El escándalo salió a la luz en julio de 2024, cuando el padre de una de las víctimas realizó la denuncia. La investigación reveló que el joven, menor de edad al momento de los hechos, utilizó técnicas como "face swapping" para superponer las caras de chicas de entre 15 y 16 años sobre cuerpos de mujeres desnudas, extraídos de páginas pornográficas.
El contenido fue subido a internet con descripciones cosificantes generadas por IA y vínculos directos a las redes sociales de las víctimas, lo que permitió que fueran contactadas por desconocidos en distintas plataformas.
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Según el fiscal del caso, Pablo Cuenca Tagle, las jóvenes sufrieron graves consecuencias psicológicas, entre ellas “baja en el rendimiento escolar, cambios en su rutina, vergüenza, desgano y temor”.
“Tenemos pruebas abundantes para un fallo condenatorio”, sostuvo el fiscal.
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Por su parte, el abogado José Dantona, representante de tres de las víctimas, advirtió en diálogo con radio Cadena 3 que muchas imágenes “persisten en internet asociadas a sus nombres, lo que genera un daño permanente”. También señaló un vacío legal: “El ‘face swapping’ no está tipificado en el Código Penal, por lo que tuvimos que buscar un atajo legal para avanzar con la causa”.
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“El Congreso podría regular este tipo de delitos en una semana con diez renglones. Pero hoy ni la legislación ni las instituciones están preparadas para afrontar las consecuencias adversas de la IA”, concluyó.
El acusado, en caso de ser hallado culpable, podría enfrentar entre 20 y 30 años de prisión.
