El Gobierno de Javier Milei, a través de su portavoz presidencial, Manuel Adorni, inició una extensa auditoría sobre los más de un millón de planes Potenciar Trabajo en el país.
Esta medida surge con el fin de detectar y corregir irregularidades, en un esfuerzo por transparentar el sistema y garantizar la correcta asignación de estos beneficios sociales.
El Gobierno dará de baja 8.500 planes Potenciar Trabajo por irregularidades
Manuel Adorni, en conferencia de prensa, destacó que investigaciones judiciales, como la del fiscal federal Guillermo Marijuan, revelaron aproximadamente 160 mil casos de irregularidades en la asignación de estos planes.
De acuerdo con el Gobierno, esta situación representa un desvío de unos 10 mil millones de pesos, un costo que no debería recaer sobre los contribuyentes argentinos.
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Por lo que el gobierno de Milei decidió dar de baja 8.500 planes Potenciar Trabajo, una acción derivada de la investigación del fiscal Marijuan. La investigación descubrió que estas 8 mil personas mantenían también una relación laboral con diferentes ministerios o dependencias estatales, lo cual es incompatible con el fin de estos programas.
Irregularidades en Potenciar Trabajo: qué determinó la investigación fiscal
El fiscal Marijuán, en su investigación, detectó que 8.535 empleados públicos en diez provincias estaban percibiendo el plan Potenciar Trabajo, una clara irregularidad.
La fiscalía investiga posibles delitos de violación de deberes de funcionario público y defraudación. Marijuán presentó una denuncia penal que tramita en el juzgado federal de María Servini, apuntando a los responsables de controlar la adjudicación de estos planes sociales.
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Potenciar Trabajo: cómo continuará el plan
El Gobierno, bajo la dirección de Javier Milei, busca reformar y mejorar la eficiencia de los programas sociales, asegurando que los beneficios lleguen a quienes realmente los necesitan.
En tal sentido, Adorni mencionó que los montos de los planes Potenciar Trabajo se mantendrán congelados por el momento, enfocándose en las necesidades de los sectores más vulnerables de la sociedad.
A pesar del aumento en la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar, el Gobierno enfatiza la administración prudente de recursos limitados.
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