¿Puede la cesárea de la niña violada en Jujuy considerarse un delito?

Claro está que la falta de regulación legislativa genera vacíos legales y contradicciones en las decisiones que se toman en los distintos centros médicos y tribunales del país. Lo que se encuentra fuera de discusión es que, para tomar una decisión, deben tenerse en cuenta todos los valores jurídicos y derechos que en cada caso en concreto se encuentran en juego.

Es por eso que, al tratarse de una menor de 12 años víctima de una violación, resulta difícil concebir que la tan discutida objeción de conciencia de los médicos prevalezca sobre el interés superior del niño (artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño; artículos 1, 3 y 5 de la ley 26.061; artículo 26 del Código Civil y Comercial de la Nación); que los deseos y creencias de un profesional sean oponibles sin más ante el desarrollo integral y la vida digna de una niña; que se exponga la salud psicofísica de una menor, cuyo cuerpo no está preparado para realizar un parto, para mantener ideologías; que se reduzca la importancia de la responsabilidad parental (artículo 639 del mencionado Código), ignorando la decisión que sostenía la interrupción del embarazo; que se niegue la autonomía progresiva de la niña, el derecho a ser oída de esa misma persona que fue abusada sexualmente; que se encubra detrás de una cesárea el interés de priorizar el peso ideológico, siendo conocido que tal práctica no es una alternativa en el desarrollo de un aborto.

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La niña y su familia habían pedido la Interrupción Legal del Embarazo en el Hospital Guillermo Paterson, de San Pedro de Jujuy. Los médicos se la negaron, pese a que, según el fallo “A. F. s/medida autosatisfactiva”, “los médicos en ningún caso deben requerir autorización judicial para realizar esta clase de abortos, debiendo practicarlos requiriendo exclusivamente la declaración jurada de la víctima, o de su representante legal, en la que manifieste que el embarazo es la consecuencia de una violación.” Entonces, mientras que desde la vista ideológica y parcial de la sociedad se observa única y estrictamente como delito la práctica del aborto, ¿no yace el verdadero delito en la omisión de un deber por parte de los médicos que negaron el derecho de la menor, al ampararse en la objeción de conciencia? ¿Cuál es la vara que mide en Argentina la prioridad entre la ideología y lo que en el ordenamiento jurídico prevalece?

La familia de la nena denunció esta situación y fue trasladada al Hospital Materno Infantil de la ciudad de Jujuy. Pero ese traslado tardó cinco días, dilatando el aborto. Los médicos pretendían que el bebé nazca y sea dado en adopción, lo cual también era exigido por grupos “provida”, prolongando el traumático proceso para la pequeña. Tras comprobar que corrían 24 semanas y media de embarazo – teniendo en cuenta que llegó al Hospital San Pedro meses después del abuso, debido a las amenazas de su violador -, decidieron dar “cumplimiento” al fallo de la Corte Suprema a través de una cesárea.

La Organización Mundial de la Salud no contempla la cesárea como método de interrupción del embarazo. Lo que se realizó fue un parto. El Manual de práctica clínica para un Aborto seguro no fue respetado, como no se respetó la decisión de la pequeña y sus padres, ni tampoco su sensibilidad, privacidad y confidencialidad.

¿Será que aplicar una práctica médica no idónea, poniendo en riesgo la vida de una niña, configura una mala praxis médica y, por lo tanto, un delito? ¿Será que fueron vulnerados los derechos de los padres a decidir lo mejor para su hija y el derecho de la nena víctima de una violación? De ahora en más, la justicia será quien lo determine.

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