Carlos Varela y su equipo habían logrado que al líder de Los Monos le cambiaran la calificación, de autor a partícipe, con una condena a ocho años de prisión. Era un pacto, que si hubiera prosperado Cantero estaría hoy en libertad. Pero ocurrió algo en el medio que provocó que todo se fuera al demonio. Miguel del Sel ganó le sacó una ventaja de 145.000 votos a Miguel Lifschitz en la PASO de abril de ese año. El Frente Progresista se veía amenazado de perder el poder en medio de un complicado contexto atravesado por crímenes y venganzas, que en 2013 llevaron a que se cometieran 261 homicidios. Y que otro hecho conmoviera la política como el atentado la casa del entonces gobernador Antonio Bonfatti.
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“Guille” Cantero, el líder de Los Monos.
Lifschitz fue uno de los que se oponía a ese acuerdo. Luego, el juez Daniel Acosta, de la Cámara de Apelaciones, terminó de derribar el pacto judicial. Los años que siguieron dieron las respuestas a ese intento de acuerdo fallido con una de las principales bandas criminales. Todo empeoró. En el juicio que se hizo contra Esteban Alvarado en 2022 quedó claro que parte de los policías que perseguían a Los Monos eran empleados del Estado y del propio jefe narco que fue condenado a perpetua.
Esa propuesta beneficiosa para el líder de Los Monos terminó siendo un bumerán. Los homicidios siguieron en alza y se activaron otras maniobras delictivas, que provocaron mayor terror en la ciudad, como las extorsiones.
Hoy se vuelve a hablar de pacto por la abrupta caída de los asesinatos durante estos ocho meses. Es la manera más sencilla de exponer un argumento sin profundizar sobre la manera en que podría gestarse un acuerdo entre el crimen organizado y el Estado, algo que es imposible de la manera en que lo plantean algunos actores.
Es el camino más fácil para poder explicar lo que ocurre hoy. Desde hace unas semanas aparece en la escena algo llamativo: es más simple explicar los 280 crímenes de 2022 que la sequía de sangre en agosto pasado, cuando se produjeron dos ejecuciones en Rosario. Lo que estaba fuera de la regla era que Rosario tuviera cuatro veces más asesinatos que la media nacional. O que en los barrios Ludueña y Empalme Graneros entre 2021 y 2023 se mataran por el control para la venta de drogas en pocas manzanas más de cien personas. ¿Era factible un negocio criminal donde había un alto riesgo de morir o de ir a la cárcel muchos años por pocas monedas? Se habló en los últimos años, incluso, de un narcotráfico de subsistencia, con actores pobres y marginales que terminaban indefectiblemente en el cementerio o en un pabellón de Piñero.
¿Cómo acordar la paz con ese ejército de soldaditos inorgánicos, que pertenecen a una geografía narco atomizada, que no tiene una hegemonía clara de un grupo criminal?
El error está en dar por solucionado y cerrado un problema que afecta a Rosario desde hace dos décadas. En el libro Rosario varios actores de los orígenes de este negocio exponen que el pico de la recaudación por la venta de drogas se remonta entre 2005 y 2008, una época en que los asesinatos en Rosario no eran un problema político. Esta ciudad tenía en ese entonces un promedio de crímenes similar al de Córdoba. Entre 80 y 90 homicidios por año, un poco menos de la proyección de este año. Se vendía droga sin matar. Y eso está ocurriendo ahora.
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El libro Rosario de German De Los Santos y Hernan Lascano.
Los argumentos que se expusieron desde el Estado apuntan a que las medidas de urgencia que se tomaron en materia de seguridad, tanto a nivel nacional como provincial, contribuyeron directamente a bajar los altos niveles de violencia en la ciudad, que llegó a tener una tasa de 21 homicidios cada 100.000 habitantes.
Hay dos temas claves que, según coincidieron fuentes del gobierno y de la Justicia provincial fueron prioritarios, como los mayores controles en las cárceles, tanto federales como provinciales, a los presos de alto perfil, es decir, a cuadros de relevancia dentro de las organizaciones criminales, como Los Monos y el clan Alvarado, entre otros. Y, por otro lado, la recuperación del control de las calles de parte de las fuerzas de seguridad.
El ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Coccoccioni, explicó que a finales del año pasado en Rosario había solo 20 patrulleros en las calles, mientras que ahora, con el refuerzo de Gendarmería, Prefectura y Policía Federal, hay 247. “Se empieza a ver que hay un cambio. Antes cualquiera salía en una moto con 9 milímetros porque sabía que nadie lo iba a detener. Ahora tiene mayores riesgos y para evitar ir preso y que le secuestren el arma sale “limpio”. Vemos que las medidas que se tomaron empiezan a calar hondo en las organizaciones criminales, que ven un cambio de época, que es advertido por los delincuentes”, consideró el titular de la cartera de Seguridad. “No es menor que haya, frente a este tema, un discurso unificado entre la Nación, la provincia y el municipio, sin grietas”, apuntó.
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El ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Coccoccioni.
La hipótesis de Coccoccioni es compartida por otros eslabones de la Justicia que investigaron a estas organizaciones criminales. “Lo que se puede ver es que hay una reacción de parte de los grupos que mantenían el negocio de la droga con base en la violencia, porque no había un dominio territorial. A pesar de las falencias estructurales, la policía y la intervención con agentes federales recuperó en parte el dominio del Estado en los territorios”, señaló un fiscal que estuvo al frente de las causas más relevantes.
Uno de los cambios que ven en el Ministerio de Seguridad de Santa Fe en cuanto a las estrategias de las bandas está relacionado con la venta de drogas. “El búnker perdió protagonismo frente a los mayores controles. Primero abandonaron el búnker como existió siempre, que era un centro de distribución y venta. Dejaron a chicos, en su mayoría menores, con pocas dosis, por si enfrentaban un secuestro de estupefacientes. Después cerraron el kiosco y pusieron un ‘transa’ en la esquina. Y ahora lo que más impera es el delivery”, señaló una calificada fuente de la cartera de Seguridad.
El objetivo principal, recalcan en el ministerio, es intervenir en situaciones donde hay violencia. “El tema de la tenencia de droga sin violencia es un problema de salud, no de seguridad”, graficaron.
Este año Santa Fe se adhirió a la ley de desfederalización del narcomenudeo, que ahora está bajo la órbita de una unidad del Ministerio Público de la Acusación y de la policía. La prioridad, según delinearon fuentes judiciales, es intervenir cuando haya episodios de violencia que provoquen problemas en el lugar.
