De todas las dudas todavía pendientes de respuesta, hay una certeza: Cristina Kirchner será la mandamás del Congreso. Controlará los principales resortes de poder parlamentarios: como vicepresidenta controlará el Senado mientras que en la Cámara de Diputados su hijo Máximo liderará el futuro bloque oficialista tras el paso al costado que, bajo presión, debió dar el actual jefe de la bancada, Agustín Rossi. La avanzada kirchnerista se completa con la designación del formoseño José Mayans -un hombre del gobernador Gildo Insfrán, cercano a Cristina- al frente del bloque de senadores del Frente de Todos; para ello la expresidenta se encargó de desplazar de ese cargo al cordobés Carlos Caserio, crítico del kirchnerismo.
Como corolario de estos movimientos, Cristina eligió como presidenta provisional del cuerpo (segundo escalón en la línea sucesoria presidencial) a Claudia Ledesma Abdala, esposa del gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora. La elección recayó en la senadora electa por su condición de mujer, exgobernadora y porque Santiago del Estero es la provincia en la que el Frente de Todos obtuvo la mayor diferencia en las elecciones del 27 de octubre. Además, tanto Zamora como su mujer son aliados incondicionales de la expresidenta.
En el nuevo mapa de poder, queda claro que la alianza principal la conforman Alberto Fernández y Cristina Kirchner; los gobernadores peronistas distantes del kirchnerismo (por caso el santafecino Omar Perotti, el pampeano Sergio Zilliotto y el entrerriano Gustavo Bordet), que en algún momento se ilusionaron con tallar fuerte en el nuevo gobierno "albertista", por ahora quedan rezagados.
Un lugar clave
El Congreso será un epicentro político clave a partir del 10 de diciembre. El futuro presidente tiene previsto mantenerlo activo buena parte del verano para avanzar en aquellas normas que, a su juicio, serán indispensables para poner en marcha su administración. El informe sobre el estado de la Nación, que presentará en los próximos días, será la justificación perfecta para impulsar una de sus iniciativas más polémicas, la ley de emergencia económica. Esta norma, que se aprobó en 2002 en plena crisis económica y social del país y rigió hasta la llegada de Macri al gobierno en 2015, supo delegar en el Poder Ejecutivo facultades extraordinarias en materia cambiaria, fiscal y tarifaria. La oposición ya anticipó su rechazo.
Otras leyes prioritarias para el gobierno de Alberto Fernández serán el presupuesto 2020, que vendría totalmente remozado respecto del proyecto que presentó Macri en setiembre pasado. También se vendrá una nueva la ley de reperfilamiento de la deuda externa, clave para encarrilar las negociaciones con los bonistas externos y el Fondo Monetario Internacional (FMI). El paquete también incluirá la creación por ley del Consejo Económico y Social, un ámbito en el que empresarios, sindicalistas y sectores sociales serán convocados para frenar la inercia inflacionaria mediante un pacto de precios y salarios en un plazo que, a priori, sería de seis meses.
El gobierno de Macri prepara, por su parte, su propio balance de gestión para contrarrestar el informe apocalíptico sobre la herencia recibida con que Fernández pretende inaugurar su mandato. El futuro presidente sabe que no tiene demasiado tiempo y que la "luna de miel" que goza todo mandatario electo será breve. Por ello apurará los tiempos del Congreso para aprobar las leyes prioritarias, aún las más conflictivas.
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