La Fiscalía Regional 4 con sede en Reconquista, no alcanza a cubrir sus gastos. “Acá tenemos tres unidades fiscales (Reconquista, Vera y Las Toscas) y la fiscalía regional. Tenemos un presupuesto para gastos corrientes de 90.000 pesos por mes y nos mandan 50.000. Y los últimos tres meses del año pasado nos mandaron 30.000. Sí tenemos la tarjeta Visa flota para cargar nafta: 22.000 pesos al mes para todos los vehículos”, explica Rubén Martínez, fiscal Regional de Reconquista.
“Ni hablar de cobrar viáticos –insiste Martínez–. Si uno viaja y no va en auto oficial porque no está disponible tiene que pagar de su bolsillo. Hay que pagar hotel, comida… Muchas veces manejamos nosotros porque no podemos pagarle los gastos al chofer. Uno lo hace porque los sueldos del Poder Judicial son buenos, pero las cosas no pueden funcionar dependiendo del voluntarismo de cada persona”.
En Rosario, por ejemplo, los fondos de la regional suelen no alcanzar para realizar pericias que pueden ser tan costosas como decisivas para resolver una investigación. Por ejemplo, las realizadas para el caso Bocacha Orellano –que permitieron consolidar la hipótesis del homicidio– o la picada fatal de 27 de Febrero y Necochea. En 2020, la regional Rosario tuvo gastos en pericias por 979,4 mil pesos y en los primeros tres meses de 2021 ya usó 271 mil. Por lo general son pericias genéticas, medioambientales, accidentológicas y odontológicas. Cuando no hay caja, sale en auxilio la Fiscalía General.
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Caso Bocacha. El día que peritos y agentes de la Prefectura encontraron el cuerpo.
“El MPA es una institución a la que se le traspasaron todas las competencias y causas del viejo sistema de instrucción penal pero no la estructura y los recursos acordes”, recalca la fiscal regional de Rosario María Eugenia Iribarren. Ella fue una de las últimas fiscales del sistema penal residual en pasarse al nuevo. Tras la detención y destitución de Patricio Serjal fue designada como fiscal regional interina de Rosario.
Las pulseadas por recursos con los gobiernos de turno son un clásico. El actual gobierno escribió un nuevo capítulo cuando el año pasado accedió a traspasar los dos laboratorios de Recreo y Santa Fe al MPA pero lo hizo sin los correspondientes y con personal en comisión. Por lo tanto el MPA, con el mismo presupuesto ahora sumó más gastos. “Es muy caro sostener dos laboratorios de ese nivel. Requiere mantenimiento de equipos, e insumos permanentes que en su mayoría cotizan en dólares”.
El salvavidas
“Nunca faltó presupuesto”, aclara el administrador general del Ministerio Público de la Acusación, Guillermo Rabazzi, en referencia a que en el último tramo de cada año, el Poder Ejecutivo gira –fruto de una negociación con las autoridades del MPA– una ampliación de partidas. En 2019 fue un 18% por encima de lo presupuestado (de 98,7 millones a 107 millones) y en 2020 un 22% (de 166 millones a 206 millones).
Rabazzi detalla otras fuentes de ingresos del MPA, que son circunstanciales y no estables. Hace tres años un convenio entre provincia y Nación reportó una asistencia de alrededor de 100 millones que la fiscalía general usó para dotar de tecnología los laboratorios. Entre ellos 4 microscopios ópticos; 2 cromatógrafos gaseosos; 2 espectrofotómetros UV-VIS; 1 espectrofotómetro FTIR; 1 microscopio de barrido electrónico; 1 cromatógrafo líquido con detector selectivo de masas triple cuadrúpolo, q-tof.
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Sin embargo, la fuente de ingresos con más proyección a futuro por fuera del presupuesto oficial es la denominada “3003”, por el código contable que la identifica. Esos son dineros que ingresan al MPA en concepto de multas, donaciones y costas que pagan los condenados. Hasta ahora son montos desparejos año a año, según los casos y la constancia de los fiscales en calcular y pedir a los jueces que impongan costas.
Como para tener una medida de comparación, el Poder Legislativo maneja en 2021 un presupuesto superior a 7 mil millones de pesos. El Ministerio de Seguridad 40 mil millones.
Hay dos patas del MPA completamente desfinanciadas. Son el Organismo de Investigaciones y la Auditoría General.
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El Organismo de Investigaciones junto con la TOE.
El Organismo de Investigación hace la tarea de policía judicial y está al servicio de los fiscales en lo que es análisis, análisis digital forense e investigación de campo. Está en el centro de las disputas políticas, todos lo ven como una pieza indispensable para el combate del delito complejo, pero lo cierto es que a la hora de hacer el presupuesto provincial no se le asignó presupuesto al OI. Probablemente para visibilizar esta situación, por primera vez este año el MPA lo desagregó en su presupuesto (con sus propios recursos, 16,5 millones), al igual que a la Auditoría General y los Laboratorios.
“Cero peso le dio el Ejecutivo al OI, cero. No hubo preocupación política desde el Ejecutivo, y diría de nadie, en construir el OI, todo es personal en condiciones laborales precarias, la gran mayoría policías en comisión; no compró nada de tecnología; no tenemos vehículos asignados, cupo de combustibles, equipo informático, es una situación penosa. En Rafaela son tres policías en una piecita, en Reconquista cuatro”, describe una fuente del MPA, quien aclara que esas regionales reciben la colaboración de las unidades de Santa Fe y Rosario cuando necesitan. Atento al ruido político que significa el regreso de Marcelo Sain a la dirección, la misma fuente dijo “no poder creer” que siendo ministro Sain “no compró nada, ni una laptop, para el Organismo de Investigación del cual es director”.
