La justicia frente al prejuicio: identidad de género y efectividad de los derechos

El juez Aldo Alurralde reflexionó sobre un fallo que obligó a una obra social a cubrir cirugías de feminización facial a una joven de 21 años. Una reflexión sobre el rol de los magistrados y los límites de la interpretación restrictiva en salud.

Imagen ilustrativa generada con IA.

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Existe una dimensión de la función judicial que rara vez se enseña en las facultades de Derecho, pero que aparece con toda su intensidad al momento de dictar sentencia: la obligación de distinguir entre lo que uno cree u opina y lo que el Derecho exige y si bien esa diferencia, que parece sencilla en el plano teórico, suele convertirse en uno de los desafíos más complejos del ejercicio de la magistratura.

Ello se me presentó en un caso que me tocó intervenir como magistrado federal, en donde una joven de 21 años promovió una acción de amparo contra su obra social privada con el objeto de obtener la cobertura integral de una cirugía de feminización facial y una mastoplastia de aumento, junto con los materiales, insumos quirúrgicos y gastos de internación necesarios para su realización. La pretensión se encontraba fundada en la necesidad de adecuar su cuerpo a su identidad de género autopercibida, conforme a los derechos reconocidos por la Ley 26.743 de Identidad de Género.

La obra social aceptaba algunas prestaciones, pero rechazaba diversas intervenciones destinadas a suavizar rasgos óseos y tejidos blandos asociados a características típicamente masculinas para aproximarlos a una fisonomía femenina. Entre ellas se encontraban la frontoplastia, la orbitoplastia, la rinoplastia feminizante, la bichectomía, el lifting facial, el lifting cervical y la liposucción de papada. Su argumento era que dichas prácticas tenían una finalidad meramente estética y que, por consiguiente, no integraban las prestaciones obligatorias derivadas de la legislación vigente sobre identidad de género.

Más allá de la cirugía estética: el alcance de la Ley 26.743

Al analizar el caso advertí que la cuestión no podía resolverse desde la lógica tradicional de una simple cirugía cosmética, es decir, que lo que estaba en discusión no era simplemente el acceso a determinados procedimientos médicos, sino el alcance y la efectividad de un derecho fundamental expresamente reconocido por nuestro ordenamiento jurídico: el derecho de toda persona a vivir conforme a su identidad de género.

La obra social aceptaba algunas prestaciones, pero rechazaba diversas intervenciones destinadas a suavizar rasgos óseos y tejidos blandos asociados a características típicamente masculinas para aproximarlos a una fisonomía femenina.

La obra social aceptaba algunas prestaciones, pero rechazaba diversas intervenciones destinadas a suavizar rasgos óseos y tejidos blandos asociados a características típicamente masculinas para aproximarlos a una fisonomía femenina.

La conclusión a la que arribé haciendo lugar a lo solicitado por la joven no surgía únicamente de una interpretación amplia de los derechos constitucionales involucrados, sino también del propio texto de la Ley 26.743, debido a que dicha norma representó un cambio paradigmático en el Derecho argentino al reconocer que la identidad de género constituye una manifestación de la dignidad humana y de la autonomía personal.

Su artículo 2 define la identidad de género como la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, incluyendo la vivencia personal del propio cuerpo, y reconoce que ello puede involucrar modificaciones de la apariencia o de la función corporal mediante procedimientos farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole libremente escogidos. Asimismo, el artículo 11 de la citada norma garantiza el acceso a intervenciones quirúrgicas totales o parciales y a tratamientos integrales destinados a adecuar el cuerpo a la identidad de género autopercibida, imponiendo a los efectores públicos, las obras sociales y las empresas de medicina prepaga su cobertura integral.

Desde esta perspectiva, el llamado derecho a la feminización corporal y facial no constituye un derecho nuevo creado por los tribunales, sino una consecuencia directa del derecho a la identidad de género reconocido por el legislador por lo que calificar estas intervenciones como meros procedimientos estéticos supone desconocer que, para muchas personas trans, determinados rasgos físicos pueden representar una fuente permanente de sufrimiento, exposición al estigma social y negación cotidiana de su identidad. En tales circunstancias, las prácticas destinadas a adecuar la apariencia física al género autopercibido no persiguen un ideal de belleza, sino la realización efectiva de derechos fundamentales vinculados a la identidad, la salud integral, la igualdad y el libre desarrollo de la personalidad.

