¿Un hombre condenado a 62 años de prisión como Ariel "Viejo" Cantero, que no terminó la escuela primaria, puede ser el articulador de la mayoría de las tramas delictivas más graves en Santa Fe? La causa en la que se mezcla el juego ilegal, con un empresario arrepentido como Leonardo Peiti, fiscales acusados de corrupción y una pata policial que cobra sobornos mensuales, más la banda de los Monos detrás de todo, hace pensar que la situación es más profunda y compleja.
El dinero ilegal del narcotráfico corrompe distintos estratos del Estado.
Los que son visibles, muchas veces por la torpeza con la que actúan, son los jóvenes nacidos y criados con autos lujosos y una pistola 9 milímetros en la cintura, que son consagrados como el molde del triunfador que tiene el poder fragmentado y momentáneo, pero que en su territorio es el que manda frente al “gil”, aquel que se rompe la espalda, por ejemplo, en una obra de construcción.
Ese protagonista manda de manera efímera y en permanente desenfreno, porque su vida es corta. La carrera se termina de manera abrupta en la cárcel o con la muerte, sin que existan esperanzas de alcanzar la posibilidad de un retiro próspero en ese rubro delictivo.
La historia de Jorgelina Selerpe en Rosario es un caso testigo. Junto a su ex novio Alan Funes, ambos procesados por asociación ilícita y tráfico de drogas, se ajustan a ese perfil. Chipi, como la llaman, es la tercera generación Selerpe en el narcotráfico. Su abuelo Froilán y su padre Jorge, fueron pioneros en la instalación de las primeras cocinas de cocaína en Rosario. Allí trabajaba su tío Domingo y también Rosa, la madre de esta joven que se crió entre olores fuertes, que emanaban los bidones de ácidos clorhídrico y sulfúrico, éter y acetona, los precursores químicos que usaban en esa casa para transformar en cocaína la pasta base que les llegaba de Bolivia.
Esta nueva generación de delincuentes muy jóvenes y violentos tiene otra matriz que sus antecesores. No vivieron en la pobreza, ni la marginación. La herencia generacional es seguir siendo el más malo del barrio. Y sobre todo mostrarlo.
El Estado es débil para competir con ese submundo precario pero cada vez es más robusto que salió de las sombras de la clandestinidad y se metió en las grietas de una sociedad que recompensa con fascinación a esos personajes. La política entra de prestado y a veces con consenso en esos territorios dominados por el narcotráfico. El rol del antiguo puntero mutó en el narco que es hoy quien habilita el ingreso pacífico al barrio, teje acuerdos de convivencia con la policía y controla parte del tejido social.
La investigadora mexicana Lilian Paola señala en “Las fronteras de la narcocultura” que “el narco” no es sólo una imagen identificada por el conjunto social, sino que pasó a ser una categoría social objetiva. Esta relación aparece en un escenario de alto nivel de impunidad e ilegalidad, que se configura en un orden paralelo al poder legitimado donde los actores que juegan un mismo papel, tanto en el lado legal como en el ilegal.
La relación entre el narcotraficante y puntero Daniel Celis con el ex intendente de Paraná Sergio Varisco muestran cómo esa relación detectada por la justicia federal, que terminó con la condena al dirigente radical a seis años y seis meses de prisión, envuelve ese vínculo por fuera del esquema de un negocio criminal que alcanza otros horizontes como el despliegue territorial de la política. El peligro radica en que este esquema ambos se necesitan.
El Estado llega con dinero a través de planes sociales, pero no tiene capital propio ni decisión para enfrentar un problema del narcotráfico que trasciende una cuestión de seguridad pública. Asoma la mirada desde el Estado que rompe ese esquema puede generar hoy más tensiones que soluciones, sobre todo en los conurbanos más populosos, como el de Buenos Aires, Rosario y Córdoba.
Las falencias del Estado quedan al descubierto y se hacen más visibles cuando la impunidad refrenda esa impotencia.
Matías Dewey, sociólogo y doctor en Ciencia Política por la Universidad de Rostock, Alemania, señala que no hay emprendimiento criminal que no tenga al menos algún grado de regulación del Estado.
“La venta de protección es un mecanismo que permite la intervención gubernamental en sectores donde la autoridad formal del Estado se encuentra neutralizada”, advierte en El orden clandestino: política, fuerzas de seguridad y mercados ilegales.
"Cuando se mandan una cagada, venden falopa, yo los tengo que cubrir. No los rajé todavía, cuando me están vendiendo falopa con las ambulancias", la frase que lanzó el intendente de José C. Paz Mario Ishii deja al descubierto cómo funciona esa relación, incluso en la manera increíble de aclarar a qué llama “falopa”.
Los peligrosos mecanismos de asociación y connivencia delictual son una constante, tal como se confirmó recientemente al desbaratarse la banda integrada por policías de Drogas Ilícitas de San Isidro, abogados y funcionarios judiciales, entre ellos el fiscal de Investigaciones Criminales Claudio Scapolán, quien reveló cómo funcionaba esta asociación ilícita.
Se concretó también la detención de los fiscales Ponce Asahad y Serjal, acusados de recibir coimas por anticipar y desviar pesquisas judiciales en beneficio de un complejo entramado que incluye a empresarios del juego y a miembros de la banda Los Monos.
El ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Saín, aseguró que en la provincia hubo “un pacto entre sectores del Estado y el mundo criminal” durante el último gobierno socialista y que esa relación se dio “por hacer la vista gorda o por una participación directa”. El funcionario puso énfasis en que “desde la política se facilitaba el accionar del crimen complejo”.
Lanzó duras acusaciones contra la gestión socialista. Dirigentes de ese sector político salieron a contestarle y señalaron que no hay evidencias judiciales.
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