Otra fuente reconstruyó el regreso de Sain al OI: "Cuando lo vio a Baclini (fiscal general) lo primero que le dijo fue «necesito esto, y esto y esto». Parece que Baclini le respondió «y cómo cuando estabas del otro lado no lo compraste vos con el presupuesto millonario que tenés»".
La Auditoría General es la más desprovista. Tiene dos áreas de incumbencia: la disciplinaria –fue clave su actuación en los casos de mayor repercusión pública que involucraban a fiscales– y de control de gestión de las cinco regionales.
El último informe del fiscal general es lapidario sobre las condiciones en la que la auditora general María Cecilia Vranicich lleva adelante esas tareas clave.
El informe menciona una "carencia total de personal de planta permanente", situación de la que se informó tanto a los poderes Legislativo y Ejecutivo como a la Corte Suprema de la provincia: "Desde 2017 se vienen requiriendo acciones y acompañamientos institucionales para revertir esta situación", sostiene. Dice que la AG necesitaría “contar con dos directores; cuatro jefes de departamento; 21 empleados administrativos y un empleado de servicios generales. Sin embargo, en la actualidad, cuenta con la Auditora General de Gestión; un funcionario de la Fiscalía General, cuatro abogados contratados; una ordenanza y un empleado de la Fiscalía Regional”. Recuerda que “alertado de las carencias, el Poder Ejecutivo se comprometió a dotar de 12 cargos de empleados a la AGG”. El informe cerró es de agosto de 2020. Hasta el momento no llegó ninguno.
Recursos humanos
El otro aspecto decisivo en el funcionamiento del MPA es la carencia de recursos humanos, donde destacan menos fiscales de los que marcan los estándares internacionales en relación a la población; baja relación fiscales-empleados administrativos; y una estructura que se sostiene con un ejército de pasantes desproporcionada en relación a la cantidad de personal de planta.
El MPA tiene hoy 167 fiscales, entre titulares y adjuntos, 59 funcionarios y 437 empleados de planta permanente (363 administrativos, 66 de servicios y 8 choferes).
“Los estándares internacionales recomiendan de cinco a seis fiscales cada 100.000 habitantes en ciudades de entre 500.000 y 1.000.000 de habitantes; y entre siete y ocho fiscales en núcleos poblacionales de más de 1.000.000 de habitantes (como es el caso de la ciudad de Rosario)”, recuerda el último informe de gestión de la Fiscalía General. Si se sigue esta línea, Rosario, la regional de mayor conflictividad penal, debería tener por lo menos 10 fiscales más de los 85 que tiene en la actualidad si se calcula una población de 1,2 millón de habitantes.
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El informe de Baclini agrega que “son necesarios entre 3 y 3,5 empleados administrativos por cada fiscal, más los empleados de áreas comunes y especiales como son los de recepción de denuncias, atención al público, mesa de entradas, psicólogos, trabajadores sociales, personal de servicios generales, entre otros”. En la realidad la relación está muy por debajo: entre 1,8 y 2,2 empleados por fiscal según la regional que se trate.
“Tal como lo venimos manifestando desde años anteriores, se hace necesario prever la asignación de recursos para cubrir el déficit que tiene el MPA en relación a la cantidad de empleados”, insiste Baclini.
El siguiente cuadro revela cómo suple el MPA el personal que le falta: 99 pasantes y 69 contratados. La última columna indica el déficit de empleados que tiene cada regional: por ejemplo: Santa Fe 20 y Rosario 18. La única que estaría cubierta es Reconquista, salvo por el detalle de su planta de personal son mayoritariamente pasantes y contratados.
Los pasantes representan la cuarta parte de la planta permanente (llegó a ser mayor aún). Se trata de personas que se involucran en investigaciones penales y trabajan a la par de fiscales en delitos complejos. Antes de poner un pie en el MPA firman contratos de confidencialidad a cambio de 5.000 pesos mensuales como “asignación estímulo”.
Si bien la pasantía es un elemento de formación importante para la transición de estudiante a trabajador, carecían de cualquier protección por accidentes laborales, licencias o cobertura de salud. Ante lo insostenible de semejante precariedad, el año pasado la Fiscalía General resolvió encuadrar todos estos casos en el Sistema Nacional de Pasantías a través de convenios con las universidades nacionales, aunque este proceso todavía en pausa por la pandemia. Así los pasantes pasarán de 5.000 a 21.000 pesos mensuales, y tendrán algún nivel de protección.
El caso extremo es la fiscalía regional 4, con sede en Reconquista, donde la proporción de pasantes es tan alta que supera a los empleados administrativos. Son 20 pasantes contra 17 administrativos, y hay 12 contratados.
Todas las regionales trabajan con alta proporción de pasantes y contratados. Santa Fe, por ejemplo, tiene 72 administrativos, 19 pasantes y 18 contratados. Rosario 190 administrativos, 47 pasantes y 22 contratados.
Rosario, a pesar de ser la más grande, trabaja en un contexto de enormes necesidades. Basta tener en cuenta que sólo su unidad fiscal San Lorenzo tramita más legajos que toda la regional de Venado Tuerto.
“Tomamos medidas y optimizamos todo lo que está a nuestro alcance. Reforzamos la secretaría de gestión, por ejemplo, entonces si corresponde desestimar una denuncia o mandar a mediación eso se resuelve ahí. Así evitamos que ese trabajo lo tenga que hacer cada fiscal”, explicó la fiscal regional Iribarren a Aire Digital.
