Santa Fe, cerca del primer proceso judicial por aplicaciones con agroquímicos

El Fiscal Matías Ocariz explicó a AIRE que para la imputación "se hicieron allanamientos y se tomaron muestras en el campo, zona buffer o de amortiguación, en donde se encontraron sustancias que son glifosato y Ampa (aminofosfonato ácido aminometilfosfónico), que están contempladas en categorías consideradas residuos peligrosos".

Desde 2015, Norma Cabrera viene denunciando que en un campo que se encuentra frente a su casa, en Cañada de Gómez, a una distancia de solo 15 metros, se realizan aplicaciones con agroquímicos (pulverizaciones) por las cuales sufre severas afecciones en su salud y la de su familia, como así también en los animales que ellos crían.

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Dentro de las afecciones a la salud que sufrió Norma Cabrera, están las erupciones y alergias en su cuerpo.

A través de una asesoría especializada, la mujer de Cañada de Gómez, de 47 años de edad, inició un proceso legal y los fiscales que tomaron el caso imputaron el martes pasado al productor que arrenda el campo por el delito de contaminación de modo peligroso para la salud y el medio ambiente, según el artículo 55 de la ley nacional 24.051 (Residuos Peligrosos).

En diálogo con AIRE, Norma Cabrera contó que todo comenzó en 2015, cuando una madrugada se encontraba descansando con su familia con las ventanas abiertas y escucharon el paso de un camión pulverizador por el campo lindero: "Esa noche me levanté y estaba toda desfigurada, con la cabeza hinchada, no podía respirar, mi marido se asustó por el estado en que estaba y a partir de ahí empezamos el proceso".

El calvario de Norma tuvo sus ribetes burocráticos: "Empecé a denunciar en 2015, 2016 y 2017. Las denuncias las hacía en la Fiscalía y en la Policía, todas terminaron en un cajoncito, en un armario". La mujer agregó que, a partir del trabajo de los abogados ambientalistas Lucas Micheloud y Rafael Colombo, consiguió que la causa avance.

La familia de Norma siempre se dedicó a la cría de animales. Sobre los padecimientos, la propietaria de la granja dijo que "se me morían mis animales, las chanchas abortaban espontáneamente, las gallinitas se quedaban echadas, las ovejas se quedan secas, las vacas se intoxicaron y la huerta prácticamente se destruyó, porque se secaron los plantines".

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En las muestras de sangre que se le tomaron a Norma, se detectó la presencia de glifosato.

En cuanto a los problemas de salud de su familia, amplió: "Todos mis hijos tienen problemas de hígado, mi hija que vive a una cuadra y media del campo, también tiene complicaciones. Yo tengo problemas en mis huesos, una diabetes avanzada, alergias que me afectan todo el cuerpo, entre otras complicaciones severas".

Evidencia legal

La ley nacional 24.051, en su artículo 55, establece que "será reprimido con las mismas penas establecidas en el artículo 200 del Código Penal el que, utilizando los residuos a que se refiere la presente ley, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. Si el hecho fuere seguido de la muerte de alguna persona, la pena será de 10 a 25 años de reclusión o prisión".

El abogado Rafael Colombo explicó a AIRE que el juez penal Álvaro Campos ordenó el cese del "estado antijurídico". "Es una medida que pretende evitar que se sigan agravando los daños o riesgos que surgen de la propia actividad".

La medida fija un límite de 500 metros para las fumigaciones respecto de las zonas pobladas. También prevé que la aplicación se ejecute con una metodología basada en el cumplimiento de la normativa vigente, que intervenga la Municipalidad a través de la autoridad de aplicación correspondiente y el correspondiente informe de verificación dentro de las 48 horas. Dentro de las exigencias, se deberá dar aviso previo a la familia y controlar las temperaturas y la dirección del viento a la hora de aplicar los agroquímicos.

Para el proceso legal, se utilizó evidencia de "circunstanciación tiempo y lugar de cada uno de los hechos de fumigación", agrega Colombo. Se sumaron los testimonios de los vecinos de la zona que ratificaron los hechos y "han sumado denuncias al ser víctimas de esas pulverizaciones". El abogado detalló que también se le extrajo sangre a Norma, se tomaron muestras de suelo y agua y en los análisis "se detectó presencia de glifosato en la sangre, en la tierra y en el agua".

Antecedentes

Al mismo tiempo hubo un informe requerido por la Fiscalía al doctor Damián Verzeñassi, director del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), en el cual se da cuenta del impacto de los productos químicos en la salud y el ambiente, ratificando las principales hipótesis de la Fiscalía y la querella. También aportó datos el ingeniero Marcos Tomasini, en relación al análisis ambiental. Además, hubo allanamientos en el campo del productor agropecuario y se incorporó un expediente administrativo por denuncias hechas en el Ministerio de la Producción, como autoridad de aplicación de la ley de residuos peligrosos.

Colombo explicó que la "ley general del ambiente presume la responsabilidad penal o civil del daño ambiental cuando existen infracciones de acción administrativas". El abogado comentó que está imputados el productor (actual arrendatario), pero que la investigación continúa y "no se descarta que se amplíen las imputaciones tanto para el aplicador, el dueño del campo y para actores que hayan estado involucrados por acción u omisión en los poderes del Estado".

De avanzar el caso, sería el primer proceso penal por fumigaciones en Santa Fe. Hay antecedentes en provincias vecinas como Córdoba (Madres de Ituzaingó), Entre Ríos (Concepción del Uruguay-Escuela Nº 44 “República Argentina”) y Buenos Aires (Exaltación de la Cruz).