La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe declaró este martes que es constitucional la ley que otorga facultades a la Legislatura provincial para controlar la conducta de los fiscales del Ministerio Público de la Acusación. La medida, sancionada en 2018, deja en manos de los legisladores el control de los fiscales: los diputados y senadores son quienes establecen las sanciones –suspensión o destitución- dependiendo de la gravedad de la falta incurrida.
La Corte Suprema de Justicia de la Provincia ordenó que se le descontara el día no trabajado a la jueza Civil, Comercial y Laboral de San Javier.
La votación de los ministros de la Corte fue dividida, 4 a 2. Rafael Gutiérrez, Ma. Angélica Gastaldi, Eduardo Spuller y Roberto Falistoco votaron a favor de la constitucionalidad de la ley mientras que Daniel Erbetta y Mario Netri votaron en contra.
Desde el momento de su sanción, la ley fue cuestionada por los integrantes del MPA, la Defensa Pública y el propio procurador de la Corte, Jorge Barraguirre.
El planteo de inconstitucionalidad –que fue rechazado este martes por la Corte- fue iniciado por el fiscal Adrián Spelta, que fue jefe de la Unidad Homicidios de la Fiscalía Regional Rosario. La Auditoría General del MPA le había iniciado una investigación disciplinaria por su actuación en las excarcelaciones de Ema Pimpi Sandoval y su hermano Lucas, en acuerdo con el abogado defensor, a pesar de que estaban acusados de intento de homicidio contra tres personas y enfrentaban expectativa de penas importantes.
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El tema salió a la luz y resultó en escándalo cuando en octubre de 2019 Ema Pimpi (condenado por balear la casa del ex gobernador Bonfatti) fue acribillado por un grupo comando que ingresó a la vivienda donde disfrutaba de “libertad morigerada”. Junto con él murieron otros dos jóvenes y otro resultó herido.
Lucas, que en ese momento estaba detenido porque tiempo antes se había fugado y fue recapturado, finalmente fue condenado a 12 años de prisión por ese hecho.
También el juez Hernán Postma, que intervino en esa audiencia y convalidó el acuerdo entre fiscal y defensor, fue sometido a juicio político y logró salvarse de la destitución gracias al voto de cinco miembros de la Corte (todos menos Daniel Erbetta) y el senador Armando Traferri. El resultado en ese tribunal de juicio político, que integra la Corte, dos miembros de la Legislatura y dos de la matrícula de abogados, fue un ajustado 6 a 4.
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El MPA y la Defensa Pública entienden que la ley 13807 es una intromisión del control político, en violación de la independencia y autonomía. En la práctica, se ve esa ley como una forma de condicionar las investigaciones sobre el poder político, y particularmente a legisladores ya que ahora son ellos los que pueden suspenderlos o destituirlos.
Sin embargo las leyes fueron aprobadas con amplísimas mayorías en ambas cámaras. Allí predomina la idea de que los fiscales quieren ser juzgados por ellos mismos, sin intervención de otros estamentos y que la mejor solución es que sea la Legislatura, donde están representadas todas las fuerzas políticas.
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La Fiscalía de Estado asumió la posición de la Legislatura y formuló un recurso de queja ante la Corte. La Cámara lo habilitó y el procurador lo admitió parcialmente, dando lugar a que la Corte en pleno analice el tema, cuya resolución se conoció este martes.
En diciembre del 2020, el procurador Barraguirre dictaminó a favor de la inconstitucionalidad del régimen de sanciones a los fiscales y defensores que es motivo de controversia luego de que la Legislatura modificó la ley 13.013 y se adjudicó en exclusiva la potestad de acusarlos y sancionarlos (suspensión o destitución) si considera que cometieron “faltas graves”.
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