El Gobierno de Santa Fe se presentó ante la Justicia como querellante en la causa que investiga a 10 personas, sospechadas de haber cometido el delito de fraude a la administración pública que fue descubierto por el área contable del Hospital Iturraspe de esta capital.
El hospital factura a prepagas, obras sociales, compañías de seguro, etc., por sus servicios. Parte de ese dinero fue desviado ilegalmente.
Además, Fiscalía de Estado lleva adelante los correspondientes sumarios administrativos a estos empleados, quienes desde enero de este año se encuentran suspendidos en sus funciones.
El enfermero del área de Neonatología, Gerardo Gudiño, es una de las víctimas. Según explicó en el programa Creo, que se emite cada mañana en AIRE, existen alrededor de 2.000 empleados del Hospital Iturraspe que fueron afectados.
Si bien la Justicia investiga lo sucedido entre enero de 2020 y octubre de 2023, Gudiño aseguró que hace entre 9 y 10 años que junto a sus compañeros vienen notando situaciones extrañas que no tenían explicación.
El hospital factura cada mes por sus servicios a obras sociales, mutuales, empresas de medicina prepaga, compañías de seguros, medicina laboral y otras entidades similares. El 30% de esa recaudación, debe distribuirse entre los trabajadores del nosocomio.
"Nosotros veíamos cómo los empleados del hospital Cullen cobraban mucho más que nosotros. Si bien el Cullen tiene mayor facturación que el Iturraspe, había mucha diferencia. Si ellos cobraban 50.000 pesos, nosotros recibíamos 5.000", recordó el entrevistado.
Los empleados del Iturraspe no son los únicos perjudicados por las maniobras fraudulentas, ya que el 65% del dinero facturado por el hospital se destina para compras de bienes de uso y prestaciones de servicios; el 30% para todo el personal y el 5% restante para ayudas médicas, cursos o capacitaciones.
Imputados en la Justicia provincial
El pasado lunes, la Justicia imputó a estas 10 personas a las que se investiga por haber sido partícipes necesarias de un fraude a la administración pública. Las atribuciones delictivas fueron realizadas por el fiscal Federico Grimberg, en la sede de la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 1.
El funcionario del MPA informó que “entre los imputados hay cuatro mujeres y seis hombres”, y aclaró que “transitarán el proceso judicial en libertad”. Además, puntualizó que “en el mismo legajo hay otras cuatro personas identificadas, una de las cuales es investigada por la autoría de las defraudaciones”.
El fiscal afirmó que “a sabiendas de que era ilegal, los partícipes necesarios recibieron en sus cuentas bancarias montos de dinero superiores a los que les debían acreditar por la distribución del comúnmente denominado ‘Fondo del 30%’”. Según explicó, “se trata de la recaudación que surge de los servicios brindados en el efector a usuarios de obras sociales, mutuales, empresas de medicina prepaga, seguros de accidentes, medicina laboral y otras entidades similares”.
“Durante años, el hombre investigado como autor de los ilícitos remitió al Consejo de Administración el detalle de las liquidaciones con información verídica acerca de cuánto dinero le correspondía a cada uno de los empleados activos del hospital y luego tergiversó las listas al contactarse con la entidad bancaria mediante la cual se realizan los pagos”, especificó Grimberg.
Desde enero de 2020, el fraude fue por un total de 38.337.865 de pesos –monto que, actualizado por inflación, asciende a 100 millones de pesos–, "contemplando las cifras recibidas por el Fondo del 30% en cuentas de las que son titulares los investigados como autor y partícipes necesarios de las conductas delictivas”.
A principios de 2024, la ministra de Salud, Silvia Ciancio, ordenó suspender temporalmente a 14 empleados del Iturraspe. Mediante la resolución N°90, la titular de la cartera dispuso que los empleados sean suspendidos por el plazo de 90 días.
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