Financiamiento universitario: la Justicia concedió la apelación del Gobierno, pero sostuvo el cumplimiento de la ley
El juez Martín Cormick concedió el recurso del Ejecutivo y elevó el caso a la Cámara de Apelaciones, pero mantuvo la medida que obliga a financiar a las universidades, recomponer salarios y actualizar becas.
El juez Martín Cormick concedió el recurso del Ejecutivo y elevó el caso a la Cámara de Apelaciones, pero mantuvo la medida que obliga a financiar a las universidades, recomponer salarios y actualizar becas.
El juez Martín Cormick concedió la apelación presentada por el Gobierno nacional contra el fallo que avaló la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Sin embargo, resolvió mantener en ejecución la medida cautelar que obliga al Poder Ejecutivo a cumplir con la normativa.
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El titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11 hizo lugar al planteo de las autoridades nacionales. Ahora, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal deberá resolver si confirma o revoca la decisión de primera instancia.
Pese a conceder la apelación, Cormick determinó que continuará “el trámite de ejecución de cumplimiento de la cautelar vigente”. La medida ordena al Gobierno nacional asignar fondos para garantizar el funcionamiento de las universidades, recomponer los salarios de docentes y no docentes y actualizar las becas estudiantiles.
Los argumentos del Gobierno en su apelación
El Ministerio de Capital Humano había cuestionado la resolución judicial al sostener que genera “agravios concretos y de significativa gravedad institucional” y compromete el equilibrio fiscal.
Entre los argumentos presentados, el Gobierno advirtió que la aplicación de la ley “proyecta efectos presupuestarios de gran magnitud y compromete el equilibrio de las cuentas públicas”. Además, objetó que la normativa no identifica una “fuente de financiamiento específica y suficiente” para afrontar los gastos que implica.
En ese sentido, las autoridades nacionales señalaron que los recursos para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario provendrían de “reasignaciones” presupuestarias. Según plantearon en el escrito, esa alternativa podría comprometer el 90,30% de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado nacional.
Por último, el Gobierno sostuvo que la Ley 24.629 debe interpretarse de manera “armónica” con las leyes 24.156 y 27.798, que establecen disposiciones vinculadas con la autorización y ejecución del gasto público.
