La Resolución N°6 establece que las Oficinas de Atención de Víctimas de Violencia Doméstica y de Género del Ministerio Público de la Acusación (MPA) son competentes para recibir y dar trámite a todas aquellas denuncias por violencia y/o discriminación basadas en el género y/u orientación sexual.
Una Resolución firmada el pasado lunes por el procurador general de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Jorge Barraguirre, busca garantizar que todas aquellas personas integrantes del colectivo LGTBQ que sufran violencia y/o discriminación por su orientación sexual puedan radicar la respectiva denuncia y reclamar la aplicación de determinadas medidas.
La Resolución N°6 establece que las Oficinas de Atención de Víctimas de Violencia Doméstica y de Género del Ministerio Público son competentes para recibir y dar trámite a todas aquellas denuncias por violencia y/o discriminación basadas en el género y/u orientación sexual.
La medida firmada por Barraguirre surgió luego de gestiones encabezadas por el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad de Santa Fe y la Municipalidad de Rosario.
Al respecto, Ornela Grossi, subsecretaria de Políticas contra la violencia por razones de género indicó que a raíz de haber abordado diversas situaciones en las que el derecho de acceso a la justicia a personas de la diversidad sexual no estaba siendo garantizado decidieron hacer una presentación conjunta ante la Procuración General de la Corte Suprema de Justicia junto a la Municipalidad de Rosario y los Centros de Acceso a la Justicia. Según especificó Grossi, el objetivo es que “ya no quede a criterio y voluntad de los operarios de la justicia, por ejemplo, dictar o no medidas de distancia ante situaciones de violencia contra personas de la diversidad sexual”.
“Es un pequeño gran avance en materia de justicia en cuanto al abordaje de las violencias por razones de género”, resaltó la funcionaria.
La Resolución del procurador de la Corte ordena, además, notificar a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, a los Fiscales de Cámara de Santa Fe y Rosario y a las y los integrantes de las Oficinas de Atención de Víctimas de Violencia Doméstica y de Género del Ministerio Público con sede en los Distritos Judiciales N° 1 y 2 de la Provincia.
También se deberá notificar a la Dirección Provincial de Protección Integral contra las Violencias del Ministerio de Igualdad y Género de la Provincia, a la Dirección de Diversidad Sexual de la ciudad de Rosario y a la Subsecretaría de Acceso a la Justicia del Ministerio de Gobierno Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, para su conocimiento y difusión.
Entre los considerandos de la Resolución, el procurador remarcó que “las Oficinas de Atención de Víctimas de Violencia Doméstica y de Género realizan una ardua labor en materia de protección de derechos, a través de la recepción de denuncias en el marco de lo establecido por la ley nacional de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”, pero advirtió: “la violencia por motivos de género no se agota en la perpetrada contra las mujeres, sino también contra todas las personas con una identidad sexo afectiva diferente a la hegemónica”.
Asimismo, Barraguirre destacó que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos “ha señalado que la violencia contra las personas LGBT constituye una "forma de violencia de género, impulsada por el deseo de castigar a quienes se considera que desafían las normas de género".
Luego, el funcionario recordó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación también ha hecho referencia a la situación de violencia motivada en la orientación sexual: “No es posible ignorar los prejuicios existentes respecto de las minorías sexuales, que reconocen antecedentes históricos universales con terribles consecuencias genocidas, basadas en ideologías racistas y falsas afirmaciones a las que no fue ajeno nuestro país, como tampoco actuales persecuciones de similar carácter en buena parte del mundo, y que han dado lugar a un creciente movimiento mundial de reclamo de derechos que hacen a la dignidad de la persona y al respeto elemental a la autonomía de la conciencia”.
“Tampoco debe ignorarse que personas pertenecientes a la minoría a que se refiere la asociación apelante no solo sufren discriminación social, sino que también han sido victimizadas de modo gravísimo, a través de malos tratos, apremios, violaciones y agresiones, e inclusive con homicidios”, sostiene el procurador y agregó que “el derecho a la identidad de género y sexual se encuentra ligado al concepto de autonomía y a la posibilidad de todo ser humano de auto-determinarse y escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia conforme sus propias opciones y convicciones”.
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