Advierten que solo una de cada diez mujeres del centro-norte provincial está en condiciones de acceder al aborto

Las organizaciones advierten que “solo una de cada diez mujeres que residen en el centro-norte provincial está en condiciones de acceder a una IVE/ILE, ya que conoce fehacientemente dónde solicitarla”. Y agregan: “Los datos dejan visible la falta de información respecto a la Ley Nacional 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo”.

Desde el sector, abogan por el diseño de una política pública “que garantice la información en los efectores y campañas comunicacionales masivas sobre esta ley”.

En el marco del monitoreo, se realizaron 712 encuestas a usuarias del sistema público de salud y se encuestó a cinco usuarias por efector. Las edades de las encuestadas oscilaron entre 14 y 45 años.

El sondeo se llevó a cabo en 11 departamentos del centro norte provincial: General Obligado, San Javier, Vera, Castellanos, 9 de Julio, San Cristóbal, Garay, La Capital, Las Colonias, San Javier, San Jerónimo y San Justo. La información se recabó mediante encuestas estructuradas y anónimas realizadas en las salas de espera de los efectores públicos de salud, entre octubre de 2021 y enero de 2022.

La realización del informe participaron Marisa Poggi, Silvia Ferrero, Mirian Urgorri, Beatriz Gutiérrez, María Flavia Del Rosso, María de los Ángeles Guerrero, Susana Palud y Susana Paradot. También colaboró Mabel Busaniche.

Del relevamiento realizado, se desprende que las diferencias en el acceso a las prácticas de cuidados de la salud sexual y reproductiva son evidentes entre los núcleos más poblados, y las localidades más pequeñas. “Se requieren políticas que descentralicen la atención garantizando la presencia en cada efector de un/a profesional capacitada/o”, destacan desde las organizaciones feministas.

Multipalabras sostiene que es necesario reforzar la oferta de anticoncepción reversible de larga duración, fundamentalmente implantes subdérmicos, debido a las menores dificultades que presenta para su colocación. También se debe incentivar su inserción en centros de salud y efectores de bajo nivel de complejidad garantizando allí las condiciones para realizar la práctica. “Sería un gran avance que estas prácticas puedan ser realizadas por personal no médico (enfermería, obstetricia)”, remarcan las organizaciones feministas.

En cuanto a la IVE/ILE, la Multisectorial de Mujeres y la Asociación Civil Palabras, remarcan que el Ministerio de Salud de la provincia debe garantizar el monitoreo continuo de la distribución del Misoprostol en todo el territorio, como así también la disponibilidad de información claramente visible para las usuarias. “Las capacitaciones en el tema deben ser obligatorias y sostenidas en el tiempo, y propiciar espacios para que los equipos de salud evacúen sus dudas y profundicen la reflexión”, sostienen.

Las organizaciones sostienen, además, que se debe ampliar la mirada sobre el acceso a las prácticas para el cuidado de la salud sexual, a través del análisis de la información cualitativa vertida en las encuestas, la ampliación de estos datos con otros relevados en este estudio, y la comparación de estos datos aquellos extraídos de los sistemas informáticos provinciales.

Multipalabras sostiene que la información relevada da cuenta de las particularidades de cada territorio, donde se comprueba que las usuarias de los efectores del centro norte tienen dificultades para acceder a la información sobre las prácticas que ofrece el sistema público de salud.

Ante esa situación, consideran imprescindible arbitrar los medios para que los efectores asesoren activamente sobre las prácticas existentes en materia de cuidados de la salud sexual, reproductiva y no reproductiva.

“Sabemos que la sola información no alcanza. Pero sería el primer paso para la toma de conciencia de un derecho conquistado. No se reclama aquello que se desconoce”, resaltan.

Algunos números

-Cantidad de hijas e hijos: el 23,7 % de las encuestadas no tiene hijos o hijas. El 76,3% que sí, tiene entre 1 y 3 niños o niñas.

-Nivel educativo: si se tiene en cuenta la edad de las personas encuestadas, resultan significativos los datos relativos al nivel educativo. En cuanto a la educación primaria: el 14% tiene ese nivel completo y el 4,5% no lo completó. Respecto al nivel secundario, el 36,4% no lo completó y el 31,3 % sí lo hizo. Por otro lado, hay un 4,2% que cuenta con un nivel universitario completo y un 9,6% incompleto. Es decir, solo el 45,1% de las usuarias que participaron del monitoreo completó la educación obligatoria.

