jueves 16 de junio de 2022
Santa Fe Narcotráfico en Rosario | Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina | Los Monos

La Corte Suprema de la Nación pone la lupa en Rosario ante el avance del narcotráfico

Los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sesionarán el jueves 12 de mayo en Rosario para respaldar el trabajo de la Justicia Federal, que arrastra un déficit de infraestructura y cuestionamientos por la falta de acción frente al avance del crimen organizado.

En Rosario hay fiscales amenazados, residencias de jueces y funcionarios que fueron baleadas por los narcos y edificios judiciales agujereados por los disparos. El Centro de Justicia Penal de Rosario, donde se realizan las audiencias orales, se encuentra vallado desde el año pasado y nadie puede circular por esa zona, que está custodiada de forma permanente por Gendarmería. Las audiencias en el fuero provincial contra engranajes del crimen organizado se hacen por videoconferencia porque el Servicio Penitenciario provincial no puede garantizar la seguridad en el traslado de los presos. La compleja situación que atraviesa Rosario no parece poner límites.

Por eso a los jueces y fiscales provinciales, que argumentan que ponen el cuerpo al investigar y detener a los eslabones más importantes del crimen organizado, les hizo ruido que el jueves próximo cuatro miembros la Corte Suprema de Justicia de la Nación arriben a Rosario para respaldar el trabajo de la Justicia Federal, que desde hace tiempo está en el centro de los cuestionamientos por la falta de acción frente al fenómeno del narcotráfico y la violencia.

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Un miembro de la Corte Suprema de Santa Fe llamó la semana pasada a Horacio Rosatti para contarle la compleja situación que enfrenta la justicia provincial en la lucha contra el narcotráfico.

Un miembro de la Corte Suprema de Santa Fe llamó la semana pasada a Horacio Rosatti para contarle la compleja situación que enfrenta la justicia provincial en la lucha contra el narcotráfico.

La Corte Suprema de Justicia y jueces federales de todo el país se instalarán el viernes en Rosario para dar una señal de apoyo a los magistrados, enviar un mensaje al gobierno nacional y exhibir un gesto de unidad interno del máximo tribunal. Es un hecho inédito y enmarcado como histórico, aunque sólo propone una mayor exposición de los jueces de alto tribunal en un problema que lleva más de una década. Los jueces y fiscales de Santa Fe esperan un respaldo del máximo tribunal, que hasta ahora no se ha hecho público.

Un miembro de la Corte Suprema de Santa Fe llamó la semana pasada a Horacio Rosatti para contarle la situación de la justicia provincial, donde se inician la mayoría de las causas de narcocriminalidad. Le transmitió el resquemor que surgió entre los magistrados provinciales y sobre todo los fiscales, que tienen un rol preponderante en el sistema procesal penal santafesino.

Desde siempre los funcionarios de la Justicia Federal y provincial en Rosario se miraron con desconfianza, que en parte fue promovida por las pujas de los sectores políticos. Esto emergió a partir de la detención del exjefe de la Policía Hugo Tognoli en 2012 por parte de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el inicio de la causa de Los Monos en 2013, tras el crimen de Martín Paz. En ese momento las críticas del fuero federal, sobre todo de fiscales que estaban empezando a investigar causas importantes, como Patricio Murray, tenía que ver con la desconfianza que recaía sobre los investigadores, puntualmente la Policía de Santa Fe.

Luego se comprobó que miembros de la División Judiciales, brigada que se creó en la gestión de Antonio Bonfatti para investigar a los Monos, jugaban para el enemigo de los Cantero, Esteban Alvarado, que está siendo juzgado actualmente en el Centro de Justicia Penal.

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Tras la detención de Ariel "Viejo" Cantero volvieron las amenazas contra fiscales y periodistas.

Tras la detención de Ariel "Viejo" Cantero volvieron las amenazas contra fiscales y periodistas.

El foco del terror y el miedo que generan las organizaciones narco está puesto hoy en los fiscales provinciales de Rosario. Unas horas antes de que comenzara la audiencia de imputación contra Máximo Cantero fueron amenazados los fiscales Valeria Haurigot, Franco Carbone y Gastón Ávila.

“Si el Viejo Cantero no sale en libertad, habrá plomos para todos. Fierros y balas nos sobran”, advirtió una mujer, desde un teléfono con característica de Buenos Aires con el que llamó a la central de emergencias policiales 911. Los fiscales de la Unidad de Criminalidad Organizada Luis Schiappa Pietra y Matías Edery no sólo enfrentan causas de peso, como el juicio al narco Esteban Alvarado, rival de Los Monos, sino una causa por pago de sobornos en la trama de juego clandestino contra el senador peronista Armando Traferri, que presiona en la Legislatura de Santa Fe para sancionar a los funcionarios del Ministerio Público que lo investigan.