Conflictos humanos frente al debate social

Existe además un aspecto que, a mi juicio, no debe perderse de vista: los jueces resolvemos conflictos humanos, no abstracciones jurídicas y, como sostuve en varias oportunidades, detrás de cada expediente hay una persona concreta, con una historia, un proyecto de vida y una expectativa legítima de que sus derechos sean respetados. En este tipo de casos, la cuestión no consiste simplemente en determinar si determinada práctica médica puede ser catalogada como estética o reconstructiva, sino que lo que verdaderamente está en juego es la posibilidad de una persona joven de desarrollar su existencia conforme a su identidad de género y de construir libremente su proyecto de vida.

Sería un error creer que el juez decide estos casos como quien evalúa una indicación médica desde la asepsia de un quirófano. Decide desde el Derecho, pero también sabiendo que es un ser humano influido por su propia formación, sus experiencias, sus convicciones y, muchas veces, por prejuicios conscientes o inconscientes que forman parte de toda condición humana y, precisamente por ello, la tarea judicial exige un esfuerzo permanente de autocontención, ya que la obligación del magistrado no consiste en proyectar sobre el caso sus opiniones acerca de la identidad de género, la sexualidad o los modelos de vida que considera correctos, sino en identificar qué es lo que dispone el ordenamiento jurídico y garantizar su cumplimiento.

En aquel expediente era evidente que el tema trascendía el plano estrictamente jurídico y se encontraba atravesado por debates sociales intensos ya que en algunos sectores de la sociedad persisten prejuicios, resistencias y visiones tradicionales sobre la identidad de género que pueden influir en la percepción pública del caso e incluso generar presiones acerca de cómo deben resolverse cuestiones de este tipo.

Sin embargo, la función judicial no consiste en reflejar el estado de opinión de una determinada época ni en satisfacer demandas provenientes del debate social, sino en aplicar la Constitución y las leyes vigentes, aun cuando la solución jurídica pueda resultar impopular o contrariar creencias arraigadas y por ello, la pregunta relevante no era qué pensaban distintos sectores conservadores de la sociedad sobre las intervenciones solicitadas, sino si una persona protegida por la Ley 26.743 tenía derecho a acceder a las prácticas médicas necesarias para adecuar su apariencia física a su identidad de género autopercibida y la respuesta que brindaba el sistema jurídico argentino era clara.

Tampoco podía perderse de vista la edad de quien lo solicitaba ya que, con apenas veintiún años, se encontraba transitando una etapa decisiva en la construcción de su identidad personal, social y profesional por lo que negarle el acceso a las intervenciones indicadas implicaba algo más que rechazar una prestación médica: significaba dificultar el ejercicio pleno de su derecho a presentarse ante los demás conforme al género con el que se autopercibía y desarrollar su vida cotidiana en condiciones de igualdad y dignidad.

Por esa razón entendí que el caso no podía analizarse desde la categoría reduccionista de una simple cirugía con fines estéticos, ya que una cirugía estética tradicional procura modificar aspectos físicos para alcanzar un determinado ideal de belleza, mientras que las intervenciones de feminización facial persiguen una finalidad sustancialmente distinta: buscan armonizar la apariencia corporal con la identidad de género de la persona. En otras palabras, no se trata de aproximarse a un canon estético determinado, sino de remover una fuente de sufrimiento, invisibilización y discordancia identitaria que afecta directamente la salud integral, el bienestar psicológico y el libre desarrollo de la personalidad.

El fallo contra la obra social y los criterios económicos

En definitiva, lo que debía decidir era si una persona tenía derecho a vivir de acuerdo con la identidad que la Constitución, los tratados de derechos humanos y la Ley 26.743 reconocen como propia, por lo que el conflicto dejaba de ser una discusión sobre estética para convertirse en una cuestión de derechos fundamentales.

En tal sentido y conforme con las particulares circunstancias del caso, las intervenciones solicitadas formaban parte del proceso de adecuación corporal vinculado a la identidad de género de la actora y la protección reconocida por la Ley 26.743 debía interpretarse de manera compatible con los principios constitucionales de dignidad humana, igualdad, no discriminación, salud integral y libre desarrollo de la personalidad por lo que hice lugar a la demanda y ordené a la obra social demandada la cobertura integral de todas las prácticas reclamadas, junto con los materiales, insumos y gastos de internación necesarios para su realización y dicho decisorio no fue recurrido por la obra social.

No era un dato menor que la controversia se planteara frente a una obra social privada que procuraba excluir prestaciones expresamente vinculadas al derecho a la identidad de género bajo el argumento de que perseguían una finalidad meramente estética ya que detrás de esa calificación subyacía una interpretación restrictiva de sus obligaciones de cobertura que, en los hechos, privilegiaba criterios económicos por sobre la tutela integral de la salud y de los derechos reconocidos por la legislación vigente y justamente por ello resultaba necesario recordar que las restricciones presupuestarias o los intereses patrimoniales de un prestador de salud no pueden condicionar el alcance de derechos que el legislador ha decidido proteger de manera expresa.

