El 6 de febrero último, decenas de personas ocuparon los terrenos ubicados en calles Matheu y Azcuénaga, entre 9 de Julio y Facundo Zuviría. A pesar de que existe una orden de desalojo del juez federal Francisco Miño, cada día se suman más personas y el asentamiento se consolida. A un mes, todo sigue igual.
Maiquel Torcatt / Aire Digital
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Desde hace más de un mes, terrenos federales del norte de la ciudad de Santa Fe se encuentran usurpados. El Estado ya tomó una decisión al respecto.
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Desde el municipio reconocen la raíz social del problema, pero coinciden en que se trata de un acto ilegal. Sin embargo, el gobierno de Emilio Jatón plantea que al no contar con poder policial, no está en sus competencias desalojar a quienes se niegan a abandonar el lugar.
En tanto, la Justicia Federal ordenó a Gendarmería Nacional que libere la zona, pero los efectivos no actúan. Desde la fuerza nacional aluden a la falta de personal idóneo como motivo para no acatar la orden.
Por su parte, la Provincia afirma que está dispuesta a colaborar con el Municipio, pero remarcaron que no es responsabilidad provincial lo que está sucediendo en estos terrenos. Y agrega que la Justicia Federal no pidió la colaboración de la Policía de Santa Fe para desalojar la zona.
El conflicto del que nadie parece hacerse cargo, llevó a los vecinos de barrios Pompeya y Esmeralda a movilizarse en diferentes puntos de la ciudad mediante cortes de tránsito y quema de cubiertas. Es que, según expresaron, la constante presencia de personas que circulan y pululan en la zona habría derivado en hechos delictivos e inseguridad.
Acusaciones vacías y falta de decisión
Silvina Frana, ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de Santa Fe, reconoció que existen sospechas de que la gente que tomó los terrenos federales fue alentada por algún sector de la política contraria al oficialismo. Lo mismo piensan desde la Municipalidad. Pero las pruebas no aparecen, no hay denuncias formales, y tampoco parece haber una voluntad y decisión clara de investigar los hechos.
Apenas iniciaron las ocupaciones, el Municipio intervino. Se realizó formalmente la denuncia en la Seccional 26. Desde allí notificaron a la fiscal María Laura Martí, quien dijo que no había delito. Entonces se dirigieron a la Policía Federal y consecuentemente, se dio aviso al Juzgado Federal.
Leer más ► La Justicia Federal ordena desalojar los terrenos usurpados, pero la política no acata la orden
Mientras representantes del gobierno de la ciudad dialogaban con los usurpadores y se los convencía de desistir de su actitud -aunque tanto Provincia como Municipio coinciden en que, en general, los que tomaron los terrenos tienen dónde vivir-, desde la política se reclamó algún tipo de decisión del juez federal Francisco Miño.
Finalmente, la decisión llegó: el viernes 14 el juez ordenó a Gendarmería que a las 5 de la mañana del domingo 16, iniciara un operativo tendiente a liberar la zona. Pidió que se realizara de manera pacífica, aunque autorizó el uso de la fuerza en caso de ser necesario. La respuesta fue que, en Santa Fe, Gendarmería no cuenta con los recursos idóneos para realizar este operativo.
A un mes de la toma de los terrenos del norte de la ciudad, los distintos niveles del Estado que directa o indirectamente están involucrados en la situación, parecen haberse convertido en meros observadores.
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