El incidente ocurrió el lunes 5 de mayo en la Dirección General de Gestión y Habilitación de la Corte Suprema, el área encargada de gestionar las líneas telefónicas oficiales de los magistrados, a través de las operadoras Claro y Movistar.
Según la denuncia, un oficial que trabaja en la Corte, recibió una llamada de un número privado. El interlocutor, que se presentó como empleado de Movistar, alegó que una de las líneas telefónicas de la Corte había sido reportada como robada y solicitó el PIN de la línea para bloquearla.
Sin embargo, el empleado sospechó de la llamada, ya que no coincidía con los procedimientos habituales. Tras verificar en el sistema de información de la Corte, comprobó que no había ningún reporte de irregularidad. Además, el interlocutor no era el empleado habitual de la operadora para manejar este tipo de incidencias. Cuando Bustamante solicitó más información, la comunicación se cortó abruptamente.
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Este incidente fue inmediatamente informado a la Dirección General de Seguridad de la Corte, bajo la supervisión de Roberto Varela. La denuncia fue presentada ante la División Conductas Informáticas Ilícitas de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, con la intervención del fiscal nacional Santiago Vismara.
La clave: un intento de hackeo dirigido a Rosatti
Lo que llamó la atención en este intento de hackeo fue que la línea telefónica que supuestamente debía ser bloqueada pertenecía nada menos que al propio presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. Por precaución, el ministro ya ha sido provisto de un nuevo número de teléfono. Las autoridades sospechan que este intento no fue casual, y que el verdadero objetivo era acceder al teléfono de Rosatti.
Este no es el primer incidente relacionado con el presidente de la Corte. Hace más de dos años, Rosatti denunció que líneas telefónicas fraudulentas habían sido creadas a su nombre, lo que desató una investigación por una red de espionaje que involucraba a varios magistrados. La denuncia de Rosatti puso al descubierto un esquema más amplio que afectó a otros jueces, como el vicepresidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, y la jueza de Posadas, Verónica Skanatta, quienes también fueron víctimas de estas maniobras ilegales.
Antecedentes de espionaje a magistrados:
El episodio reciente remite a un complejo panorama de espionaje a magistrados, que comenzó con la denuncia inicial de Rosatti. En 2021, el presidente de la Corte había alertado sobre la aparición de líneas telefónicas falsas a su nombre. Además de a él, otros altos funcionarios fueron también víctimas de estas maniobras, incluyendo al vicepresidente de la Corte y a otros miembros del Poder Judicial.
Al investigar la denuncia de Rosatti, se descubrió una red de creación de líneas telefónicas fraudulentas a nombre de otras figuras públicas, como los gobernadores de Misiones y los jueces involucrados en el juicio a Cristina Kirchner. Las investigaciones apuntaron a que estas líneas truchas servían para facilitar el espionaje a magistrados involucrados en causas clave.
La trama de espionaje
Este hecho se enlaza con investigaciones sobre hackeos a teléfonos de jueces que actuaron en casos judiciales sensibles, como la causa Vialidad, en la que Cristina Kirchner es una de las principales involucradas. El hacker Ezequiel Nuñes Piñeyro, procesado por estos delitos, confesó haber manipulado las tarjetas SIM de los celulares de jueces claves de tribunales, lo que permitió obtener acceso a información confidencial.
El caso también involucra al ex policía Ariel Zanchetta, quien solicitó miles de informes personales sobre jueces y funcionarios políticos, y cuya investigación vinculó a varios miembros de La Cámpora con las maniobras de espionaje.
El fiscal Vismara y las autoridades judiciales continúan con la investigación, mientras que la Corte Suprema de Justicia se mantiene en alerta ante la creciente amenaza de espionaje y manipulación de datos a través de tecnologías de comunicación.
