Durante años, los sospechosos se quedaron con dinero que pertenecía al Hospital Iturraspe y a sus empleados.
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Hasta el momento fueron solo rumores. Sin embargo, fuentes cercanas a la causa confirmaron a AIRE la sospecha de que el principal imputado por el fraude cometido durante años contra el Hospital Iturraspe y sus empleados, abandonó el país y se encuentra prófugo de la Justicia. Incluso, revelaron que desde el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe se piden informes a la Dirección Nacional de Migraciones para corroborar esta situación.
Se trata de Jorge Alberto C., empleado que se desempeñaba en la sección "Sueldos" del hospital y era el encargado de distribuir el denominado "Fondo del 30%" entre el resto de los agentes. Dichos fondos surgen de la facturación que el hospital realiza por sus servicios a obras sociales, prepagas, compañías de seguro o entidades de medicina laboral.
Los empleados del Iturraspe no fueron los únicos perjudicados por las maniobras fraudulentas, ya que el 65% del dinero facturado por el hospital se destina para compras de bienes de uso y prestaciones de servicios; el 30% para todo el personal y el 5% restante para ayudas médicas, cursos o capacitaciones.
Desde enero de 2020, el fraude investigado alcanza el total de total de 38.337.865 de pesos –monto que, actualizado por inflación, asciende a 100 millones de pesos–, "contemplando las cifras recibidas por el Fondo del 30% en cuentas de las que son titulares los investigados como autor y partícipes necesarios de las conductas delictivas”.
Los abogados Romeo Díaz Duarte y Agustín Márquez, representantes del Consejo de Administración del Hospital Iturraspe, presentaron una ampliación de la denuncia inicial ante el fiscal Federico Grimberg.
En el escrito describen de qué manera Jorge Alberto C. hacía las transferencias de los lotes de pago, adulterando las planillas previamente autorizadas por el Consejo de Administración.
Básicamente, el Consejo autorizaba las planillas con los datos correctos, pero luego los imputados las manipulaban al hacer las transferencias bancarias. Incorporaban nuevos nombres y números de documento, siempre con las mismas cuentas bancarias de las que ellos mismos eran titulares.
El fraude consistía en transferir todos los meses más dinero del que le correspondía a sus cuentas, mientras el hospital y el resto de los empleados recibían menos de lo que les correspondía de estos fondos.
Además de la revisión primaria que realizaba el Consejo de Administración a esas planillas, las mismas luego eran enviadas en expedientes al Tribunal de Cuentas que, en su función de órgano de contralor, tampoco logró identificar oportunamente las irregularidades.
"Esto nos demuestra la imposibilidad de tener algún alerta en el proceso de distribución, dado el trabajo de 'hormiga' efectuado supuestamente por estos empleados para apoderarse del dinero de sus compañeros", dicen los abogados en su presentación.
Las irregularidades se produjeron hasta que, la jefa de la División Contabilidad del hospital, advirtió que unos pocos agentes venían cobrando montos notoriamente superiores al del resto de los trabajadores
Si bien la Justicia investiga lo sucedido entre enero de 2020 y octubre de 2023, los empleados del hospital aseguran que desde hace al menos 9 años notan situaciones extrañas que no tenían explicación.
En la ampliación de la denuncia, los abogados suman dos nuevos nombres de personas que también podrían estar implicadas en el fraude: se trata de un hombre y una mujer con el mismo apellido y que con el mismo domicilio de la ciudad de Santa Fe. Por sus números de documento, se deduce que puede tratarse de un padre y de su hija.
Tal como adelantara AIRE, el Gobierno de Santa Fe se presentó ante la Justicia como querellante en la causa. Además, Fiscalía de Estado lleva adelante los correspondientes sumarios administrativos a diez empleados, quienes desde enero de este año se encuentran suspendidos en sus funciones.
El enfermero del área de Neonatología, Gerardo Gudiño, es una de las víctimas. En el programa Creo, que se emite cada mañana en AIRE, afirmó: "Nosotros veíamos cómo los empleados del hospital Cullen cobraban mucho más que nosotros. Si bien el Cullen tiene mayor facturación que el Iturraspe, había mucha diferencia. Si ellos cobraban 50.000 pesos, nosotros recibíamos 5.000".
El lunes de la semana pasada, la Justicia imputó a estas 10 personas a las que se investiga por haber sido partícipes necesarias de un fraude a la administración pública. Las atribuciones delictivas fueron realizadas por el fiscal Grimberg, en la sede de la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 1.
El funcionario del MPA informó que “entre los imputados hay cuatro mujeres y seis hombres”, y aclaró que “transitarán el proceso judicial en libertad”. Además, puntualizó que “en el mismo legajo hay otras cuatro personas identificadas, una de las cuales es investigada por la autoría de las defraudaciones”.
El fiscal afirmó que “a sabiendas de que era ilegal, los partícipes necesarios recibieron en sus cuentas bancarias montos de dinero superiores a los que les debían acreditar por la distribución del comúnmente denominado ‘Fondo del 30%’”.
“Durante años, el hombre investigado como autor de los ilícitos remitió al Consejo de Administración el detalle de las liquidaciones con información verídica acerca de cuánto dinero le correspondía a cada uno de los empleados activos del hospital y luego tergiversó las listas al contactarse con la entidad bancaria mediante la cual se realizan los pagos”, especificó Grimberg.
A principios de 2024, la ministra de Salud, Silvia Ciancio, ordenó suspender temporalmente a 14 empleados del Iturraspe. Mediante la resolución N°90, la titular de la cartera dispuso que los empleados sean suspendidos por el plazo de 90 días.
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