Los expedientes de la caza del yaguareté, el delito que casi nunca llega a juicio
En la Argentina quedan cerca de 250 yaguaretés. A pesar de haber sido declarado Monumento Natural Nacional y especie en peligro crítico de extinción, su principal amenaza no está solo en el monte sino también en los tribunales: casi todas las causas por caza o tráfico ilegal terminan archivadas.
La desaparición de Acaí, la yaguareté reintroducida en el Parque Nacional El Impenetrable (Chaco) —de la que se perdió rastro el 25 de octubre de 2025— volvió a poner en evidencia la fragilidad extrema de la especie en la Argentina. Mientras sigue su búsqueda (aunque, presumen, pereció por la acción de cazadores), la Administración de Parques Nacionales valuó el daño ambiental causado por este solo espécimen en casi $ 2.700 millones y la Justicia analiza una recompensa para avanzar con la investigación.
El caso, en tanto, reabrió una pregunta urgente: si matar un yaguareté es un delito, ¿por qué el sistema penal rara vez logra una condena? Para tratar de contestar esta pregunta la siguiente investigación periodística —elaborada en el Data Journalism Visualization Bootcamp del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), con apoyo de la Embajada de Suiza en la Argentina, en la que participó la periodista de AIRE Jésica Oldani— reconstruye los expedientes del yaguareté a partir de un pedido de acceso a la información pública y de múltiples fuentes relacionadas con el tema.
Se trata de Máximo Cisneros, Walter Hugo Ponce De León, Claudio Cisneros y Viterman Ponce De León. Según relataron, actuaron en represalia después de que el animal matara una vaca lechera y se acercara de forma amenazante a ellos.
En el juicio admitieron el hecho y negaron ser cazadores furtivos. “Nunca supimos que el yaguareté era tan protegido. No teníamos idea… Pero tuvimos que decidir: era la vida del bicho o la nuestra”, dijo Cisneros, días antes, en un reportaje con Infobae. “Matamos al bicho y después nos lo comimos: no fue un trofeo, como se dijo”, aseguró Hugo Ponce De León.
Cronología de un fallo sin precedentes
Por primera vez, la justicia argentina condenó con prisión la caza de un yaguareté o Panthera onca. Paso a paso de los hechos:
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Si bien se trató de una sanción histórica, también fue un episodio aislado. Antes de este caso hubo decenas de causas similares que se perdieron en el camino: entre 2010 y 2023 la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA), la fiscalía federal creada en 2006 para perseguir delitos que afectan el medio ambiente en todo el país, abrió 46 investigaciones preliminares vinculadas al yaguareté.
Desde la Red Yaguareté, ONG fundada en 2001 dedicada a la conservación del felino, sin embargo, aseguran que el número real es mayor: la organización sigue más de 75 causas abiertas y sospecha que muchos otros hechos nunca llegaron a judicializarse.
Un análisis del recorrido judicial de esos expedientes muestra que la caza se concentra en el norte del país —con Salta (6 casos), Formosa (4) y Misiones (2) a la cabeza—, mientras que la comercialización de pieles aparece con fuerza en Buenos Aires (8) y CABA (3), es decir, donde está el mercado. Otro dato relevante: tres de cada diez causas corresponden al delito de caza y, de ellas, casi la mitad terminó archivada.
¿Los motivos? Falta de pruebas; dificultad para identificar a los responsables; versiones contradictorias sobre el hecho o prescripción por el paso del tiempo. Los pocos casos donde hubo sanción —al menos dos por tenencia de cueros de yaguareté— fueron de carácter administrativo y no penal, impuestas por organismos ambientales y no por la Justicia Federal, lo que probablemente reforzó la percepción de que el delito podía “arreglarse” con dinero.
¿Qué camino hacen las denuncias?
Todo empieza con una investigación preliminar. Se trata de la etapa inicial que realiza la UFIMA para comprobar si un hecho vinculado a la desprotección del yaguareté podría constituir un delito ambiental.
En esta fase se recolectan pruebas y, si hay evidencia suficiente, se da intervención al Poder Judicial —según la jurisdicción que corresponda— para su trámite como causa penal. Sin embargo, se desconoce el estado actual de muchos expedientes, porque no hay información sobre su avance o resolución.
