Según la acusación liderada por el fiscal Andrés Azar, las profesionales habrían incurrido en omisiones críticas e intervenciones inadecuadas. El relato fiscal sostiene que se dispuso la inducción del parto sin una causa obstétrica que lo justificara y que, durante el proceso, se descuidaron protocolos fundamentales de seguridad, lo que derivó en un cuadro de sufrimiento fetal agudo y una posterior falla multiorgánica de la pequeña.
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Tragedia en Neuquén: una cadena de omisiones y falta de registros
La fiscalía detalló las responsabilidades individuales en este trágico desenlace. A la ginecóloga a cargo, identificada como A.P., se le adjudica haber omitido el monitoreo fetal durante un lapso crítico de tres horas, además de confeccionar el parte quirúrgico con demora. Por su parte, la obstetra N.M. habría administrado oxitocina sin el monitoreo simultáneo correspondiente, incumpliendo las normas de seguridad vigentes.
El informe también complica a la pediatra y a otra licenciada en obstetricia. La primera es cuestionada por no realizar maniobras de reanimación avanzada pese a que la beba nació con signos de depresión grave, mientras que la segunda habría fallado en la vigilancia de los signos vitales maternos y fetales. En todos los casos, la fiscalía remarcó la ausencia de registros en la historia clínica, una irregularidad que dificulta la trazabilidad de lo ocurrido.
La causa se encuentra caratulada como homicidio culposo en carácter de coautoras. El dolor de la familia se transforma ahora en un proceso judicial que busca determinar si, como sostiene la acusación, la desidia profesional le arrebató la vida a una beba que estaba lista para nacer sana.
