martes 29 de septiembre de 2020
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El Comité de Emergencia Ambiental se creó "por la incapacidad de acuerdo de los gobernantes"

Lo aseguró uno de los miembros de la ONG cuyo amparo fue aceptado este martes por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La acción fue promovida contra el Estado Nacional, las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, y las municipalidades de Rosario y Victoria.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó este martes la creación de un Comité de Emergencia Ambiental “de manera inmediata” para que adopte las medidas eficaces para la prevención, control, y cesación de los focos ígneos irregulares en el Delta del Paraná. El máximo tribunal se declaró competente en una acción de amparo colectivo ambiental promovida por la asociación civil “Equística Defensa del Medio Ambiente” contra el Estado Nacional, las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, y las municipalidades de Rosario y Victoria.

Desde el colectivo ambientalista, Eduardo Rossi aseguró que "el Comité viene por la incapacidad de todos los gobernantes de ponerse de acuerdo, sentarle a una mesa y ponerle fin" a la quema de pastizales incontrolada en las islas.

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Dicho Comité, según la resolución de la Corte, debe adoptar medidas para la prevención, control, y cesación de los incendios irregulares en la región del Delta del Paraná, utilizando las bases del “Plan Integral Estratégico de Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná" (PIECAS-DP) de 2009, que contiene entre sus cometidos la problemática de los incendios. En 15 días se debe presentar un informe sobre la constitución del Comité de Emergencia Ambiental y las acciones efectuadas.

"La Corte lo que hace ahora es el seguimiento" del problema de los incendios en esa zona y busca "que se pongan de acuerdo los gobernadores de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires para proteger lo poco que queda del humedal", explicó Rossi en diálogo con el programa Pasan Cosas que se emite por Aire de Santa Fe.

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El tribunal recordó en su fallo que en el año 2008 el Estado Nacional y las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, se habían comprometido a la elaboración del Piecas, entre cuyos objetivos se previó la necesidad de encontrar soluciones viables y efectivas a la problemática de los incendios que afectaron diferentes zonas del Delta del Paraná. Sin embargo, para Rossi, esto nunca fue interés de las autoridades provinciales. "No han querido cumplir con el programa de seguimiento y control del humedal", aseguró.

“Los incendios deben detenerse o controlarse de inmediato. La intervención de la Justicia será para fortalecer las labores de fiscalización por parte de los Estados en el ejercicio efectivo del poder de policía ambiental”, añadió el fallo.

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La decisión involucra al Estado Nacional (a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) junto a los gobiernos de las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, y a las municipalidades de Rosario y Victoria a quienes requirió el informe que deberá ser presentado en el plazo de 30 días corridos.

Los humedales del Delta del Paraná constituyen "una naturaleza única en el mundo y que han permitido destruirla para hacer sus negociados", denunció Rossi acusando al Estado y los empresarios del agronegocio.