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Actualidad Derechos Humanos | Santa Fe | Laguna Paiva

Causa Chartier: el TOF dispuso medidas por covid y los organismos de derechos humanos consideran que se afecta al juicio

En el marco de las restricciones por la pandemia, el Tribunal Oral Federal N°1 resolvió adoptar una serie de medidas que, según los organismos de derechos humanos, va en desmedro de las víctimas. La acordada de los jueces deja sin efecto inspecciones oculares en un centro clandestino de detención, reduce la cantidad de testigos y restringe la asistencia al juicio de abogados de los sobrevivientes. Desde la Fiscalía Federal apoyan las medidas dispuestas por el tribunal y aseguran que "con buena voluntad y sentido común, se va a poder acomodar la situación".

Las restricciones sociales en el marco de la pandemia por coronavirus dejan consecuencias negativas en el aspecto económico, productivo, social y educativo pero también en lo relacionado con el acceso a la justicia y las garantías de derechos. Sobre este último punto, los organismos de derechos humanos de Santa Fe lanzaron una dura advertencia vinculada a algunas decisiones tomadas en el marco de un juicio por delitos de lesa humanidad que comenzó a desarrollarse el pasado 13 de mayo.

El Tribunal Oral Federal N° 1 de Santa Fe firmó el 27 de mayo último una Acordada (N° 11/2021) en la que dispuso una serie de medidas en el marco de las restricciones sanitarias. Dichas medidas serán aplicadas en el desarrollo del juicio contra seis expolicías de Santa Fe por el secuestro de trabajadores de Laguna Paiva durante la última dictadura cívico militar.

Sin embargo, desde la Fiscalía Federal avalan las medidas dispuestas por el tribunal y aseguran que “con buena voluntad y sentido común, se va a poder acomodar la situación”.

Fuentes de la Fiscalía reconocieron a Aire Digital que “es una situación difícil” y lamentaron que “todo el año pasado se quiso hacer el juicio y ahora, en el tramo final, nos agarran estas restricciones”.

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La Acordada, firmada por los jueces José María Escobar Cello, Luciano Lauria y la jueza María Ivon Vella, establece dejar sin efecto las inspecciones oculares de los Centros Clandestinos de Detención ex “D2” y la Guardia de Infantería Reforzada, instar a las partes a reducir testigos, con la advertencia que de no hacerlo lo hará el tribunal de oficio y la reducción de asistencia en la sala de juicio, con la excepción de jueces y de las víctimas-testigos (asistiendo sin sus abogados).

Las medidas fueron duramente criticadas por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Apdh) –querellante en la causa- y el Foro contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe.

Mediante un comunicado, las organizaciones de derechos humanos reconocen y comparten la gravedad de la situación sanitaria pero advierten que “eso nunca puede ir en desmedro de los procesos de memoria, verdad y justicia”.

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Catalino Páez, uno de los trabajadores de Laguna Paiva que víctima de secuestro durante la última dictadura cívico militar.

Catalino Páez, uno de los trabajadores de Laguna Paiva que víctima de secuestro durante la última dictadura cívico militar.

“Hace más de cuatro décadas que las víctimas están esperando este momento tan importante de reparación histórica”, destacan.

Como respuesta a las medidas adoptadas por el TOF N°1, la querella solicitó que sólo se reduzca a tres testigos los desistimientos (siendo testigos de concepto) manteniendo a los testigos directos, familiares y dos testigos de conceptos que darán el contexto del terrorismo de Estado de la región Santa Fe. También se reclamó que se mantenga la inspección judicial en el ex Centro Clandestino de Detención tortura y exterminio “D2”. Según los organismos, esa tarea “puede ser llevada adelante sin violentar la normativa sanitaria, ya que ese inmueble actualmente es una repartición pública y puede realizarse en horarios no laborales de dicha dependencia”.

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En cuanto a la ex “Guardia de Infantería Reforzada” (GIR), reconocen que la situación es diferente debido a que actualmente existen personas privadas de su libertad, y resultaría dificultoso realizar esa medida judicial con la actual situación sanitaria.

Sobre el desarrollo de las audiencias y la decisión de que los sobrevivientes concurran sin la presencia física, los organismos de derechos humanos de Santa Fe alertaron que “esto trajo muchas sensaciones negativas y de angustia” y añadieron que durante el terrorismo de Estado “fue en ese mismo tribunal donde fueron condenados por la Ley 20.840 y confinados a distintas cárceles del país”.

Las organizaciones sostienen que el Programa provincial de Protección y Acompañamiento a testigos y querellantes en los juicios contra el terrorismo de Estado acompañaron una nota al tribunal adhiriendo al pedido de la querella donde describieron que las víctimas de terrorismo de Estado, asistiendo a una audiencia sin sus abogados, “reviven no sólo la sensación de extrema soledad en que atravesaron estas escenas traumáticas sino a su vez la ausencia de la representación legal: es sabido que no tuvieron en su momento acceso a ser representados por abogado alguno, y el Estado en su conjunto, pero particularmente el Poder Judicial, operó como parte del aparato criminal”.

Por tal motivo, la querella solicitó al tribunal haga una excepción para que los abogados estén presentes en el momento en que presten testimonio las tres víctimas que restan declarar. Los y las sobrevivientes realizan este esfuerzo por adaptarse a las nuevas circunstancias sanitarias, manteniendo en alto las banderas de memoria, verdad y justicia”, resaltaron.

El juicio

El jueves 13 de mayo comenzó el juicio en el que se juzgará en la ciudad de Santa Fe a seis expolicías provinciales por delitos de lesa humanidad cometidos contra 11 personas de la localidad de Laguna Paiva en 1980, en plena dictadura cívico militar.

Las audiencias se desarrollan en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe y se espera que declaren unos 57 testigos. La causa tiene nueve querellantes y están patrocinados por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Apdh) de Rosario, con la dirección de la abogada Norma Ríos. El fiscal federal de la causa es Martín Suárez Faisal.

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Los exagentes policiales, integrantes del Servicio de Inteligencia D2, que serán juzgados son: Eduardo Riuli, Fernando Mendoza, Rubén Insaurralde, Antonio González, Omar Molina y Germán Chartier.

Los exuniformados serán juzgados por los delitos de secuestros y torturas de trabajadores de la localidad de Laguna Paiva, perpetrados durante el mes de febrero de 1980. En algunos casos, se trata de trabajadores del frigorífico Nelson, otros de la metalúrgica y el resto de los ferrocarriles de Laguna Paiva.

Además, también fueron detenidos ilegalmente y sometidos a torturas familiares de los secuestrados. Las víctimas fueron: Arnaldo Catalino Páez, Juana Tomasa Medina de Páez, Mario Ángel Páez, Daniel Emilio Acosta, Juan Anselmo Miranda, Pedro Pablo Moncagatta, Juan Carlos Sánchez, Hugo Alberto Silva, Ricardo Nicolás Galván, Juan Carlos Oliver y Roberto Manuel Soria.