Un ejemplo es la causa iniciada en 2020 por presunta caza de yaguareté en el río Bermejo, que —según se pudo constatar— aún continúa “en trámite”.
YAGUARETE DENUNCIAS
Lista de causas penales e instancia a la que llegó cada una
Entre 2010 y 2023 la Unidad Fiscal de Investigación en Materia Ambiental (UFIMA) abrió 46 investigaciones preliminares vinculadas al yaguareté.
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Yaguareté: anatomía de un superdepredador
Es el felino más grande y poderoso de América, y el símbolo de la fauna argentina. Su presencia cumple un rol clave en el equilibrio de los ecosistemas.
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La trastienda judicial de los delitos ambientales
La protección de la fauna silvestre es una actividad de importancia crítica en la Argentina. Según el fiscal Ramiro González, titular de la UFIMA, desde la creación del organismo, hace casi dos décadas, el 42% de las investigaciones preliminares que llevan adelante están vinculadas a delitos que afectan a especies autóctonas y protegidas. “Nuestro trabajo no solo busca sancionar, sino también proteger bienes colectivos”, resume en un diálogo con este equipo de DJV Bootcamp.
De acuerdo con González, la mayoría de las investigaciones por presuntas caza de yaguareté o tenencia de cuero del animal se inician a partir de denuncias de ciudadanos o de organizaciones ambientalistas, como Red Yaguareté, que aportan información clave.
Si bien el auge de las redes sociales facilitó la detección de casos (muchas personas comercializan especies o suben fotos de caza a Facebook a modo de “trofeo”) no siempre es sencillo dar con los responsables.
“Los usuarios suelen operar con nombres de fantasía y solo se puede requerir información mediante un oficio judicial firmado por un juez”, dice el fiscal. Con plataformas locales, como Mercado Libre, el panorama mejoró a lo largo de los años: tras la implementación de filtros automáticos, ya no se registran publicaciones vinculadas a fauna silvestre y, en los pocos casos detectados, la empresa colabora con la Justicia para identificar a los involucrados.
Una vez que la UFIMA logra reunir pruebas suficientes, la investigación preliminar puede derivar en una causa judicial. “No hay un tiempo estimado: intentamos judicializar los casos lo antes posible, pero para ello es necesario contar con una denuncia sólida que contenga suficientes elementos probatorios”, dice González.
Las principales limitaciones antes de llegar a esa instancia están vinculadas a la dificultad de obtener evidencias contundentes. “Durante la investigación preliminar solo podemos realizar medidas informativas o de fiscalización. Para avanzar con allanamientos o imputaciones formales es necesario que la causa esté judicializada”, dice el fiscal.
Cuando el expediente pasa al ámbito judicial, la UFIMA deja de intervenir. “Solo realizamos el seguimiento con fines estadísticos y de análisis”, dice González.
En este contexto, el fallo de Ibarreta en Formosa constituyó un avance histórico en la judicialización de delitos contra la fauna silvestre en la Argentina, pero ¿es suficiente? ¿En qué medida la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna responde a los estándares actuales de protección de biodiversidad y derechos ambientales? “Sería necesario incrementar las sanciones y agravar la figura de la caza cuando se trata de un yaguareté”, sostiene el titular de la UFIMA.
Según González, una persecución más efectiva del delito ambiental requiere de una reforma integral: incorporar tipos ambientales al Código Penal; crear juzgados especializados, y fortalecer la coordinación entre el Poder Judicial, el Ministerio Público y los organismos ambientales, entre otras cuestiones. “La pérdida de especies no es un daño menor: afecta directamente a los ecosistemas y a la calidad de vida de todos”, concluye.
Amenazas a la especie
El retroceso del yaguareté en la Argentina no se debe a una sola causa, sino a la combinación de distintos factores. Para revertir el panorama, además de penas más duras contra los cazadores y de una acción judicial más efectiva, es necesario un trabajo sostenido con las comunidades que comparten territorio con la especie.
Entre las soluciones posibles se destacan la instalación de cercos eléctricos para evitar el ingreso de felinos a los campos, y los programas educativos en escuelas rurales, orientados a promover la convivencia y el respeto por el principal depredador del ecosistema.
