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Organizaciones sociales acusan a concejales de JxC de proponer "un modelo de ciudad que excluye y favorece a los intereses inmobiliarios"

A raíz del debate público sobre los asentamientos ilegales en zonas de riesgo hídrico, organizaciones sociales criticaron algunas iniciativas presentadas en el Concejo Municipal. Resaltan que hay un grupo de concejales que sostiene "un modelo de ciudad que excluye y favorece a los intereses inmobiliarios". ¿Qué hicieron las gestiones anteriores para evitar que se desarrollen los asentamientos?

A fines de junio y a raíz de un informe realizado por AIRE, se puso en debate público el estado y el mantenimiento del sistema de defensas contra inundaciones de la ciudad de Santa Fe. La discusión se originó por a la instalación de asentamientos irregulares que, en muchas ocasiones, se realizan sobre terraplenes de defensa, reservorios o en zonas de riesgo hídrico. Dicho proceso comenzó incrementarse en 2007, cuando se iniciaba un período de tres gestiones del Frente Progresista.

Ante el trabajo periodístico, un grupo de concejales santafesinos (que formaban parte del Frente Progresista y hoy integran Juntos por el Cambio) realizó manifestaciones públicas e hizo presentaciones en el Concejo Municipal, con reclamos al Ejecutivo para la aplicación de políticas al respecto. Las manifestaciones e iniciativas impulsadas por los ediles provocaron respuestas no solo de la Intendencia, sino también de organizaciones sociales que trabajan en algunos de los barrios y asentamientos señalados.

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Es el caso de Manzanas Solidarias, Tramas, Derecho en Movimiento y Canoa, Hábitat Popular, quienes acusaron a los concejales de promover una ciudad “que excluye y favorece a los intereses inmobiliarios”. Estas organizaciones desarrollan un trabajo integral desde hace muchos años en Barrio Judiciales y buscan dotar al sector de la ciudad con equipamiento social y de la infraestructura; servicios; tratamiento de los espacios libres y públicos; eliminación de barreras urbanas; accesibilidad y conectividad; saneamiento ambiental; fortalecimiento de las actividades económicas familiares; redimensionamiento parcelario; seguridad en la tenencia de los terrenos y las viviendas; regularización del dominio de los terrenos y viviendas.

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El proceso de radicación de asentamientos

El proceso de radicación de asentamientos "irregulares" en Santa Fe comenzó incrementarse en 2007, cuando se iniciaba un período de tres gestiones del FPCyS.

Las organizaciones sociales advierten que para los ediles de JxC son “usurpaciones” e “ilegales” y, argumentan la necesidad de una política de gestión de riesgo "para justificar acciones de la Guardia de Seguridad Institucional (GSI) y la solicitud del traslado de las familias". Entre los asentamientos que mencionan, colocan Bajo Judiciales.

Sin embargo, Bajo Judiciales es un barrio popular, incluido en el Relevamiento Nacional de Barrios Populares (según Decreto N° 358 del año 2017, gobierno de Mauricio Macri) y reconocido como tal por la Ley N° 27453. Se encuentra identificado junto a otro sector cercano como Playa Norte, con el N° 3032. “Hay una ley nacional y una política nacional que le da identidad de barrio y a las familias que ocupan ese sector, la posibilidad de integrarse al Programa Nacional de Integración Socio- Urbana”, sostienen.

“Como las familias que habitan Bajo Judiciales están en situación de riesgo hídrico, las mismas estarán incluidas en el Proyecto General de Urbanización de Playa Norte (que está encaminado) o en el futuro que se defina para el Barrio General Paz, ambos muy cercanos, en el mismo sector urbano, garantizando a las familias mejores condiciones de habitabilidad y en el mismo territorio que habitan”, resaltaron las organizaciones.

Además, los integrantes de las organizaciones realizaron otros cuestionamientos.

1. ¿Con qué argumentos sustentan la “ilegalidad” y la figura de “usurpaciones”, cuando hay un encuadre jurídico nacional que reconoce a estos asentamientos como Barrios Populares? ¿No conocen la Ley Nacional N° 27453 y su reglamentación? ¿Desconocen que la Provincia de Santa Fe ha adherido a esta Ley para todo su territorio?

2. Si están preocupados por las ocupaciones de suelos en alto riesgo hídrico, ¿por qué no mencionan el avance realizado por un privado en el reservorio de este sector (en calle Beruti, frente al Barrio Judiciales), el cual fue denunciado por vecinos y organizaciones y detenido el relleno por el gobierno local, a partir de nuestra denuncia?

3. Solicitan la vigilancia y el control de la Guardias de Seguridad Institucional (GSI). ¿Proponen reproducir el accionar violento e irregular de desalojos de familias que sostuvieron durante una larga década hasta el 2018?, actuaciones que violaban todas las normas vigentes e internacionales.

¿Acaso este grupo de ediles no sabe que la GSI, como órgano municipal, no tiene competencia de policía? ¿Qué, de acuerdo al ordenamiento y marco jurídico-funcional sancionado en 2018, la GSI creada por decreto municipal 1277 en el año 2008, es un cuerpo de prevención municipal? ¿Qué debe abstenerse de hacer uso de la fuerza en los casos que intervenga, estando obligados a dar aviso a las fuerzas de seguridad competentes; actuar con imparcialidad, asegurando y garantizando los derechos de todas las personas?

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4 ¿Lo que se propone es, a partir de los desalojos forzados, traslados violentos en lugares y con propuestas habitacionales que no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad, generando nuevas condiciones de vulnerabilidad, profundizando las desigualdades socio-urbanas de las familias?

Las mismas instituciones sociales recordaron los diferentes conflictos que tuvieron durante las gestiones anteriores, debido a la actitud hostil de las autoridades de entonces. “Latente está el recuerdo en los vecinos de Bajo Judiciales y Playa Norte, del accionar violento e irregular de la GSI, que motivó una causa penal a su director durante la gestión de Barletta, destacaron. Además, reconocieron que “no podemos olvidar la autoría de estos legisladores, como parte del gobierno local, vulnerando los derechos de muchas familias santafesinas, obligándolas a trasladarse a lugares con peores condiciones de habitabilidad”.

Por último, en el comunicado dado a conocer, las organizaciones acusaron a los ediles de sostener “un modelo de ciudad que excluye y favorece a los intereses inmobiliarios”.