Jueces, fiscales y empleados de la Justicia federal de Santa Fe, Rosario y varias ciudades de la provincia permanecen en total de incertidumbre tras el sorpresivo anuncio de la Nación que ordenó la inmediata implementación del sistema acusatorio.
Frente de la Cámara Federal de Rosario, el organismo designado para administrar las sedes judiciales de la provincia.
Archivo/ Aire Digital La resolución ordenó que a partir del próximo 18 de marzo, la Justicia federal tramite los casos penales mediante la oralidad, tal como lo aplican las provincias de Salta y Jujuy que son las únicas en el país.
Actualmente, el fuero federal se maneja, desde 1992, bajo un sistema mixto. Primero se investiga por escrito y bajo la instrucción de un Juzgado; y luego, cuando el fiscal determina, el expediente se eleva a juicio a un Tribunal Oral, en donde se define si la causa va a juicio o se busca una medida alternativa para destrabar un conflicto penal: acuerdos abreviados o suspensiones de juicio a prueba, por ejemplo.
En 2019, el Congreso de la Nación votó finalmente la reforma judicial para que la Justicia federal funcione mediante la oralidad y los fiscales encabecen las causas judiciales y los jueces sean de garantías. Sin embargo, esa aplicación, quedó en la provincia de Santa Fe en suspenso, pese a que en algunas oportunidades se desarrollaron capacitaciones y charlas para su implementación. Inclusive, dicha aplicación quedó algo opacada con anuncios políticos que se dieron años después, cuando, por ejemplo, el entonces presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció en 2020 la creación de un Juzgado Federal en San Lorenzo, pese a la sanción de la ley del Nuevo Código Procesal Penal que prevé la disolución de los Juzgados de Instrucción.
Si bien la implementación del nuevo sistema era ya un hecho, el reciente anuncio del Ministerio de Justicia de la Nación cayó como un baldazo de agua fría en cada sede judicial de la provincia y principalmente en la Cámara de Apelaciones de Rosario que actuará como organismo administrador de Santa Fe, Rosario, Rafaela, Venado Tuerto, San Lorenzo y la localidad bonaerense de San Nicolás.
“No hay salas de audiencia construidas”, indicaron algunos jueces consultados por AIRE sobre si es viable el arranque el próximo lunes en todo el territorio provincial. Es que el sistema prevé que los casos se discutan en una sala, tal como se ejecuta en la Justicia provincial desde el 2014.
“Ni siquiera tenemos un juez designado”, comentó otro magistrado al referirse que la ley dispone que haya seis jueces de garantías y otros seis de revisión.
Sumado a ello, la Justicia federal tampoco cuenta con una Oficina de Gestión Judicial que es el organismo encargado de la agenda de audiencias, tramitar las designaciones de jueces o tramitar las libertades o prisiones dictadas en fallos judiciales, entre otras tareas. “No existe ni tampoco tiene cargos creados”, comentaron altos magistrados federales de la provincia. “Fue una decisión inconsulta y sorpresiva del poder ejecutivo”, agregaron.
Por estas horas, la Justicia federal aguarda si la intervención del Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, logra frenar la decisión del gobierno al solicitarle al Ministro de Justicia una prórroga de por lo menos tres meses para adecuar las sedes judiciales.
“La puesta en marcha de un sistema procesal totalmente regido por la oralidad exige una readecuación integral de los espacios de trabajo a fin de garantizar su efectiva realización”, consideró Casal en la carta que le envió a Cuneo Libarona.
“Es indispensable la adecuación de la infraestructura edilicia para las exigencias del nuevo modelo organizacional del Ministerio Público Fiscal -las unidades fiscales- y que permita garantizar el resguardo de evidencia, la recepción y alojamiento transitorio de personas detenidas, el reemplazo del tradicional expediente a un legajo digital”, destacó en otro tramo.
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