Se quedó con la casa de su hermano con discapacidad: la Justicia anuló la operación
Un juez de Tandil anuló la cesión de una vivienda entre hermanos al considerar que uno se aprovechó de la discapacidad intelectual del otro. También ordenó devolver el dinero.
La operación había sido firmada ante un escribano en 2020.
Un conflicto familiar por una casa heredada en Tandil, provincia de Buenos Aires, terminó con una resolución judicial que dejó sin efecto una operación inmobiliaria firmada en 2020. El demandante denunció que su hermano se había aprovechado de su discapacidad intelectual para quedarse con los derechos sobre la propiedad, por una suma de $1.100.000.
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Tras analizar pericias médicas, testimonios y documentación, el Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 3 de Tandil resolvió anular la cesión de derechos hereditarios. El magistrado consideró que el hermano demandado conocía la situación de vulnerabilidad del hombre y obtuvo una ventaja patrimonial en esas circunstancias.
Tandil: cómo fue la operación por la casa heredada entre los dos hermanos
El conflicto se originó durante la sucesión de sus padres, que incluía varias propiedades y una camioneta Toyota Hilux.
El 16 de enero de 2020, uno de los hermanos firmó ante un escribano una cesión de los derechos sobre una vivienda a favor del otro. En la escritura quedó asentado que había recibido $1.100.000 antes de la firma.
Años después, el hombre inició una demanda para solicitar la nulidad del acuerdo. Sostuvo que nunca había cobrado ese dinero y que, debido a su discapacidad intelectual y sus problemas de salud, no había comprendido adecuadamente las consecuencias patrimoniales de lo que firmaba.
También afirmó que, después de la operación, su hermano lo había expulsado de la vivienda familiar y que terminó viviendo en otra propiedad en condiciones precarias.
El demandado rechazó las acusaciones. Según su versión, ambos habían acordado cómo distribuir la herencia y su hermano había recibido otra casa, el dinero obtenido por la venta de una camioneta y la suma consignada en la escritura.
Las pericias y los testimonios que fueron clave para la decisión judicial
Durante el proceso se incorporaron documentos médicos, una evaluación psicopedagógica y declaraciones de personas que conocían a la familia.
Uno de los antecedentes relevantes fue una sentencia de febrero de 2023, que había establecido que el demandante tenía capacidad jurídica restringida para realizar determinados actos patrimoniales y necesitaba un sistema de apoyo para tomar esas decisiones.
La pericia señaló que presentaba dificultades para comprender situaciones complejas, anticipar consecuencias y decidir sobre cuestiones económicas sin asistencia.
Los testimonios también describieron la dependencia que había mantenido con su padre y los problemas que atravesó después de su fallecimiento.
A partir de esas pruebas, el juez Sebastián Manuel Sarde concluyó que el hermano demandado conocía las dificultades de su familiar y se había aprovechado de esa situación para obtener los derechos sobre la vivienda.
Por qué la Justicia anuló la cesión, pero ordenó devolver los $1.100.000
En su resolución del 21 de octubre de 2026, el magistrado consideró que el demandante no había contado con el discernimiento necesario para comprender las consecuencias de la operación. También valoró el desequilibrio económico que surgía de las tasaciones inmobiliarias incorporadas al expediente.
Por esos motivos, declaró nula la cesión de derechos hereditarios firmada en 2020 y ordenó cancelar su inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble.
Sin embargo, el fallo incluyó una particularidad: aunque el demandante aseguró que nunca había recibido los $1.100.000, no logró demostrar que fuera falsa la constancia de pago incluida en la escritura pública.
Por esa razón, el juez dispuso que restituyera el dinero a su hermano, junto con los intereses calculados desde el 16 de enero de 2020. Además, impuso las costas judiciales al demandado.
De esta manera, la Justicia dejó sin efecto la cesión de la vivienda heredada al considerar que el acuerdo había perjudicado patrimonialmente a una persona en situación de vulnerabilidad. Al mismo tiempo, estableció la devolución de la suma consignada en el documento debido a que no se logró probar que la declaración de pago fuera falsa.
