"Satisfecho, pero sobre todo con el desafío que implica la sanción de estas leyes", dijo Olivares en rueda de prensa desde Casa de Gobierno y pidió no perder de vista que serán utilizados para el desarrollo en materia de infraestructura.
"Consideramos que es un fuerte respaldo al Gobierno y un apoyo a partir de lo que vamos haciendo, una construcción de credibilidad que va teniendo el Ejecutivo", valoró respecto al apoyo que consiguió la iniciativa en la Legislatura.
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En ese contexto, Pablo Olivares mencionó que cuando asumieron el gobierno, en diciembre 2023, detectaron tres grandes déficits: el primero referido a la seguridad y la violencia; el segundo vinculado a la baja calidad educativa y el tercero relacionado con la infraestructura, principalmente productiva que ponía a "Santa Fe en desventaja con relación a otras provincias al momento de atraer inversiones".
"Estos proyectos nos permiten ir mejorando la capacidad productiva, saldando la forma en que Santa Fe se posiciona en el crecimiento y que permitirá un salto muy importante en infraestructura", enfatizó.
Endeudamiento en Santa Fe
La Legislatura autorizó formalmente al gobierno de la provincia a tomar endeudamiento internacional por el monto de 1.150 millones de dólares.
Se trata de dos iniciativas, la primera apunta a tomar un crédito de 150 millones de dólares con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) para el financiamiento del Programa Integral de Logística Urbana y Metropolitana del Gran Rosario.
El otro, pide autorización para realizar operaciones de crédito público por hasta la suma total de 1.000 millones de dólares o su equivalente en otras monedas, con el objetivo de financiar parcial o totalmente la ejecución de gastos de capital de la Administración Provincial; cancelar, adquirir o recomprar títulos emitidos por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe.
Entre las principales modificaciones, los diputados dividieron el monto total en porcentajes, según el siguiente esquema: un cincuenta por ciento (50%) a gasto de capital en infraestructura productiva, en un veinticinco por ciento (25%) a gasto de capital en infraestructura social y, en el veinticinco por ciento (25%) restante a gasto de capital en seguridad pública.
Además, se estableció la creación de una comisión de seguimiento legislativo del uso de los fondos obtenidos por los préstamos.
