Desde la Fiscalía Federal avalan las medidas dispuestas por el tribunal y aseguran que “con buena voluntad y sentido común, se va a poder acomodar la situación”.
Archivo/ Aire Digital
El Tribunal Oral Federal N° 1 de Santa Fe firmó el 27 de mayo último la Acordada N° 11/2021 en la que dispuso una serie de medidas en el marco de las restricciones sanitarias. Dichas medidas serán aplicadas en el desarrollo del juicio contra seis expolicías de Santa Fe por el secuestro de trabajadores de Laguna Paiva durante la última dictadura cívico militar.
La Acordada, firmada por los jueces José María Escobar Cello, Luciano Lauria y la jueza María Ivon Vella, establece dejar sin efecto las inspecciones oculares de los Centros Clandestinos de Detención ex “D2” y la Guardia de Infantería Reforzada, instar a las partes a reducir testigos, con la advertencia que de no hacerlo lo hará el tribunal de oficio y la reducción de asistencia en la sala de juicio, con la excepción de jueces y de las víctimas-testigos (asistiendo sin sus abogados).
Las medidas fueron duramente criticadas por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Apdh) –querellante en la causa- y el Foro contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe.
Sin embargo, desde la Fiscalía Federal avalan las medidas dispuestas por el tribunal y aseguran que “con buena voluntad y sentido común, se va a poder acomodar la situación”.
Fuentes de la Fiscalía reconocieron a Aire Digital que “es una situación difícil” y lamentaron que “todo el año pasado se quiso hacer el juicio y ahora, en el tramo final, nos agarran estas restricciones”.
Al referirse concretamente a las restricciones dispuestas por el tribunal, las fuentes opinaron que no habría inconvenientes en tomar declaración a los indispensables mediante la virtualidad como lo hicieron otros tribunales. “En Santa Fe se garantizó lo más posible la presencialidad en los juicios Baigorria y Lepwalts, pero es muy peligroso”, advirtieron. A su vez, resaltaron a modo de ejemplo que, Adrián Forni, el fallecido jefe de Policía de Rosario, declaró presencial en Baigorria.
Según entienden desde la Fiscalía, “lo que se quiere es que el juicio se haga y concluya”.
De todos modos, en cuanto a las presencias de abogados, testigos y fiscales en la sala de audiencias, la Fiscalía Federal no ve inconvenientes en que estén los defensores.
Pese a que la situación no es la ideal para desarrollar este tipo de procesos, desde la Fiscalía aseguran que “se van a poder hacer las cosas que ellos -querella y los organismo de derechos humanos- entiendan necesarias”. No obstante, resaltan que “eso lo está manejando el Tribunal”. Según relevaron a este medio, el propio fiscal también desarrollará sus actividades mediante la virtualidad.
Otra de las justificaciones a las medidas dispuestas por el tribunal tiene que ver con que “los testigos y víctimas ya declararon todos alguna vez en primera instancia. Hace cinco años fue la investigación que llegó a juicio”.
Como respuesta a las medidas adoptadas por el TOF N°1, la querella solicitó que sólo se reduzca a tres testigos los desistimientos (siendo testigos de concepto) manteniendo a los testigos directos, familiares y dos testigos de conceptos que darán el contexto del terrorismo de Estado de la región Santa Fe. También se reclamó que se mantenga la inspección judicial en el ex Centro Clandestino de Detención tortura y exterminio “D2”.
Según los organismos, esa tarea “puede ser llevada adelante sin violentar la normativa sanitaria, ya que ese inmueble actualmente es una repartición pública y puede realizarse en horarios no laborales de dicha dependencia”.
En cuanto a la ex “Guardia de Infantería Reforzada” (GIR), reconocen que la situación es diferente debido a que actualmente existen personas privadas de su libertad, y resultaría dificultoso realizar esa medida judicial con la actual situación sanitaria.
Sobre el desarrollo de las audiencias y la decisión de que los sobrevivientes concurran sin la presencia física, los organismos de derechos humanos de Santa Fe alertaron que “esto trajo muchas sensaciones negativas y de angustia” y añadieron que durante el terrorismo de Estado “fue en ese mismo tribunal donde fueron condenados por la Ley 20.840 y confinados a distintas cárceles del país”.
Las organizaciones sostienen que el Programa provincial de Protección y Acompañamiento a testigos y querellantes en los juicios contra el terrorismo de Estado acompañaron una nota al tribunal adhiriendo al pedido de la querella donde describieron que las víctimas de terrorismo de Estado, asistiendo a una audiencia sin sus abogados, “reviven no sólo la sensación de extrema soledad en que atravesaron estas escenas traumáticas sino a su vez la ausencia de la representación legal: es sabido que no tuvieron en su momento acceso a ser representados por abogado alguno, y el Estado en su conjunto, pero particularmente el Poder Judicial, operó como parte del aparato criminal”.
Por tal motivo, la querella solicitó al tribunal haga una excepción para que los abogados estén presentes en el momento en que presten testimonio las tres víctimas que restan declarar. Los y las sobrevivientes realizan este esfuerzo por adaptarse a las nuevas circunstancias sanitarias, manteniendo en alto las banderas de memoria, verdad y justicia”, resaltaron.
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