En el Ministerio Público de la Acusación de Rosario, que pertenece al fuero provincial y es un sistema acusatorio y oral, se inician y se investigan las causas contra estos engranajes del crimen organizado por delitos vinculados a la violencia, bajo la amplia figura de la asociación ilícita, como ocurrió el viernes pasado con Máximo Cantero, el fundador de la banda de Los Monos, cuyo perfil encarna un récord: nunca fue procesado ni detenido por delitos federales en Rosario. La única condena a seis años de prisión que carga sobre sus espaldas a nivel federal se produjo en 2001, dos años después de ser detenido en Itatí, Corrientes, con 91 kilos de marihuana. En Rosario jamás piso los tribunales federales.

Ariel Cantero, conocido como Guille, y el resto de la mayoría de los jefes de la banda de Los Monos, fue condenado por primera vez por narcotráfico a 15 años de prisión en diciembre de 2019, en una causa cuyo nudo de pruebas provenía del expediente 913/12 que se investigó en el fuero provincial, una investigación protagonizada por policías de la División Judiciales de la provincia, varios de ellos condenados después por formar parte de la banda contraria, encabezada por Alvarado, quien actualmente está siendo juzgado en el fuero provincial.

Ante este escenario, las críticas contra la justicia federal de Rosario arrecian desde hace tiempo, por la falta de reacción ante una realidad que está resquebrajada por la violencia narco: se produjeron 100 homicidios en lo que va del año. Los sicarios ejecutan a una persona cada 33 horas en esta ciudad.

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El narcotráfico creció en los barrios más vulnerables de Rosario.

El narcotráfico creció en los barrios más vulnerables de Rosario.

A la par de las críticas, la situación de la Justicia Federal en Rosario es extrema. Tiene una pésima infraestructura, con un edificio como el de Oroño y Rioja, más cercano a la demolición, sumado a la falta de personal, y con dos juzgados de instrucción para causas penales y tres fiscalías –una vacante- desde hace 40 años para abarcar un problema como la narcocriminalidad que crece desde una más de una década.

Según el último informe sobre “narcocrominalidad 2020”, Santa Fe es el distrito con mayor cantidad de causas por delitos vinculados a la comercialización de estupefacientes. Allí se iniciaron, según datos oficiales, 2.863 causas en 2020, que representa el 21% del total del país.

Desde diciembre pasado el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti mantuvo varias reuniones con el Procurador General de la Corte Ricardo Casal, que le retrucó que en medio de la urgencia no se necesitan más juzgados sino fiscalías para que las causas puedan avanzar con mayor premura. La semana pasada, Perotti y el intendente Pablo Javkin le plantearon al presidente Alberto Fernández que se trate una ley específica para Santa Fe de reforma judicial. El lunes el gobernador se reunió con los diputados nacionales para acelerar el tratamiento en el Congreso de estas herramientas que podrían servir en Santa Fe.

Desde el año pasado el titular de la Cámara de Apelaciones Federal de Rosario Aníbal Pineda empezó a romper el cerco de bajo perfil de los magistrados federales. Le pidió a Perotti y a todos los legisladores que ejerzan presión para que esta situación cambie. Por primera vez desde la Justicia Federal se expone un cambio de actitud, de mayor apertura a los problemas terrenales de funcionarios, fiscales y jueces que trabajan en medio de una precariedad total.

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El presidente Alberto Fernández se reunió con el gobernador Omar Perotti y con el intendente de Rosario Pablo Javkin para analizar medidas para frenar el crecimiento del delito en la ciudad del sur de Santa Fe.

El presidente Alberto Fernández se reunió con el gobernador Omar Perotti y con el intendente de Rosario Pablo Javkin para analizar medidas para frenar el crecimiento del delito en la ciudad del sur de Santa Fe.

En la Asamblea Legislativa del 1º de marzo de 2020, el presidente Alberto Fernández anunció la creación de un nuevo juzgado federal en San Lorenzo, localidad portuaria vecina a Rosario, pero esto no se concretó.

A pesar de las limitaciones desde los últimos meses la coordinación entre fiscales federales y provinciales empezó a funcionar de manera mucho más aceitada. A veces no es necesario crear nuevas estructuras estatales sino hacer más efectivas las que hay. Eso pasó, por ejemplo, con las investigaciones que llevaron adelante de manera conjunta la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), a cargo de Diego Iglesias, con los fiscales de la Unidad de Crimen Organizado del MPA Schiappa Pietra y Edery.

“Esa es la clave de un trabajo que puede ser mucho más efectivo. Dividir los focos de las investigaciones, que tienen una base en delitos de venta de estupefacientes. Los fiscales del MPA centran sus energías en las acciones violentas de las organizaciones y los fiscales federales abordan el delito de narcotráfico. Se trabaja con fuerzas federales y provinciales. Se empezó a dar este año este tipo abordaje coordinado, que está dando buenos resultados”, afirmó a AIRE una alta fuente de la justicia federal.

El ejemplo de este nuevo paradigma fueron los 84 allanamientos simultáneos que se hicieron el 2 de octubre pasado en Rosario, donde el operativo tuvo como blanco la multiplicidad de negocios criminales de Ariel Cantero. Actuaron seis fiscales federales y de la Unidad de Crimen Organizado del MPA. “Esa línea de trabajo es la que tiene que aceitarse”, reconoció un fiscal federal que tiene sus oficinas en Buenos Aires.