El fiscal Carlos Covani tiene a su cargo la investigación, que adquiere especial relevancia tras la destitución de Rodolfo Mingarini en Santa Fe por sus fallos machistas. El Tribunal de Enjuiciamiento –que integra toda la Corte Suprema de Justicia de la provincia– fue contundente al señalar la obligación de aplicar los tratados internacionales de rango constitucional, como la Convención Internacional de los Derechos del Niño, donde se prohíben los tratos crueles, inhumanos y degradantes contra niñas, niños y adolescentes. Justamente, así calificaron los denunciantes lo vivido por Solcito en el despacho de la jueza García.
“Cuando iba con él, tenía la chichi roja y me dolía”, le relató la nena a la jueza. Cuando Solcito tenía 3 años pudo contar lo sufrido. Su papá era maltratador en varios sentidos. Además del abuso sexual, a los dos años la dejó sola encerrada en un auto. En un video de esa época, la nena llora con desesperación cuando el padre la va a buscar para cumplir con la visita.
Cuando Solcito le relató la violencia sufrida, la jueza García debió reabrir la investigación de hecho, porque así lo exigen el Código Penal y –como si fuera poco– la Ley de Infancia. La denuncia presentada por Rozanski y Calvi podría ampliarse a incumplimiento de deberes. Por el contrario, le dijo que debía perdonar, que su papá podía estar arrepentido y algo más: “Cuando pasan estas cosas tengo que intentar que se perdone, salvo que yo me dé cuenta de que es malo, muy malo. Pero tenemos que hacer el intento”, insistió.
Cuando Solcito tenía 3 años develó graves abusos sexuales. La madre advirtió lesiones en su vulva cuando regresaba de la casa de su padre y efectuó las denuncias correspondientes. El hombre estuvo imputado penalmente por abuso sexual gravemente ultrajante durante dos años. Además, se dictó una restricción de acercamiento y hostilidad respecto de Solcito y su madre, medida que continúa vigente al día de hoy.
La designada “Abogada del niño”, Silvina D’Agostino, se opuso a que se efectuara una segunda entrevista de la nena en Cámara Gessel, en el nombre de la Convención sobre los Derechos del Niño, alegando que quería “evitar su revictimización”. Ante ello, la causa se frenó. Aunque la Fiscalía le creía a Solcito, la causa fue archivada “para no dañarla” según los argumentos desarrollados por la abogada que debía representarla.
Justamente, el procedimiento de la Cámara Gesell es obligatorio porque no revictimiza. Y la ley prohíbe expresamente que niñas y niños declaren directamente ante un juez. En la audiencia denunciada, una nena de 6 años está sentada frente a un escritorio con tres personas adultas: una jueza, una abogada y un abogado. Al comenzar, la jueza le dice: “Yo tengo que tomar una decisión en un expediente que tiene que ver con vos, con tu papá y con tu mamá”. No se trata de un lenguaje accesible y durante los 62 minutos quedó en claro que no había interés en escucharla, sino en obtener el “sí” necesario para comenzar la revinculación. Solcito no se movió de su “no”.
“Revinculación forzada es tortura”, dice el documento que elaboraron Rozanski y Calvi, integrantes de la Asociación Civil de Altos Estudios en Violencias y Abusos Sexuales. Recibieron el aval de más de 500 firmas, entre ellas de Dora Barrancos, Diana Maffia, Liliana Hendel, Thelma Fardín, el médico psiquiatra Enrique Stola, la diputada nacional Mónica Macha, Sonia Vaccaro, de España; Isabel Cuadros, de Colombia, María Müller, de Salud Activa y Nora Schulman, de CASACIDN (Comité Argentino para el Seguimiento y la Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño).
“Por primera vez, que se tenga conocimiento, hay un registro en audio de los tormentos causados a una niña pequeña por parte del sistema judicial de la provincia de Santa Fe. Se trata de un caso testigo de revinculación forzada, de ideología del inexistente SAP (sindrome de alienacion parental) y de encubrimiento. Por todo esto, denunciamos públicamente el maltrato aberrante de una niña de seis años”, explicaron Rozanski y Calvi a AIRE.
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