A más de cuatro meses de la explosión en la casa del barrio Mariano Comas, ocurrida el martes 21 de febrero, la Justicia determinó que la Municipalidad de Santa Fe debe demoler la vivienda lindera ya que corre riesgo de derrumbe. Aunque el Municipio no tiene ninguna responsabilidad penal o civil sobre el siniestro, fuentes oficiales confirmaron a AIRE que se cumplirá con la orden judicial para la cual hay un plazo máximo de 60 días.
La resolución, que tiene fecha del pasado 30 de junio, plantea que los vecinos son los responsables primarios de lo sucedido y deben hacerse cargo económicamente de la demolición de la casa ubicada en 1° de mayo 3639, que quedó con daños estructurales irreparables tras la explosión.
En un primer momento, el diálogo entre los dueños de la vivienda siniestrada y la contigua era fluido y contaba con la mediación del Municipio, pero luego la propietaria del lugar que corre peligro de derrumbe decidió iniciar una demanda judicial contra la familia de la casa que sufrió la explosión, una maniobra que trabó las negociaciones entre las partes.
Si bien la Municipalidad no tiene responsabilidad material sobre el hecho, ante imposibilidad de que los vecinos se pongan de acuerdo, la Justicia definió que el Estado municipal se haga cargo de las tareas "para preservar el espacio público" y luego le cobre por estos trabajos a los vecinos. Para esto, el Municipio tiene, en principio, un plazo de 30 días, que puede prorrogarse por 30 días más en caso de ser necesario.
Sobre el reclamo de los vecinos de que se intervenga en la restitución del gas en sus viviendas y en la construcción de un muro para cerrar el terreno donde estaba la casa que explotó, desde la Municipalidad aclararon que son dos acciones que no pueden llevar a cabo. En el primero de los casos, explicaron que acelerar los trabajos de reconexión a la red de gas "depende de la voluntad técnica de Litoral Gas", y en el segundo, porque se trata de una propiedad privada.
El fallo judicial completo
Explosión en barrio Mariano Comas
La explosión que derivó en un voraz incendio y derrumbe se produjo el pasado 21 de febrero, cerca de las 20, en una vivienda ubicada en 1° de Mayo al 3600, casi esquina con pasaje Zorrilla de San Martín. La casa se prendió fuego tras el ingreso de sus propietarios, los cuales regresaban de un viaje, y debieron ser hospitalizados por quemaduras entre el 25% y el 30% de su cuerpo.
Litoral Gas cerró el suministro de gas de la vivienda afectada -por seguridad -y del gabinete de un pasillo ubicada al lado de la propiedad donde se produjo la explosión.
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El estrago generó además que algunos vecinos linderos debieron abandonar la propiedad ante un posible de riesgo de derrumbe, situación por la que debió intervenir personal del área de Gestión de Riesgos de la Municipalidad de Santa Fe.
Desde entonces se inició una causa judicial que inicialmente estuvo a cargo de la fiscal Gabriela Arri que actuó por turno y la cual ordenó al personal de la Agencia de Investigación Criminal para que se realice los peritajes en el domicilio particular. El expediente (o legajo judicial) pasó luego a Lucila Nuzzo y con posterioridad fue reasignado definitivamente al fiscal del área de flagrancia, Ignacio Orio.
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