El caso tiene bajo la lupa a sociedad anónima Transfero Pagamento, la cual habría oficiado como el paraguas de una organización que permitió a por lo menos 35 mil adolescentes realizar apuestas y recaudar más de millones de pesos.
La investigación se inició en mayo de 2024 por una denuncia penal presentada por el ministro de Educación, José Goity, la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, María Victoria Tejeda, y el propio Di Lena. En esa denuncia, fueron señalados un conjunto de dominios web, accesibles desde la provincia de Santa Fe, que captaban apuestas de forma ilegal. En principio, fueron individualizados 273 sitios, pero luego se amplió a 385 dedicados a la explotación de juegos al azar sin la regulación de la Asociación de Loterías Estatales Argentinas.
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Tras la denuncia, se inició una causa judicial que cayó en manos del fiscal Agustín Nigro que apuntó a la firma Transfero Pagamento S.A. como quien administró, operó y sirvió a la organización para la captación apostadores. En consecuencia, fueron imputadas seis personas ligadas a la empresa, las cuales atravesarán la investigación en libertad, pero bajo una serie de reglas dispuestas por el juez Pablo Spekuljak: fijar domicilio, presentarse periódicamente en sede policial y abonarle al gobierno provincial distintas sumas de dinero en dólares o criptomonedas.
Disconformes
Al respecto, este jueves Di Lena expresó su malestar por la resolución dictada al considerar que por la causa el fiscal logró congelar “1.267.000 de dólares” que fueron parte de la organización criminal investigada, pero los imputados tendrán que pagar sumas que no superan los 25 mil dólares.
“Llamativamente, el CEO de Transfero Pagamento, de tener congelados 1.267.000 millones de dólares, pasa solo a tener que depositar 25 mil dólares. Parece broma”, sostuvo el funcionario de Lotería. “Nos genera una profunda preocupación lo que resolvió el juez Spekuljak”, acotó.
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Daniel Di Lena, vicepresidente ejecutivo de la Lotería de Santa Fe.
“Estamos esperando claramente que el fiscal apele para anular este fallo. Esperemos que lo haga en los próximos días”, opinó.
No obstante, destacó que si bien la firma investigada, por su actividad clandestina desarrollada, debe dinero al gobierno provincial, lo que mayormente preocupa al Estado es que estas empresas ilegales le permiten a los menores poder apostar.
El vicepresidente de la Lotería también explicó que los imputados desplegaron su accionar ilegal a sabiendas de los controles que debe tener el juego. "Tienen perfectamente claro cuáles son las normativas del juego legal en Argentina, ya que integran nada más y nada menos que licencias de casinos en Entre Ríos y Formosa", aclaró.
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La causa
- Por el caso fueron imputadas seis personas -dos oriundas de Brasil y las restantes de Argentina- identificadas como Claudio Marcos Just Cavalcante, Carlos Eduardo Franco Russo, Justina García de la Peña, Agustin Suares Araujo, Natalia Soledad Salinas y Alejandro Gelormini.
- Todos fueron acusados de haber organizado, operado y administrado un sistema de captación de apuestas provenientes de juegos de azar promocionados en sitios de internet, y accesibles desde la provincia de Santa Fe, entre el 11 de abril del 2023 hasta octubre del 2024.
- Según la imputación del fiscal Nigro, los imputados se valieron de una estructura jurídica de las sociedades comerciales Transfero Pegamentos SA, Transfero Gestión S.R.L. y Bluegreen S.A., y la infraestructura financiera a través de ellas contratadas al Banco Industrial S.A.
- La investigación determinó además que el destino de la recaudación fueron transferidos por Transfero a una cuenta propia que posee en el psp NVIO, que se encuentra asociado al exchange BITSo, destinándolos y convirtiéndolos en criptoactivos.
