El homicidio de un policía federal en el barrio porteño de Palermo a manos de un hombre con aparentes problemas mentales tuvo repercusiones en la ciudad de Santa Fe, donde vecinos de un barrio residencial denunciaron la presencia de personas en situación de calle que los tiene atemorizados por las reacciones violentas que tiene. El hecho desnuda el gris legal en este tipo de casos donde está en juego la salud mental de personas en situación de calle y, al mismo tiempo, la seguridad física de los vecinos de la zona.
Alejandro es vecino de barrio Guadalupe y este viernes, por Aire de Santa Fe, dio testimonio de las situaciones de extrema violencia que padecen los moradores de la zona ante la presencia de un joven de aproximadamente 25 años, de contextura grande, que ronda por las calles, amenazando a quienes se le cruzan en forma circunstancial. La policía, al acudir al llamado de los vecinos, admite que es un paciente psiquiátrico y no pueden aportar soluciones.
"Estamos preocupados porque no le encontramos solución", confesó el hombre, que prefirió mantener en reserva el apellido.
El caso del policía federal asesinado en Palermo
Un inspector de la Policía Federal Argentina (PFA) fue asesinado de cuatro puñaladas en el barrio porteño de Palermo por un hombre aparentemente en situación de calle que terminó muerto a balazos. Se investiga si tiene sus facultades mentales alteradas y si al momento del hecho estaba amenazando a transeúntes, informaron fuentes policiales y médicas.
La víctima fue identificada como el inspector Juan Roldán, quien prestaba servicio en el Cuerpo de la Policía Montada de la PFA y sufrió una de las puñaladas en el pecho, a la altura del corazón.
El hecho ocurrió cerca de las 16.30, en la esquina de la calle San Martín de Tours y la avenida Figueroa Alcorta, a metros del ingreso al Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba), un lugar sumamente transitado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Personal de la Policía de la Ciudad y del Servicio de Atención Médica de Emergencias (Same) se trasladó hasta el lugar tras haber sido alertados de la presencia de dos personas heridas. Al arribar, los efectivos y médicos constataron que uno era el inspector Roldán, quien presentaba cuatro heridas de arma blanca, por lo que le realizaron tareas de reanimación y lo ingresaron al Sanatorio Mater Dei, ubicado a los pocos metros, sobre San Martín de Tours.
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Locura en Guadalupe
Alejandro, oyente de Aire de Santa Fe, se comunicó con el programa Ahora Vengo que conduce Luis Mino para contar situaciones que, de tomarse a tiempo, podrían evitar un caso similar al del agente federal en Palermo. "Sorprenden las imágenes a nivel nacional pero a nivel local estamos igual, falta que se consume el hecho", advirtió.
El hombre contó que el protagonista de la historia que mantiene a todos los vecinos asustados es un joven de 25 años que ronda la zona de la Basílica de Guadalupe desde hace tiempo. "Está tirado en la calle, hasta hace poco los vecinos lo ayudamos porque es duro ver una persona tirada en la plaza con los fríos que hacían días atrás pero está amenazando, rompe los autos. Evidentemente está mal de la cabeza", relató.
Según el oyente, los vecinos hicieron la correspondiente denuncia ante la Municipalidad y la policía pero la respuesta nunca fue la que esperaron: "El 911 nos dijo hace un mes que que tiene otras patologías, los cuidacoches le sacan información de los movimientos del barrio y así estamos con la inseguridad en Guadalupe, todo esto a 200 metros de la Basílica".
Para Alejandro "hay ausencia del Estado total" y genera reacción de parte de los mismos vecinos ya que algunos se asustan pero otros se quieren defender de las agresiones. "No sabes cuál es el límite. El deambula por la plaza de Guadalupe, tendrá 25 años, es un muchacho grandote, va a ser un problema no muy lejano", insistió.
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Zona gris
El caso extremo de Buenos Aires y las advertencias de los vecinos de Guadalupe revelan un gris legal difícil de resolver por parte del Estado. Muchas personas en situación de calle que presentan alteraciones mentales son llevadas al Hospital Psiquiátrico Mira y López, pero permanecen allí poco tiempo y luego vuelven al mismo lugar donde se encontraban en plena vía pública. Los oyentes de Aire de Santa Fe remarcaron que esta secuencia se repite todo el tiempo con diferentes casos de personas en situación vulnerable que deambulan por la vía pública.
Incluso, algunos recordaron el caso de Francisco Lascurain, el hombre con problemas psiquiátricos que chocó y mató al niño Francisco Sueldo en un hecho resonante ocurrido en calle Casanello el 13 de mayo de 2019. Lascurain fue declarado inimputable por la Justicia. En 2005 ya le habían diagnosticado problemas mentales, pero ejercía como kinesiólogo y conducía un auto por las calles de la ciudad.
Fuentes del municipio indicaron a Aire Digital que el procedimiento para las denuncias por personas en situación de calle con alteraciones mentales es tomar intervención e inmediatamente dar aviso al área de Salud Mental del Ministerio de Salud de la provincia, que finalmente deriva el caso al Mira y López.
Qué dice la ley de salud mental
El artículo N°14 de la ley nacional de salud mental indica que la internación es considerada como un recurso terapéutico de carácter restrictivo, y sólo puede llevarse a cabo cuando aporte mayores beneficios terapéuticos que el resto de las intervenciones realizables en su entorno familiar, comunitario o social. Debe promoverse el mantenimiento de vínculos, contactos y comunicación de las personas internadas con sus familiares, allegados y con el entorno laboral y social, salvo en aquellas excepciones que por razones terapéuticas debidamente fundadas establezca el equipo de salud interviniente.
Señala, en su artículo N°15, que "internación debe ser lo más breve posible, en función de criterios terapéuticos interdisciplinarios. Tanto la evolución del paciente como cada una de las intervenciones del equipo interdisciplinario deben registrarse a diario en la historia clínica. En ningún caso la internación puede ser indicada o prolongada para resolver problemáticas sociales o de vivienda, para lo cual el Estado debe proveer los recursos adecuados a través de los organismos públicos competentes".
"Toda disposición de internación, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas, debe cumplir con los siguientes requisitos:
a) Evaluación, diagnóstico interdisciplinario e integral y motivos que justifican la internación, con la firma de al menos dos profesionales del servicio asistencial
donde se realice la internación, uno de los cuales debe ser necesariamente psicólogo o médico psiquiatra;
b) Búsqueda de datos disponibles acerca de la identidad y el entorno familiar;
c) Consentimiento informado de la persona o del representante legal cuando corresponda. Sólo se considera válido el consentimiento cuando se presta en
estado de lucidez y con comprensión de la situación, y se considerará invalidado si durante el transcurso de la internación dicho estado se pierde, ya
sea por el estado de salud de la persona o por efecto de los medicamentos o terapéuticas aplicadas. En tal caso deberá procederse como si se tratase de
una internación involuntaria".
La justicia es la que tiene la última palabra cuando se trata de casos que pueden provocar alteraciones en el orden público. Según la norma nacional, "en caso de que la prolongación de la internación fuese por problemáticas de orden social, el juez deberá ordenar al órgano administrativo correspondiente la inclusión en programas sociales y dispositivos específicos y la externación a la mayor brevedad posible".
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