el cálculo vigente hasta el momento, que tiene en cuenta el 50% de los recursos destinados a la ANSES y el 50% de la evolución de los salarios de los trabajadores estables.
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