- Trabajo remunerado: en relación con el trabajo remunerado se observa que el 58,7% no lo posee y un 41,3 % sí tiene empleo formal. Del porcentaje que no tiene trabajo remunerado, el 45% no terminó el nivel secundario.

Asesoramiento y acceso a los derechos

En el marco del monitoreo, las organizaciones realizaron consultas a mujeres que asistieron a efectores o centros de salud respecto a asesoramiento sobre los métodos anticonceptivos. Al respecto, el 81,3% informó que sí fue asesorada y -es significativo- el 18,7% afirmó no haber recibido asesoramiento en el centro de salud.

Ante estos porcentajes, se cruzaron los datos de las usuarias que van frecuentemente al centro de salud. De esto resulta que: el 85,7% fue asesorada, pero un 14,3% no lo fue. Frente a estos datos proponemos como hipótesis, para futuras indagaciones, que podrían existir ciertos preconceptos por parte de las y los profesionales acerca de la información que tienen y/o necesitan las usuarias.

Respecto al uso de métodos anticonceptivos, al momento de realizar la encuesta el 85,3% afirmó utilizarlos y el 14,7% no usa ninguno. Sería importante indagar el motivo de la no utilización de estos métodos. Entre los más empleados se registran: anticonceptivos orales (pastillas) 35,2 %, inyectables mensuales 12,5%, ligadura de trompas 11%, chips 9,7%, dispositivos intrauterinos (DIU) 3,4%, preservativos 4,8% y -en porcentajes menores- se usan métodos combinados.

Estos porcentajes dan cuenta de que la responsabilidad en el cuidado de la salud sexual recae fundamentalmente en las mujeres y, por otra parte, preocupa el escaso uso de preservativos, ya que daría cuenta del precario cuidado respecto a enfermedades de transmisión sexual.

En cuanto al acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo/Interrupción Legal del Embarazo, se consultó si los efectores y centros de salud entregan la medicación para hacerse abortos legales y si conocen algún otro donde sí se entregue. Respecto a la entrega de medicación (misoprostol) para interrupciones voluntarias del embarazo (incluyendo las interrupciones por causal salud y violación), el 81% no dispone de esa información; el 11% informa que no se entrega y solo el 8% afirma que sí se entrega.

En cuanto a otros efectores, el 74% no sabe si hay algún centro de salud u hospital cercano que realice abortos, y el 14% afirma directamente que no los hay. El 12% sí conoce otro efector donde se realiza la práctica.

Teniendo en cuenta ambas preguntas, podemos inferir que solo una de cada diez mujeres que residen en el centro-norte provincial está en condiciones de acceder a una IVE/ILE, ya que conoce fehacientemente dónde solicitarla.

Frente a la pregunta sobre si se brindó información acerca de la interrupción voluntaria del embarazo (Ley Nacional 27.610) en el efector, el 20% respondió afirmativamente. El 21% refiere que no se ofrece información, y el 59% no lo sabe.

“Los datos dejan visible la falta de información respecto a la Ley Nacional 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Abogamos por el diseño de una política pública que garantice la información en los efectores y campañas comunicacionales masivas sobre esta ley, plazos, condiciones y garantías, porque -según evidencia este estudio- si las personas gestantes requieren la práctica no saben adónde dirigirse”, reclama el sector feminista de Santa Fe.

Sobre la línea de atención gratuita en salud sexual del Ministerio de Salud de la Nación (0800-222-3444), herramienta telefónica de consultas sobre salud sexual y de reclamo cuando no se garantizan los derechos sexuales, el 81,3% de las usuarias encuestadas en el marco del presente monitoreo la desconoce y solo el 18,7% afirmó conocerla, en términos generales.

Frente a los datos obtenidos en relación con garantizar derechos sobre IVE, como ILE, nos preguntamos cómo opera la objeción de prácticas (dato que posiblemente surja en el análisis de los datos cualitativos).

Hormonización para personas trans

El análisis de los datos correspondientes a los tratamientos de hormonización para personas trans, nos arroja un resultado similar a la provisión de misoprostol: la mitad de los efectores, o aún menos, provee este insumo –situación más marcada en las localidades más pequeñas.

Finalmente, las organizaciones preguntan si los profesionales reciben capacitación sobre IVE/ILE, si el Estado propicia espacios y /o dispositivos que permita a los equipos de salud evacuar dudas, exponer contradicciones y reflexionar sobre la ley. “En el caso de que quien realice las prácticas sea objetor/a, ¿se conocen los mecanismos y responsabilidad en derivación e información a las usuarias? ¿Cómo prevé el Estado estas situaciones en comunidades alejadas de los grandes centros urbanos?”, cuestiona.