El colectivo LGTB+, acompañado por otros movimientos sociales, se movilizó para pedir justicia por transfemicidio de Alejandra Ironici.
Transfemicidio. Es la calificación que las fiscales Alejandra del Río Ayala y Carla Cerliani pidieron en la audiencia imputativa de Héctor Barrero, acusado de matar de 46 puñaladas y luego quemar el cuerpo de la activista trans Alejandra Ironici, referente de las luchas transfeministas de Santa Fe.
¿Por qué es necesario sostener esta figura legal? “Es algo que todo el mundo en estos días está preguntando, por qué se habla de odio, se trae mucho a colación que eran pareja, como si eso excluyera de por sí el odio”, señala Del Río Ayala, cuya propuesta fue acompañada por la querella de la Colectiva de Abogadas Translesbofeministas y del Instituto de Políticas Públicas LGTB+. El Ministerio de Igualdad y Género anunció que también la Provincia será querellante en la causa.
“Todo esto es muy importante para ir a las bases de estos movimientos, a estas reivindicaciones, a estas luchas. Si tengo que dar una respuesta rápida de por qué a una persona como Alejandra le hacen esto, siendo una mujer trans, una referente, digo que un varón le hace esto porque puede. Si hubiera tenido que matar a un hombre no le hubiera dado 46 puñaladas, y no se las hubiera dado en el cuello y en la cabeza. Ahí está gran parte de las respuestas que buscamos”, argumenta. Más tarde dirá que nunca vio esa cantidad de puñaladas, en su largo trabajo como fiscal de la Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual.
En la Argentina, según el último informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGTB+, hubo 120 crímenes de odio en 2021, de los cuales el 80 por ciento tuvieron como víctimas a mujeres trans (travestis, transexuales, transgénero). Si se trata de asesinatos, en 2021 hubo 17 perpetrados hacia la diversidad sexual, de los cuales 11 fueron dirigidos a mujeres trans.
Va mucho más allá de los números. El nombre de Vanesa Zabala retumba en la memoria. Fue asesinada el 29 de marzo de 2013, en la ciudad de Reconquista, con saña. Sin embargo, en primera instancia, la condena a los responsables no se calificó como travesticidio.
Desde entonces, la activista Pamela Rocchi cuenta -artesanalmente-, muchos trans/travesticidios en la provincia: *Fernanda Coty Olmos, Santa Fe, 2015. *Chiche Castañeda. Santa Fe, 2016. *Mónica “Chiviro” Ortiz, Rosario, 2016. *Pamela Tabárez, Pérez, 2017. *Cuqui Boneto, Rincón, 2018. * Sol Gómez, Recreo, 2018. *Natalia Maldonado, Granadero Baigorria, 2021. *Sofía Benítez, Rosario, 2021. *Aldanna Lorenz, Santa Fe, atacada a fin de 2021, murió a principios de 2022.
“Hace tiempo que las y los activistas trans venimos reclamando y exigiendo a la Justicia que nuestros asesinatos sean juzgados como transfemicidios. Esto visibiliza el contexto de odio, la saña en la que se dan estos crímenes hacia nuestra comunidad. Además, como siempre decimos, lo que no se visibiliza no existe. Cómo colectivo, queremos ser nombradxs. También queremos que la compañera Alejandra sea la última y sea un Nunca Más”, enfatiza Pamela, activista y militante trans de la provincia.
La Colectiva de Abogadas Translesbofeministas se presentó como querellante a través de Marcela Mancini, Vanesa Vargas y Sofía Basso. “La investigación está bien encarada, a diferencia de lo que ha sucedido en otras investigaciones, como el travesticidio de Vanesa Zabala. La fiscal incorporó muchísima prueba”, plantea Mancini, quien subrayó que el Colectivo -que lidera Daiana Araya- aportará sobre todo elementos técnicos para que “haya una investigación y una condena como se debe”.
“Nuestra visión y nuestra militancia desde el transfeminismo y en la abogacía va mucho más allá de lo punitivo”, plantea Mancini, quien también es secretaria de Género y Derechos Humanos de la Faculta de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. “La condena es importante y necesaria, pero justamente nuestra intención de incorporarnos a este proceso va más allá, es traerle a este proceso la importancia de la reparación para todas las que siguen vivas y para que no vuelva a suceder”, asegura.
La figura del transfemicidio nombra las violencias estructurales que sufre un colectivo marginado, cuyxs integrantes tienen una expectativa de vida que oscila entre 35 y 40 años. El antecedente jurídico ineludible es la sentencia del Tribunal Oral en lo criminal número 4 de la Ciudad de Buenos Aires que, en 2018, condenó a Gabriel Marino por el travesticidio de Diana Sacayán, referente del colectivo y autora de la ley de cupo laboral trans de la provincia de Buenos Aires. Más tarde, la Cámara de Casación Penal mantuvo la pena de prisión perpetua pero no la calificación, al considerar que el asesino nunca había manifestado el odio de género de manera explícita. Luli Sánchez, que representa a Say Sacayán, hermano de Diana, presentó un recurso extraordinario a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para que se tengan en cuenta las violencias estructurales que conlleva una vida travesti trans, como son la exclusión educativa, de los servicios de salud y laboral.
Con una larga experiencia en la representación judicial de personas travestis trans, Sánchez enfatiza que “acá no se trata de plantear si las travestis son mujeres o no, sino de discutir que las personas trans sufren una violencia específica por ser personas trans, que se suman a las que sufren por ser mujeres y hay una obligación del Estado de proteger a las personas trans contra la violencia y los prejuicios por ser trans y también a las mujeres de la violencia. El Código Penal establece esta doble protección que también se reconoce a nivel internacional”. Por eso, no se trata de transfemicidio o femicidio, sino de las dos figuras sumadas.
Hay un antecedente reciente, de la Cámara de Casación, firmada por Gustavo Bruzzone, José Luis Rimondi y Alberto Huarte Petite, donde confirma una sentencia de primera instancia de marzo de 2021, por tentativa de transfemicidio y femicidio. La víctima, Celeste, sobrevivió y pudo dar testimonio.
Con Alejandra Ironici -como ocurrió con Diana- se suma que fueron activistas señeras. Say Sacayán, que conocía a Alejandra -quien fue parte de la organización Miser de La Matanza, antes de volver a vivir en Santa Fe- también es enfático: “Cuando más logramos derechos, cuanto más nos visibilizamos, cuanto más aparecemos en escena, el odio del otro se incrementa. Porque cuando ya no tiene más argumentos con la palabra, te quiere lastimar, te quiere matar, golpearte, todo esto que ha estado habilitado históricamente. El mensaje es que no vamos a llegar a esto, no vamos a vivir libres. Eso es importante: cuando las personas son referentes, son militantes y además construyen derechos, al matarlas también quieren destruir el trabajo que están haciendo”.
