El gobierno provincial enfrenta críticas de la oposición por un decreto sobre el juego online y un plan de obras públicas.
Maiquel Torcatt / Aire Digital
Dos decretos provinciales están bajo observación, al punto que en uno de los casos ya recibió la Observación Legal del Tribunal de Cuentas y una denuncia penal. La polémica no es menor porque involucra una concesión multimillonaria a privados en un caso, y un presupuesto de más de 4.000 millones de pesos para obras en el otro. El andamiaje legal con el que vieron la luz ambos decretos también tiene serias objeciones del Frente Progresista.
El primero de los decretos es el 998 del 21 de septiembre. El Poder Ejecutivo le concedió por esa vía a los grupos que operan los casinos de Melincué, Rosario y Santa Fe la exclusividad de la explotación de los juegos de azar en la provincia a través de plataformas online.
Apenas se conoció, la oposición puso el grito en el cielo e hizo graves objeciones a los argumentos del presidente de la Caja de Asistencia Social Rodolfo Cattáneo, quien justificó la decisión por la pandemia, el cierre de los casinos físicos y el riesgo de las fuentes de trabajo. Para defender las impugnaciones legales afirmó que no se trataba de una nueva concesión de juego online sino una extensión de la concesión vigente de la explotación del juego físico autorizado por la ley de 2001 en las tres ciudades. Más allá de las críticas, el bloque de diputados radicales, con Maximiliano Pullaro a la cabeza, pasó a la acción: presentó una denuncia penal por tratarse de “un decreto ilegal” y “un acto ilícito”.
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Sin embargo, la opinión de la política de los opositores quedó en segundo plano este miércoles cuando el Tribunal de Cuentas no dejó pasar el decreto y promovió una Observación Legal.
Declara que “la ley vigente en Santa Fe no contempla el juego online”, por lo tanto “el decreto excede las autorizaciones previstas en la ley, en virtud de que el Poder Ejecutivo no se halla facultado para autorizar el desarrollo de la actividad mediante el dictado de una norma de menor rango”.
Sostiene que “si bien el objetivo primigenio era reemplazar la actividad suspendida en los casinos físicos por pandemia covid-19 y sus consecuencias, el plazo por el que se otorgan es hasta el vencimiento de la concesión”, es decir 15 años. El Tribunal afirma que “aún en el caso de que ese órgano estuviera facultado para habilitar la actividad… dicha argumentación aparece insuficiente para fundar semejante extensión temporal; y por tanto el acto se encuentra viciado por no contar con la motivación suficiente”.
Deja en claro que “la actividad que se pretende habilitar no figuraba en el pliego de concesión, generando un cambio en los términos de la concesión oportunamente dispuesto”.
Por último señala que consultar y dar participación “a la comisión bicameral de seguimiento establecida en la ley es un acto imprescindible para cualquier modificación”. Esto no se advierte que se haya hecho, “por lo tanto en el supuesto que la nueva modalidad hubiera estado prevista en la ley, el acto igual se encontraría viciado por esta omisión”. Advierte que “dicho vicio no es subsanable con la sola comunicación posterior” a la comisión.
La resolución del Tribunal devuelve la pelota al gobernador. Tiene dos caminos posibles:
- Asumir la ausencia de legalidad que observa el Tribunal, derogar el decreto y envíar un proyecto de ley a las cámaras para habilitar el juego online y licitar la concesión.
- Insistir con el decreto o ensayar alguna corrección de ocasión y patear para adelante las posibles consecuencias.
Cabe aclarar que las jurisdicciones que autorizaron el juego online tuvieron debates muy completos que excedieron los plazos y el canon a recaudar por la provincia. Las plataformas virtuales permiten un amplio abanico de regulaciones superiores a las del juego presencial, por ejemplo sobre ludopatía o impidiendo el uso de tarjetas de débitos vinculadas a cuentas donde se depositan planes sociales.
Cerrar el Abre
El otro decreto en cuestión es el 1.184 del 6 de noviembre pasado por el cual el gobernador declaró la “inaplicabilidad” de la ley 13.896 que convirtió el Plan Abre en el Programa de Intervención Integral de Barrios, aprobada y promulgada hace exactamente un año.
También en este caso se objeta que se pretende con un decreto dejar sin un decreto una ley que es de mayor rango. Si bien no menciona la palabra específica, se puede leer lisa y llanamente como un veto tardío y extemporáneo a la ley 13896.
Para salvar esa imposibilidad legal, la Fiscalía de Estado (el órgano jurídico del gobierno) recurrió a una supuesta “inaplicabilidad de la ley” (el Plan Abre se aplicó desde 2013 hasta 2019) por no cumplir estándares constitucionales. Aduce que el Programa de Intervención Integral de Barrios discriminaba a las comunas porque sólo se ocupaba de las ciudades, entre otros argumentos entendibles para el debate político pero difícil de encuadrar en términos legales y constitucionales.
Al mismo tiempo el decreto reemplaza el programa “discriminador” por un plan propio denominado Incluir que se crea en el mismo acto administrativo.
Es evidente que el gobernador tomó una decisión política –en este caso dar de baja una política social con rango de ley que venía de las administraciones anteriores para reemplazarla por otra propia denominada Plan Incluir– que por las razones que sea no quiso que pasara por la Legislatura, pero para financiarlo necesita las partidas presupuestarias previstas para el programa que desaparece. Quienes se ocuparon desde gobierno y la Fiscalía de Estado no parecen haber encontrado un andamiaje legal y argumentativo razonable para poner en práctica aquella decisión política.
Tal vez para subsanar la fragilidad legal del decreto 1884, en el artículo 53 del proyecto de Presupuesto 2021 le asigna estatus de ley al Plan Incluir y le asigna una partida de unos 4.000 millones de pesos. Según cálculos de la oposición, se trata de unos 800 millones menos de lo que hubiera correspondido si se respetase el piso de recursos establecido en la ley declarada inaplicable. Menos dinero y a repartir entre muchos más, dicen.
Por un lado queda la discusión jurídica en torno a la ley que estaba vigente y la utilización del decreto para correrla del medio; por otro el enfoque político de oficialismo y oposición, que será motivo de debate cuando el Presupuesto llegue a Diputados.
Un detalle no menor es que las quejas hasta ahora son sólo del Frente Progresista y no de los senadores del PJ. Esto es gracias al acuerdo que les propuso el gobernador a éstos últimos para evitar que se enojaran porque les tumbaba una ley que ellos impulsaron hace un año, cuando las relaciones con el entonces gobernador electo eran malas. En definitiva, les dijo, también se van a beneficiar las comunas de sus departamentos. Claramente las que perdieron son las áreas metropolitanas de Rosario y Santa Fe, porque aun cuando haya voluntad política los recursos serán muy inferiores.
Además, es para ir observando esta decisión de abordar la exclusión, los graves problemas de convivencia y la consecuente violencia en Rosario o Santa Fe con la misma herramienta que para los pueblos. Claro que éstos últimos enfrentan desafíos que para esas comunidades son serios, pero la escala y la complejidad de ambas situaciones merecen intervenciones completamente diferentes. Nada de lo que pasa en el Gran Rosario o Gran Santa Fe se resuelve sólo con obras, ni de un año para el otro, porque es todo parte de una complejidad que, ya está demostrado, requiere intervenciones planificadas, algunas generales y otras específicas, casi quirúrgicas, y recursos permanentes. Y aun si los resultados nunca van a estar garantizados ni serán siempre los mismos.
Pero esas son cuestiones que exceden las observaciones a los decretos.
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