Tras más de 11 horas de discusiones, incertidumbre y tensión, los trabajadores tomaron el hall del Instituto Cardiológico Sagrada Familia. Los incidentes comenzaron este viernes a media mañana cuando la seguridad del lugar intentó desalojar el sanatorio sin previo aviso. A las 16.30 finalizó la audiencia en el Ministerio de Trabajo en la que decidieron que el efector continúe funcionando -a pesar de que no quedan pacientes- hasta el lunes a las 11 cuando se desarrolle otra reunión entre el propietario y los representantes de los trabajadores. Pero un nuevo conflicto se desató luego de las 16.30 cuando agentes policiales se acercaron al sanatorio ubicado en calle Rivadavia 3129 para sacar a los empleados que permanecían en el interior.
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Las autoridades permitieron la permanencia de los trabajadores en el lugar hasta que el conflicto se resuelva y habilitaron el libre acceso al edificio.
Por la tarde, dos patrulleros y dos agentes motorizados arribaron al lugar para cerrar las puertas e impedir el ingreso de los representantes del gremio que llegaban con las novedades de la reunión. Sin embargo, en el interior del lugar había alrededor de 30 trabajadores que se negaban a salir para que no vuelvan a cerrar el Instituto Cardiológico.
Finalmente, cerca de las 19.30 arribó al lugar personal de la subcomisaría y de la fiscalía. Las autoridades permitieron la permanencia de los trabajadores en el lugar hasta que el conflicto se resuelva y habilitaron el libre acceso al edificio. Si bien los trabajadores podrán utilizar las instalaciones del sanatorio, la toma se concentrará en el hall y se espera que dure todo el fin de semana. Contarán con la custodia policial durante los dos días.
La prohibición de ingreso
Durante las primeras horas de la tarde, justo al finalizar la audiencia, el personal policial intervino en la entrada del edificio del sanatorio y prohibió el ingreso de los trabajadores al lugar. De esta manera, aquellos que estaban adentro no salieron durante tres horas porque no podían volver a entrar. María Angélica López, subsecretaria adjunta de Atsa (Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina), dialogó con Aire de Santa Fe: "queremos comunicarles a los compañeros la decisión que se tomó en la audiencia de programar una nueva reunión para el lunes, pero los agentes policiales no nos dejan entrar", contó y agregó que "la policía tiene la llave de la puerta del sanatorio y adentro los compañeros están sin agua y aire acondicionado".
"Nos vamos a quedar acá hasta que podamos entrar", indicó López y denunció las condiciones en las que se encuentran los trabajadores en el interior del sanatorio: "los policías nos abren apenas la puerta para que les pasemos agua a nuestros compañeros y no dejaron ni siquiera entrar al personal del Ministerio de Trabajo que vino a informar de la nueva audiencia".
La subsecretaria de Atsa remarcó que los trabajadores no fueron notificados de la decisión con anterioridad y esta mañana se enteraron de forma verbal de los despidos.
Neli Peralta, secretaria de relaciones Políticas e institucionales de ATSA, contó que cerca de las 19 llegó al sanatorio personal de la subcomisaría y representantes de la fiscalía. "Vinieron porque alguien denunció que había disturbios, pero en realidad los trabajadores lo único que hacen es reclamar por su derecho". Además, aclaró que la medida de fuerza es el único recurso que encontraron para conservar su trabajo.
Empleados de un laboratorio tercerizado que funciona en las instalaciones también se acercaron al lugar, preocupados por los equipos que quedaron en el interior del efector.
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Cómo se desató el conflicto
Esta mañana los empleados de la Guardia fueron notificados del cierre mientras prestaban servicio y el personal policial los desalojó. El grupo de empleados se concentró en las puertas del sanatorio privado que permaneció con las puertas cerradas hasta que una de las trabajadoras forcejeó con el personal de seguridad y logró ingresar al hall a la fuerza para exigir explicaciones.
Pasadas las 9, el último paciente que se encontraba internado fue trasladado a otro efector debido al desalojo de las instalaciones.
López aseguró que "es una situación sumamente preocupante cerrar un efector de salud importante en la ciudad y dejar trabajadores en la calle de esta manera". Es que, según sostienen los empleados, no hubo comunicación previa de la empresa. "Hasta ayer (jueves) la administración y el Dr. Di Giovanni (dueño del sanatorio) decían que no iba a cerrar, que eran sólo rumores y no había ningún problema económico grave", dijo López.
Sin embargo, desde el Ministerio de Trabajo admitieron que "es una empresa que ha tenido problemas económicos", pero "de ninguna manera" se justifica el modo. "No se puede cerrar de un momento a otro y que los trabajadores se enteren cuando van a trabajar", dijo el Dr. Juan Pusineri desde la Secretaría de Trabajo.
La audiencia
Desde las 14, se llevó adelante una audiencia en el Ministerio de Trabajo entre los propietarios del efector y representantes de los 52 trabajadores profesionales y administrativos. En la reunión se decidió postergar la decisión hasta el lunes a las 11, cuando se desarrollará una nueva audiencia.
"No nos dicen nada, no nos llegan telegramas y con el propietario es imposible comunicarse", señaló López.
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