El Ministerio de Seguridad evalúa hacer cargo a los padres de los costos del operativo.
Aire de Santa Fe dialogó al respecto con Darío Chávez, director provincial de Investigación Criminal. “Esto es un combo que ya está tomando ribetes tragicómicos. Se está profundizando la investigación para dar con los responsables. Creemos que tenemos dos formas de desalentar estas situaciones: una es apelando a la familia a que puedan hablar entre adultos y chicos para que no se prendan a esta moda. La otra es ya más estricta: el costo es muy alto, y se está evaluando desde el Ministerio hacer responsable a cada una de estas personas. Cuando se las individualiza, que se tengan que hacer cargo de los costos ocasionados“.
“Cuando ingresa la llamada, se toma como tal: como una amenaza de bomba. Y, por lo tanto, hay que activar el protocolo”
“Mientras tanto, hay mucha gente afectada: los chicos en el desarrollo de sus clases, los padres que no saben a veces dónde están sus hijos y la gente que transita por la zona y tiene que desviarse. Son muchos los inconvenientes. Incluso los comerciantes se ven afectados: inspeccionar el colegio lleva 45 min, pero hasta que se levanta el corte de tránsito puede pasar hasta dos horas. Las calles quedan valladas y no se puede pasar”, explicó.
“Frente a cada incidencia, se afectan de 4 a 5 móviles de la policía y de 10 a 12 efectivos. Además del personal altamente calificado: Brigada de Explosivos y Bomberos Zapadores. El gasto ante cada evento es mucho”
“Tenemos suerte de que cada vez que ocurre un evento de esos y tenemos que disponer de los policías, no ha ocurrido algo grave en otro lado. No quiere decir que no lo vamos a atender, pero significa que tenemos menos recursos. Hay un peligro dentro de cada broma que hacen los chicos. La investigación apunta a no dejar ningún tipo de arista en la investigación: puede que haya alguien detrás de todo esto. No se descarta la posibilidad”, agregó.
“La intimidación pública está tipificada en el código penal: cuando se dan falsas alarmas de algunas situaciones que generan todo un movimiento y ocasiona alarma en la sociedad. Desde el Ministerio Público de la Acusación están trabajando para individualizar quiénes hacen las llamadas. Que la gente sepa que cuando se individualiza se va a tener que sentar ante un fiscal y dar las explicaciones del caso“, concluyó.
“Cada operativo cuesta entre 40 y 50 mil pesos”
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