Reforma de seguridad en Santa Fe: una abogada penalista advirtió que el paquete de leyes "afecta garantías constitucionales"
María Macarena Olivera cuestionó el proyecto enviado por el Ejecutivo provincial y advirtió que varias de las modificaciones propuestas “afectan principios y garantías constitucionales”. También alertó sobre el aumento de facultades para la policía y habló de una “regresión” al viejo sistema penal.
El proyecto de reformas en seguridad en Santa Fe acumula opiniones de diversos sectores en la previa a su tratado en la Legislatura.
El proyecto de reforma en materia de seguridad enviado por el Gobierno provincial a la Legislatura sigue sumando voces. Esta vez fue María Macarena Olivera, abogada penalista y presidenta del Instituto de Derecho Constitucional del Colegio de la Abogacía de Santa Fe, quien expresó su preocupación por los cambios impulsados y aseguró que “pueden afectar a cualquier ciudadano”.
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En diálogo con el programa Una Tarde A La Vez, Olivera remarcó que las objeciones no responden a una cuestión partidaria, sino a una mirada jurídica vinculada al resguardo de derechos constitucionales.
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“Esto no tiene nada que ver con una cuestión política ni con el tinte que cada persona pueda tener. El análisis que estamos haciendo es que este proyecto, en muchas de las propuestas de sus modificaciones, afecta principios y garantías constitucionales”, sostuvo.
La especialista señaló que entre los principios comprometidos aparecen “el derecho al debido proceso, el derecho de defensa, el principio de inocencia, el de legalidad y el de culpabilidad”, todos resguardados tanto por la Constitución Nacional como por la Constitución Provincial y tratados internacionales con jerarquía constitucional.
“Le puede pasar a cualquiera”
Durante la entrevista, Olivera apuntó especialmente contra las facultades que podrían ampliarse para las fuerzas policiales. Como ejemplo, mencionó la posibilidad de realizar allanamientos sin autorización judicial en determinados casos.
“Una de las reformas propone que la policía, si considera que una persona puede tener armas en su casa, pueda entrar a allanar y revisar compulsivamente sin pedirle autorización a nadie”, explicó.
En ese sentido, advirtió sobre la falta de controles posteriores. “Si la policía te planta armas, ¿cómo lo controlás?”, planteó, y agregó que otra de las reformas impediría cuestionar judicialmente determinadas pruebas obtenidas en esos procedimientos.
Otro de los puntos que calificó como “terrible” es la posibilidad de que una persona detenida pueda ser interrogada en una comisaría sin la presencia de un abogado defensor. “La persona que no tiene un abogado y que no sabe de derecho no puede defenderse del atropello del Estado. Alguien a quien la policía le pueda tomar un interrogatorio sin presencia de su defensor, puede decir cualquier cosa”, sostuvo.
Olivera insistió en que el debate no debe reducirse a la defensa de delincuentes. “Los que ejercemos el derecho penal defendemos personas primero”, afirmó.
Y agregó: “Esto puede afectar a cualquier persona. Denuncias ingresan miles por día. Muchas veces la policía demora gente para averiguar antecedentes o por dudas. Si en esas horas tienen la facultad de entrevistarte, estamos hablando de algo terrible”.
“Es una regresión al viejo sistema”
Olivera sostuvo que el paquete de leyes, de aprobarse, se convertirían en un amplio retroceso: “Desde 2014 tenemos un sistema acusatorio adversarial que vino a dar una mirada más visible de cómo actúa la Justicia. Esto es claramente inquisitorial, del viejo sistema penal”, aseguró.
Según explicó, ese modelo implicaba “un poder de policía desbordado, totalmente autónomo. La misma persona investigaba, acusaba y condenaba. Después era ‘fíjate y arreglate como puedas’. Entonces sí, claramente hay una regresión”, remarcó.
La presidenta del Instituto de Derecho Constitucional del Colegio de Abogacía de Santa Fe también confirmó que desde distintos sectores vinculados al ámbito judicial y profesional impulsan una mesa de diálogo para debatir el contenido del proyecto.
La propuesta incluye la participación del Poder Judicial, jueces penales, el Ministerio Público de la Acusación, el Ministerio Público de la Defensa, el Ministerio de Gobierno, colegios profesionales y representantes de las fuerzas de seguridad.
“Hay que actuar con razón y no con pasión”
Sobre el final de la charla, Olivera sostuvo que el debate sobre seguridad no puede desarrollarse únicamente desde la conmoción social que generan determinados delitos. “Es real que, frente a determinados hechos, la inseguridad genera pasión en la sociedad. Pero nosotros, los operadores jurídicos, debemos actuar con razón y no con pasión”, afirmó.
Y concluyó: “Debemos resguardar el Estado de derecho en el que vivimos y defender los derechos de todas las personas. Somos todos iguales y ese es un principio constitucional que hay que hacer valer”.