1. Caza
Sigue siendo la principal causa de muerte: ocurre por represalias ante ataques al ganado, o por el valor de su piel y de los colmillos en el mercado negro.
CAUSA - CAZA
2. Pérdida y fragmentación del hábitat
Impulsada por los desmontes y la expansión agrícola. Reduce su territorio y la disponibilidad de presas.
CAUSA - DEFORESTACIÓN
3. Atropellamientos
Sos un amenaza reciente en la población de la Selva Paranaense en Misiones. En 13 años se registraron al menos cinco atropellamientos.
CAUSA - ATROPELLAMIENTO
Leyes que lo protegen
Matar yaguaretés es ilegal en todo el país y se castiga con penas privativas de la libertad. La Ley N° 22.421 de Conservación de la Fauna establece, en el artículo 25, entre cuatro meses y tres años de prisión para quien cace animales protegidos, además de la inhabilitación para el uso de armas de cinco a diez años. En los hechos eso se traduce en penas leves que, en la mayoría de los casos, terminan en suspenso.
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Si bien hubo varios intentos por actualizar la Ley N° 22.421, ninguno prosperó. Tras la mediatización del caso de Ibarreta y el fallo de Formosa, que marcó un precedente en la Justicia argentina, el diputado nacional del PRO, Damián Arabia, presentó un proyecto que —aunque no reforma la normativa en su conjunto— busca endurecer las penas por caza de yaguareté: las eleva a un rango de cuatro a ocho años de prisión, lo que implicaría el cumplimiento efectivo en todos los casos.
En el plano judicial hay, también, una causa clave que sigue abierta: la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene en trámite un amparo judicial presentado por Greenpeace en nombre y representación del yaguareté, para exigir la protección de su territorio y hábitat en el Gran Chaco.
La demanda alcanza a las provincias de Chaco, Formosa, Salta y Santiago del Estero y, aunque fue admitida, su avance permanece prácticamente detenido desde 2019. Según explicó el abogado ambientalista Enrique Viale, el planteo busca mayores garantías para la supervivencia de la especie en una región donde quedarían apenas alrededor de veinte ejemplares.
En paralelo, hay avances concretos en la conservación de la especie: Fundación Rewilding trabaja en la reintroducción del Panthera onca en áreas donde había desaparecido, como los Esteros del Iberá (Corrientes) y el Parque Nacional El Impenetrable (Chaco) mediante la cría de cachorros, la restauración del hábitat y corredores biológicos, con seguimiento por collares satelitales y cámaras trampa.
En Misiones, además, el Ministerio de Ecología y el Instituto Misionero de Biodiversidad impulsan un programa para reducir atropellamientos de fauna silvestre en rutas mediante señalización y controles de velocidad, una medida clave en una provincia que registró varios yaguaretés muertos por colisión vehicular. En todos los casos, el objetivo de fondo es que la especie vuelva a ocupar su rol de rey de los depredadores y contribuya al equilibrio del ecosistema. Pero sobre todas las cosas, evitar que el yaguareté se extinga en la Argentina.
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Créditos
Esta visualización de una investigación periodística basada en datos fue elaborada durante el segundo semestre de 2025 en el ámbito de Data Journalism Visualization Bootcamp del Foro de Periodismo Argentino. El programa recibió el apoyo de la Embajada de Suiza en la Argentina.
Ilustración: Trabajadas con inteligencia artificial en base a fotografías de Greenpeace, Fundación Vida Silvestre, Facebook, La Voz de Misiones y una captura de videollamada
Análisis de datos: Ignacio Suárez
Programación: Cristhian Rodrigo Sosa Zurita
Mentoría: Mariana Trigo Viera
Liderazgo de DJV Bootcamp: Irene Benito
Supervisión de FOPEA: Amelia Corazza (directora ejecutiva) y Paula Moreno Román (presidenta)
Coordinación de Comunicación: Sol Clemente
Fuentes consultadas
Ramiro González, titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA)
Agustín Paviolo, investigador del CONICET y coordinador del Proyecto Yaguareté
Nicolás Lodeiro Ocampo, fundador y director ejecutivo de Red Yaguareté
Enrique Viale, abogado ambientalista y presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas
Blas Matías Michenzi, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA) de la Ciudad de Buenos Aires
Manuel Jaramillo, director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina
