Comienza el juicio a una cultivadora de cannabis: “Nos siguen viendo como delincuentes y enfermos”

Sabina Galfano es miembro de la Agrupación Paranaense de Agricultores Cannabicos (Apac) y el miércoles 11 de septiembre enfrentará el juicio en el Juzgado Correccional Federal por infracción a la ley de estupefacientes. La historia deja al descubierto la persecución a quienes cultivan cannabis para consumo propio en vez de castigar a los titiriteros del negocio de la droga.

Hace más de dos años, la Policía Federal allanó el domicilio particular de Sabina como consecuencia de una supuesta investigación por tenencia ilegítima de armas. La joven asegura que se trató de una “causa armada”. “Cuando hay un delito por armas, robo o peligro inminente, ellos -las fuerzas de seguridad- tienen la potestad de hacer el allanamiento previa autorización del juez. Pero para allanar una vivienda por drogas, tiene que haber una investigación previa”. “Inventaron una causa por armas, la policía buscó una excusa para ingresar a mi domicilio“, aseguró en diálogo con Aire de Santa Fe.

Lo cierto es que la ley de estupefacientes no penaliza a quien consuma cannabis, sino a quien tenga tenga dosis en su poder con fines comerciales. “Más allá de que el consumo no esté penado, sí lo está la siembra y el cultivo. Es decir, no está penado a nivel jurisprudencial pero la ley sí sigue penando el consumo”, explicó. El problema radica en que la ley considera a los consumidores como “delincuentes y enfermos”.

En este marco es que diferentes agrupaciones nacionales a favor del cultivo de cannabis para consumo propio realizarán manifestaciones y vigilias durante la semana próxima frente al Juzgado donde se decidirá el futuro de Sabina. La joven paranaense confía en que el movimiento cannábico pujará al sistema judicial para aceitar una Justicia que deje de perseguir al consumidor en vez de al narcotraficante, tal como sucedió con el Fallo Arriola.

“A raíz del boom del cannabis medicinal empezó a aflorar el movimiento cannábico en Argentina con más fuerza. El consumidor no tiene por qué ser tratado como un delincuente o un enfermo”, concluyó.