En diálogo con Una Tarde a la Vez de AIRE, José Romero Silva, referente del monitor de libertad de expresión de FOPEA, se refirió a la gravedad de la medida: “Estamos ante una censura previa. Está el Ministerio Público Fiscal, que es el jefe de los fiscales de la provincia de Tucumán, que inició una denuncia y un juez subrogante decidió poner un bozal legal a una empresa que transmite muchos canales de televisión”.
“No lo hizo contra un medio en particular, sino con una red de emisoras de canales. La empresa se llama CCC de Tucumán, que además de sus canales propios, tiene todo el resto de los canales del país”, señaló.
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Según Romero Silva, la resolución “dice que no se puede criticar a la Justicia de Tucumán, ni a sus jueces, ni a sus fiscales”, lo que fue calificado como un caso inédito.
El referente de FOPEA explicó que esta decisión se da en el contexto de un conflicto entre el Ministerio Público Fiscal y un diputado nacional, referente de la Asociación Bancaria de Tucumán, vinculado al medio Enterate y al programa El Avispero: “Vienen apuntando muy fuerte algunos asuntos judiciales en Tucumán, como el caso de una chica que se suicidó y había recurrido en varios momentos a la justicia".
“El gobernador (Osvaldo Jaldo) dijo que a las medidas judiciales hay que cumplirlas. Deliberadamente dio a entender que estaba de acuerdo”, criticó Romero Silva.
Apelación pendiente y posibles acciones institucionales
La medida todavía puede ser revisada. Según Romero Silva: “Acá queda una instancia de que la Corte Suprema de Justicia de la provincia diga que esa cautelar quede sin efecto”.
Además, mencionó que desde la Legislatura podría iniciarse un juicio político al Ministerio Público Fiscal, ya sea por esta denuncia o por otras situaciones previas.
