Pablo Cococcioni sobre las leyes de Seguridad en Santa Fe: "Tendremos más herramientas para combatir el delito"

El ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, explicó la importancia de las herramientas que aprobó Diputados que apuntan a combatir las bandas narcocriminales.

El ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, dialogó con AIRE, celebró la media sanción que dio la Cámara de Diputados al paquete de leyes de seguridad pública y fundamentó la importancia que tienen para combatir el crimen organizado.

El mensaje que obtuvo media sanción conservó buena parte de la estructura impulsada por el gobierno de Maximiliano Pullaro: modificaciones al Código Procesal Penal, herramientas para intervenir sobre inmuebles vinculados con actividades ilícitas, un régimen penitenciario especial, cambios en inteligencia y la ampliación del programa de recompensas.

"Para nosotros es un avance, es una herramienta muy positiva", celebró Cococcioni en diálogo con Luis Mino en el programa Ahora Vengo. Y agregó que cuando el Senado lo convierta en ley tendrán "mas herramientas para combatir el delito, el 90% de lo que planteamos en el proyecto se aprobó, hubo un gran respaldo y actuación muy responsable de la Legislatura. El resultado está, tenemos las herramientas y las vamos a utilizar", completó.

La policía de Santa Fe tendrá nuevas herramientas para combatir el delito.

La policía de Santa Fe tendrá nuevas herramientas para combatir el delito.

Consultado por las herramientas que se incorporarán a futuro, el ministro Cococcioni señaló que "hay dos grandes ramas de las reformas: algunas que tiene que ver con ampliar la capacidad de actuación del Estado en política criminal, dotando de más s herramientas para la lucha contra el delito y otras que apuntan a simplificar procesos". En relación a este último aspecto apuntó a la necesidad de "descongestionar el sistema judicial", agilizar etapa y optimizar los recursos.

Entre los cambios más importantes, señaló el criterio para aplicar el régimen agravado en las cárceles. En la práctica, implicará aplicar condiciones mucho más estricta para los internos de alto perfil que, aun detenidos, continúan cometiendo delitos. "Incluye aislamiento pleno y supresión de las visitas", sintetizó.

Seguridad: los principales cambios

La reforma conserva la ampliación de siete a nueve los supuestos en los que pueden realizarse allanamientos sin orden judicial, aunque introduce precisiones. Para buscar elementos vinculados con delitos, el texto aprobado exige que su ubicación en un domicilio pueda establecerse de manera precisa e inequívoca.

"Alguien que circula por la calle con un arma ilegal en la vía publica automáticamente debemos ir a la casa: se aprobó, pero con orden del fiscal, hubiéramos querido que sea solo con la disposición policial, pero se aprobó y lo valoramos", indicó Pablo Cococcioni.

Y agregó: “Muchas cuestiones que tienen que ver con más herramientas para luchar contra el delito y al mismo tiempo con tener un Estado más eficiente que resuelva rápidamente conflictos menores y se concentre en casos importantes”.

Inteligencia y recompensas: se incorporan nuevos controles

En materia de inteligencia, el texto aprobado establece que esas actividades deberán tener una finalidad exclusivamente preventiva y no podrán reemplazar las técnicas especiales de investigación previstas en el Código Procesal Penal. Si durante su desarrollo aparecen indicios de un delito concreto, deberá intervenir el Ministerio Público de la Acusación.

En cuanto al Fondo Provincial de Recompensas, se mantiene la posibilidad de ofrecer incentivos económicos para obtener información útil, pero se incorporan controles: una vez iniciada una investigación penal preparatoria, el Poder Ejecutivo ya no podrá disponer recompensas de oficio, sino que deberá hacerlo a requerimiento del MPA. También se exige que la información aportada sea decisiva y útil para justificar el pago y se agregan mecanismos de auditoría y trazabilidad.

Las facultades policiales que quedaron afuera de la reforma

El proyecto original proponía dos mecanismos que concentraron buena parte de las objeciones institucionales: habilitar a la Policía a interrogar a personas imputadas ante situaciones de peligro cierto para terceros o la seguridad colectiva y crear zonas de intervención policial especial.

"Como responsable de Seguridad tengo que pedir todas las herramientas para que existan menos delitos y homicidios: algunas implican poner en tensión, no violar garantías, pero sí poner en tensión libertades", explicó el Ministro y apuntó que el objetivo era determinar zonas donde la intervención ameritaba acciones especiales para intentar pacificar, y mencionó como ejemplo la restricción para circular en motocicleta en determinados momentos. "Era la propuesta porque lo necesitábamos, pero respetamos lo que resultó del debate democrático. Hubiera sido útil, pero entendemos las criticas".

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