Activismo judicial legítimo vs. convicciones personales

Considero que ese caso constituye un claro ejemplo de activismo judicial legítimo ya que la decisión implicó una intervención judicial intensa, pero orientada exclusivamente a garantizar la efectividad de derechos previamente reconocidos por la Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos y la legislación vigente. No se creó un derecho nuevo ni se sustituyó la voluntad del legislador, sino que, por el contrario, se procuró asegurar la plena vigencia de un derecho que el propio ordenamiento jurídico ya había reconocido.

Cabe formular, sin embargo, una objeción atendible y es que, si la Ley 26.743 reconocía expresamente el derecho de acceso a las intervenciones destinadas a adecuar el cuerpo a la identidad de género autopercibida, podría preguntarse dónde residió exactamente el activismo judicial. En otras palabras, si la solución se encontraba ya prevista por el legislador, ¿no se trató simplemente de aplicar la ley?

En el caso analizado, la controversia no giraba en torno a la existencia abstracta del derecho a la identidad de género, ya que ese derecho ya había sido reconocido expresamente por el legislador, sino que el problema consistía en determinar si dicho reconocimiento tendría una eficacia concreta o permanecería reducido a una declaración formal susceptible de ser vaciada de contenido mediante interpretaciones restrictivas de los obligados a cumplirla. La obra social sostenía precisamente una interpretación de ese tipo al intentar excluir determinadas prácticas bajo la categoría de intervenciones meramente estéticas.

La actividad jurisdiccional resultó necesaria porque el texto legal, aunque reconocía el derecho, requería ser interpretado y aplicado frente a una resistencia concreta, es decir, el conflicto no surgió de una ausencia normativa sino de un incumplimiento y en ese contexto, la intervención judicial implicó garantizar la efectividad de un derecho previamente reconocido y evitar que una interpretación limitada de las obligaciones de cobertura terminara frustrando la finalidad perseguida por la ley.

El activismo no radicó entonces en la creación del derecho, sino en la decisión de otorgarle plena eficacia frente a una conducta que pretendía restringirlo mediante una interpretación incompatible con la finalidad de la Ley 26.743.

La verdadera prueba del Estado de Derecho

Precisamente allí reside la diferencia entre el activismo judicial legítimo y el activismo ideológico ya que distinta habría sido la situación si mi decisión hubiera estado guiada por mis preferencias personales, mis convicciones morales, mis creencias religiosas, prejuicios o cualquier otra cuestión subjetiva ya que en tal supuesto habría dejado de actuar como intérprete del Derecho para convertirme en intérprete de mí mismo.

Con frecuencia se afirma que la independencia judicial consiste en resistir las presiones externas y sin duda ello es cierto, pero existe una exigencia adicional, más silenciosa y muchas veces más difícil: resistir las presiones internas, es decir, resistir la tentación de convertir las propias convicciones en fuente de Derecho y la idea de que la justicia de una decisión depende de lo que uno piensa u opina y no de lo que el ordenamiento jurídico dispone siendo que las convicciones personales pueden orientar nuestra vida, pero no gobernar nuestras sentencias.

La función jurisdiccional alcanza su máxima legitimidad cuando el juez comprende que no está llamado a imponer sus convicciones personales ni a reflejar las preferencias de una mayoría circunstancial, sino a garantizar los derechos que la Constitución reconoce y en aquel caso, la respuesta jurídica era clara y las convicciones personales debían ceder ante ella. La intervención judicial fue necesaria no para crear nuevos derechos, sino para hacer efectivos derechos ya existentes debido a que cuando la Constitución manda, las convicciones personales deben callar y esa es, a mi juicio, la esencia del activismo judicial legítimo.

La verdadera prueba de un Estado de Derecho no se presenta cuando la ley protege aquello que todos aceptan, sino cuando ampara a quienes aún encuentran resistencia, incomprensión o prejuicios en una parte de la sociedad y es precisamente en esos momentos cuando la independencia judicial adquiere su sentido más profundo ya que cuando los derechos fundamentales entran en tensión con las creencias dominantes, los jueces no están llamados a seguir el clima de opinión de su tiempo, sino a cumplir la Constitución y en definitiva la fortaleza de una democracia constitucional no se mide por la protección que brinda a quienes cuentan con el respaldo de la mayoría, sino por su capacidad de garantizar los derechos de quienes no lo tienen porque las mayorías podrán decidir quién gobierna, pero no quién tiene derechos.

*El autor es abogado, docente y actualmente se desempeña como juez federal en Reconquista. En diciembre asumirá como ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.

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