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Estudiantes convocan a una tercera Marcha Universitaria Nacional en noviembre

La Asamblea Interfacultades votó a favor de realizar una nueva Marcha Federal Universitaria en rechazo al desfinanciamiento educativo.

En medio de las crecientes tensiones por el desfinanciamiento de las universidades públicas, la Asamblea Interfacultades, compuesta por estudiantes y agrupaciones de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Universidad Nacional de las Artes (UNA), aprobada la realización de una tercera Marcha Federal Universitaria el próximo 12 de noviembre. La propuesta será sometida a votación en otras universidades del país en los próximos días.

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Los estudiantes también anunciaron un corte de calles para el 1° de noviembre en el Obelisco, acompañados de una movilización hacia la Plaza de Mayo y la sede de la Confederación General del Trabajo (CGT). El objetivo de esta acción será presionar a la CGT para que convoque a un paro nacional coincidiendo con la Marcha Universitaria.

Además, se confirmó una reunión el 5 de noviembre en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, donde participarán centros de estudiantes, gremios docentes y no docentes de todo el país para coordinar los detalles de la movilización.

Como parte de las medidas de protesta, entre el 28 y el 30 de octubre habrá tomas de facultades en todo el país, donde los alumnos realizarán clases públicas hasta el fin del cuatrimestre, visibilizando su rechazo al recorte presupuestario.

El conflicto también se profundiza por la intención del Ejecutivo de avanzar con auditorías de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) en las universidades públicas. Desde la UBA, advirtieron que el plan del gobierno es un intento de “intervenir en las universidades” para “controlar lo que se enseña y aprende” vulnerando la autonomía educativa.

En respuesta, la UBA anunció que convocará a profesionales independientes para que realicen una auditoría especial sobre su sistema de control interno, con el objetivo de garantizar la transparencia y el acceso público a los datos, al tiempo que defiende el principio de libertad de cátedra que ha caracterizado a las universidades públicas argentinas.