A más de cuatro meses del incendio y derrumbe de la casa del barrio Mariano Comas, ocurrida el martes 21 de febrero, vecinos afectados por el siniestro manifestaron su preocupación este lunes. Denuncian que la propiedad, se transformó en "una boca de lobos" y exigieron medidas para mejorar la seguridad del lugar. Además, pidieron acelerar los trabajos para reconectarse a la red de gas.
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Jorge, vecino del pasillo aledaño al lugar del incidente, contó al móvil de AIRE que "el problema mayor es de inseguridad porque al no tener un tapial ideal como corresponde, es fácil el acceso".
"De noche es una boca de lobos, es muy peligroso", aseguró y expresó: "Sabemos que el gas va a demorar meses o años. El agua ya la arreglamos, pero más importante es la seguridad que necesitamos".
Los vecinos hicieron hincapié en que la propiedad derrumbada se convirtió en un baldío desde el cual delincuentes pueden ingresar a otras viviendas. "Roban focos, bicicletas y motos", afirmó y recordó que durante los primeros días tras la explosión "hubo un patrullero fijo y la gente que tuvo el accidente pagó seguridad, pero cuando demolieron la casa se fueron todos".
Por otra parte, Jorge se refirió a las problemáticas que acarrean tras el hecho: "No tenemos nada de suministro de gas y cuando hubo acceso a los pasillos se llevaron todos los reguladores. Se rompió el caño que abastece 90 metros de pasillo y todas las casas se están convirtiendo a electricidad".
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Explosión en barrio Mariano Comas
La explosión que derivó en un voraz incendio y derrumbe se produjo el pasado 21 de febrero, cerca de las 20, en una vivienda ubicada en 1° de Mayo al 3600, casi esquina con pasaje Zorrilla de San Martín. La casa se prendió fuego tras el ingreso de sus propietarios, los cuales regresaban de un viaje, y debieron ser hospitalizados por quemaduras entre el 25% y el 30% de su cuerpo.
Litoral Gas cerró el suministro de gas de la vivienda afectada -por seguridad -y del gabinete de un pasillo ubicada al lado de la propiedad donde se produjo la explosión.
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El estrago generó además que algunos vecinos linderos debieron abandonar la propiedad ante un posible de riesgo de derrumbe, situación por la que debió intervenir personal del área de Gestión de Riesgos de la Municipalidad de Santa Fe.
Desde entonces se inició una causa judicial que inicialmente estuvo a cargo de la fiscal Gabriela Arri que actuó por turno y la cual ordenó al personal de la Agencia de Investigación Criminal para que se realice los peritajes en el domicilio particular. El expediente (o legajo judicial) pasó luego a Lucila Nuzzo y con posterioridad fue reasignado definitivamente al fiscal del área de flagrancia, Ignacio Orio.
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