Piden jury de enjuiciamiento contra el juez que dictó la quiebra de Sancor
Más de 1.000 acreedores de Sancor denuncian posibles irregularidades en el proceso de quiebra de la cooperativa y apuntan contra un juez de Rafaela.
El Consorcio de Acreedores de Sancor incluye a más de 1.000 particulares, empresas e instituciones afectadas por la situación de la empresa.
La situación de crisis de Sancor sumó un nuevo capítulo: los abogados Aldo Regali y Juan Manuel Bergallo, representantes de más de 1.000 acreedores de la empresa, pidieron la apertura de un jury de enjuiciamiento contra el al juez de Rafaela, Marcelo Gelcich, porque sostienen que existieron numerosas irregularidades en le proceso de quiebra de la cooperativa.
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En la denuncia presentada ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, aseguran que se detectaron situaciones de subvaluación de activos de la empresa, falta de transparencia en la gestión de bienes intangibles y la exclusión arbitraria de la sindicatura del expediente digital.
Asimismo, se cuestiona la validez de la declaración de quiebra y el rechazo de un plan de salvataje porque fue presentado "15 minutos después" de la sentencia de quiebra.
Según los abogados, esto representa una manifiesta denegación de Justicia, por lo que exigen la suspensión inmediata del juez y de los plazos procesales para evitar daños irreparables al patrimonio de los acreedores.
La denuncia, que busca la apertura de un jury de enjuiciamiento, detalla una serie de maniobras que van desde la subvaluación discrecional de bienes, hasta el bloqueo informático de una de las sindicaturas en momentos clave del proceso.
Quiebra de Sancor: las claves de la denuncia contra el juez Gelcich
El escrito presentado ante la Corte plantea, entre otros puntos, lo siguiente:
- Subvaluación de activos: se acusa al magistrado de permitir una tasación "totalmente discrecional" y sin fundamentos técnicos de los bienes de SanCor, omitiendo la intervención de peritos especializados para determinar el valor real de la empresa y sus intangibles.
- La marca "SanCor": la denuncia plantea la posibilidad de que "SanCor Seguros" esté operando con esta marca, sin que existan contratos de licencia o pago de regalías. Según los denunciantes, el valor de uso de la marca podría representar una suma millonaria en dólares (entre el 2% y 5% de los ingresos netos), algo que el juez no tuvo en cuenta peses a los pedidos reiterados.
- Incendio en Sunchales: tras el siniestro ocurrido en la planta de Sunchales -que el MPA investiga como intencional-, el juez aplicó de forma directa una baja del 20% en la tasación de los bienes. Según los abogados denunciantes, se trata de un "precio vil" para el remate.
El incendio se produjo el pasado domingo 7 de junio, cuando no había trabajadores en el lugar.
El plan de salvataje rechazado por "15 minutos"
Otro de los puntos que sostiene el pedido de jury es el rechazo in limine de un Plan de Salvataje de la empresa, propuesto por los acreedores.
Según el escrito presentado ante la Corte, el magistrado descartó la propuesta bajo el argumento de que fue presentada "15 minutos después" de sentenciada la quiebra.
Para los denunciantes, esto representa una "ineptitud" y "voluntad perversa", ya que el Código Civil y Comercial establece que "los plazos sprocesales e cuentan en días y no en horas".
Este plan de recuperación contaba con el respaldo político de ntendentes, presidentes comunales y funcionarios provinciales de las áreas de Cooperativas y Lechería de la Provincia de Santa Fe.
Contravención a la Ley de Cooperativas
La denuncia también hace hincapié en que el juez declaró la quiebra antes de que la Asamblea Extraordinaria de la cooperativa (órgano máximo) se pronunciara al respecto.
Incluso se señala que en dicha asamblea se designó arbitrariamente a un abogado de la empresa -que no era asociado- para dirigirla, violando los estatutos y la Ley 20.337.
Ante lo que consideran una "decidia absoluta" y "denegación de Justicia", los abogados solicitaron a la Corte la suspensión inmediata del juez Gelcich y de todos los plazos procesales para evitar daños patrimoniales irreversibles.
El Bloque Unificado de Acreedores Laborales y Comerciales, denominado Consorcio de Acreedores de Sancor, junto con Productores Tamberos y Asociados de SanCor C.U.L., anunciaron en los últimos días el lanzamiento de una ofensiva legal, institucional y social, destinada a frenar de forma inmediata el proceso de licitación y remate forzoso de las plantas industriales de la emblemática firma láctea.
Los representantes legales informaron el inicio de una serie de medidas drásticas ante la Justicia de Rafaela y el Gobierno provincial, para evitar lo que califican como "la destrucción de la matriz económica regional".
En este contexto, los acreedores pidieron incluso una audiencia con el gobernador, Maximiliano Pullaro.
El Consorcio de Acreedores ratificó que la salida "no es el remate a precio vil, sino la puesta en marcha de la propuesta alternativa radicada en la justicia bajo el diseño de SanCor S.A".
Para ello, proponen el siguiente esquema:
- 51% de capital privado: "Apertura a inversores nacionales y extranjeros para inyectar dinero fresco destinado exclusivamente a capital de trabajo y encendido de calderas".
- 49% para la región: "constitución de un Fideicomiso de Recuperación Productiva donde los trabajadores, tamberos y proveedores transforman sus deudas en participación accionaria, garantizando que la empresa quede en manos de quienes la forjaron".