Los derechos conquistados en materia de género están en jaque —así como muchos que no coinciden con la ideología del presidente— y se puso de manifiesto con la eliminación de ministerios y el desfinanciamiento a programas daban respuesta a problemáticas graves.
El hecho de que nuestro país no haya firmado el documento de la Asamblea General de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) que apoyaba la intensificación de los esfuerzos para prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas es mucho más que “un papelón diplomático” o un rompimiento de los compromisos de la agenda global como algunos opinaron.
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Los derechos conquistados en materia de género están en jaque.
Significa dejar en literal soledad y desamparo a miles de mujeres y niñas que a diario son víctimas de la violencia machista. Desde el 1 de enero al 31 de octubre de 2024, se produjeron 217 femicidios, tres lesbicidios, cinco trans-travesticidios y 18 femicidios vinculados de varones adultos y niños, según el Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano” que dirige La Casa del Encuentro.
Los datos más relevantes son que 276 hijas e hijos quedaron sin madre, el 52% son menores de edad; el 54% de los agresores eran parejas o exparejas.
Un retroceso en materia de derechos
Claudia Levin, decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, habló con AIRE y se refirió a este retroceso en materia de derechos conquistados por las mujeres y otros grupos históricamente vulnerados.
"Aunque estas conquistas suelen estar respaldadas por leyes, tratados internacionales y políticas públicas, su implementación y sostenibilidad dependen de decisiones políticas, presupuestos y voluntad institucional. Cuando se reducen recursos, desmantelan programas, y debilitan las instituciones que protegen estos derechos, el retroceso es, por lo tanto, tangible", indicó la decana.
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Claudia Levin, decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral.
Maiquel Torcatt / Aire Digital
Sin embargo, y como una luz de esperanza, Levin destacó el avance a nivel provincial en cuanto a la adhesión a ley Olimpia que incorpora la protección contra la violencia digital a la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. "Una nueva conquista impulsada desde la Secretaria de Mujeres, Género y Diversidad", señaló.
Las violencias y la Justicia
La decana expresó que "la justicia desempeña un papel esencial en la protección de los derechos. Es la última instancia en la garantía de protección de derechos. Esto implica establecer mecanismos ágiles y efectivos de acceso a la justicia, fomentando además prácticas culturales que no sean indiferentes antes la discriminación".
En tanto, añadió "la justicia debe cumplir con los estándares internacionales y promover la formación en perspectiva de género para prevenir violaciones desde su origen. De este modo, el sistema judicial no solo actúa como garantía de derechos, sino también como un agente de cambio para construir una sociedad más equitativa".
En cuanto a los desafíos de las mujeres en los próximos tres años, Levin indicó que "en los próximos años, las mujeres enfrentaremos importantes desafíos en diversos ámbitos, impulsados por retrocesos políticos, crisis económicas y barreras estructurales. Estos retos incluyen la protección de los derechos ya reconocidos y la igualdad real de acceso a los derechos y a los espacios de decisión".
A su criterio, enfrentar estas problemáticas es esencial para seguir construyendo sociedades más justas, inclusivas y libres de discriminación. "Los cambios culturales y estructurales necesarios para alcanzar esta meta deben ser fruto de un consenso social amplio, ya que todas las formas de discriminación, pese a sus particularidades, comparten una matriz común. Combatir estas desigualdades es un desafío colectivo y permanente, una tarea que exige el compromiso de todas las personas para siempre", señaló.
El voto en contra de la resolución de la ONU
Consultada sobre la decisión del gobierno nacional de votar en contra de una resolución de la ONU para prevenir y eliminar la violencia de género, Levin fue tajante: "La considero inaceptable desde los más elementales derechos consagrados constitucionalmente (incumplimiento de tratados internacionales como la Convención de Belém do Pará y la CEDAW)" y habló de un grave retroceso en este sentido.
Por su parte, Laura Aguzin especialista en Derecho Internacional, consideró que el voto negativo respecto de la resolución de la ONU "es preocupante" porque implica un retroceso en la política exterior llevada adelante por Argentina respecto al reconocimiento de derechos e indicó que este posicionamiento "no es casualidad".
"Es un retroceso que en verdad también se está llevando adelante en el ámbito interno", expresó.
En tanto, destacó y llamó a apoyar "los distintos esfuerzos que se están haciendo desde las distintas organizaciones de la sociedad civil a través del litigio estratégico para hacer un llamado urgente a la acción, justamente para detener este retroceso y para que el Gobierno deje de incumplir sus compromisos internacionales y sus obligaciones internacionales contra diferentes derechos, pero en particular contra los derechos de las mujeres y disidencias".
"Es necesario apoyar la acción a través de este litigio estratégico", cerró la especialista.
