Sociedad Rural y su reclamo por transparencia
El reclamo fue impulsado por la directora del Distrito 6 de la entidad, Soledad Diez de Tejada, quien en declaraciones a AIRE Agro afirmó que “los contribuyentes abonan esta tasa, desconociendo el destino de los fondos”.
La presentación realizada ante cada jurisdicción comunal y municipal se ampara en la Ley Nacional N.º 27.275, que garantizan el derecho al acceso a la información pública, así como en las leyes provinciales 8.173 (Código Tributario Municipal) y 14.256 de Gobernanza de Datos y Acceso a la Información Pública.
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La documentación solicitada es: ordenanzas tributarias desde 2020 a 2025 (si existieran); criterios de cálculo y liquidación de la tasa; balances comunales del período 2019-2024; detalle de lo recaudado por la Tasa Comunal Rural; cantidad de hectáreas bajo la jurisdicción; destino específico de los fondos recaudados; costos de los servicios financiados; y comprobantes de obras de mantenimiento de caminos rurales.
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“Los contribuyentes abonan esta tasa, desconociendo el destino de los fondos”, dijo Diez de Tejada.
El escrito sostiene que la información servirá “a fin de evaluar y/o fundar futuras impugnaciones al régimen de regulación de la Tasa General de Inmuebles Rurales”.
Diez de Tejada, productora agropecuaria de Sancti Spíritu, en el departamento General López, explicó que la acción "surge por una inquietud que nace desde los productores hacia los delegados del Distrito 6 de Sociedad Rural Argentina”.
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Según precisó, los pedidos comenzaron a enviarse el 20 de marzo. “Lo que pedimos es un detalle de los datos de recaudación de la tasa comunal rural desde el 2019 hasta el 2024, solicitando que se incluyan ordenanzas impositivas, balances comunales, informes de recaudación y destino de los fondos”, subrayó.
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Y agregó: “sabemos que las tasas tienen un fin específico y no se pueden derivar a otros fines. Con esta información les estamos abriendo la puerta a los productores para que hagan sus reclamos individuales”.
La dirigente ruralista enfatizó que la presentación se basa en antecedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ratifican el derecho ciudadano a solicitar acceso a datos públicos bajo control estatal.
“Estamos asesorados por un estudio jurídico para que este trabajo tenga mayor resultado”, remarcó.
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En caso de no obtener respuesta, advirtió que avanzarán en la vía judicial: “Solicitamos que se expidan en un plazo de 15 días, bajo apercibimiento de entablar las acciones judiciales pertinentes. Lo vamos a judicializar”.
Hasta el momento, ninguna comuna ni municipio respondió formalmente al pedido. “Llamaron abogados a ver qué queríamos, a lo cual se les respondió que manden los balances y comprobantes”, indicó Diez de Tejada.
Solo “los pocos consorcios camineros que hay en la provincia se comprometieron a enviar la información”, detalló la dirigente.
