El sistema de turnos y la gestión informática de las historias clínicas es importante para garantizar una atención de calidad en los hospitales santafesinos.
Maiquel Torcatt / Aire Digital
El gobernador Omar Perotti firmó el 16 de agosto pasado el decreto Nº 1472 mediante el cual rescindió “sin derecho a compensación ni indemnización alguna” el contrato con Everis, la empresa que tenía a su cargo la “provisión, instalación y puesta en funcionamiento de Soluciones para los Sistemas de Información Hospitalaria”. La decisión oficial se tomó, de acuerdo a la documentación oficial a la que accedió AIRE, tras la realización de auditorías e informes cuyos resultados fueron lapidarios.
El decisorio recuerda al principio que la compañía se vinculó contractualmente con la Provincia, en este caso, luego de ganar el concurso público aprobado por el decreto Nº 744 del 16 de abril de 2018, que lleva la firma del entonces gobernador Miguel Lifschitz y su ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías. Allí se adjudicó a Everis, por un total de U$S 9.473.595,05, la tarea de “provisión, instalación y puesta en funcionamiento de software” de “historia clínica electrónica compartida”, “administración de agendas y turnos de los servicios de salud de la red”, “inteligencia de negocios” y “distintas soluciones para el ámbito hospitalario”, siempre “incluyendo los servicios de implementación, soporte, mantenimiento y consultoría”.
Aquella medida no estuvo exenta de polémica. El presidente del Cluster TIC de Santa Fe, Pablo García Floppa, hizo oír su queja: “Se prefirió elegir a una empresa extranjera, no radicada en el país y sin casos de éxito regionales, frente a la única propuesta local, con un producto desarrollado 100% por empresas santafesinas, con más de veinte años de trayectoria en el mercado de software y de servicios en el sector de la salud, sumados a un equipo donde se integraban también las Universidades locales”. Everis es una firma de origen español, luego adquirida por capitales japoneses.
En este contexto, el decreto de Perotti señala que “a requerimiento del secretario de Salud, la Sectorial de Informática de dicha jurisdicción, elaboró un informe referido a la implementación del Proyecto Tecnofe, que fuera parte de los programas para el área de Salud que conformaran el Plan Estratégico de Tecnologías de la anterior gestión de Gobierno”.
Ese estudio de revisión sentenció: “Existen problemas de mantenimiento de bases de datos que ya no pueden sostenerse. Se realizan tareas permanentes para limitar el crecimiento excesivo de dichas bases, sumando a esta situación los problemas de performance y rendimiento, donde procesos comunes como el otorgamiento de turnos demora excesivamente”. Y propuso “capitalizar los avances actuales, evitando el retrabajo y el costo de reimplantación de los procesos ya en desuso, generando una herramienta tecnológicamente superadora cuyo conocimiento, desarrollo y mantenimiento serían propiedad de la Provincia de Santa Fe”.
Ante esta situación, la Secretaría de Tecnologías conformó un equipo interdisciplinario para realizar una auditoría. El resultado: “Se observan severas fallas en los aspectos formales no sólo en los procesos de toma de decisiones del proyecto, sino también en los trámites de pago. Se aprecian notables diferencias en la arquitectura tecnológica, alcance, integración con otros sistemas, cronograma y productos específicos respecto del pliego y de la oferta del proveedor aceptada por el GSF (Gobierno de Santa Fe).
Estos cambios no cuentan con un aval formal. Los resultados prácticos logrados resultan limitados y tienen un grado de satisfacción de los usuarios e incidencias abiertas por debajo de lo esperado, siendo inaceptable para varios de sus componentes. No existe evidencia de la entrega de algunos productos previstos en el pliego. Si bien se observa la incorporación de varios productos que no cumplen con la Ley de Software Libre provincial, no se halló evidencia de actos administrativos que habiliten su uso. El esquema de licenciamiento del software aplicado genera una significativa rigidez para su uso y una importante dependencia del proveedor para despliegues futuros”.
Teniendo en cuenta esta serie de incumplimientos, la ministra de Salud, Sonia Martorano, aseveró que “el programa Tecnofe no ha cumplido ni cumple los requisitos para la gestión dentro del Ministerio de Salud, y ante la falta de interoperabilidad y de desarrollo que imposibilita contar con un Sistema Operativo óptimo, propicia la rescisión de la contratación existente con Everis Argentina”, siempre según el decreto de Perotti.
Asimismo, la asesoría letrada de la Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes del Ministerio de Economía dictaminó que “el informe elaborado por la auditoría informática da y es fundamento suficiente que habilita la rescisión del vínculo sin derecho a compensación ni indemnización alguna”. Como está a la vista, el gobernador decidió en esa línea.
El control de la digitalización hospitalaria de la Provincia por parte de esta empresa tiene como antecedentes dos contrataciones directas. Por decreto Nº 97 del 31 de enero de 2017, se adjudicó a Everis “la realización de trabajos de adecuar, integrar, realizar puesta en producción, soporte y transferencia tecnológica de la plataforma de Gestión Documental Electrónica GDE (Software cedido por Nación)” por un total de $ 1.482.670.
Según los considerandos, en 2016 se aprobó a nivel nacional “el Plan de Modernización del Estado, que establece entre sus objetivos el de constituir una Administración Pública de calidad, al servicio del ciudadano, a partir del diseño de organizaciones flexibles orientadas a la gestión por resultados, como así también colaborar con aquellas Provincias y Municipios que manifiesten su adhesión al mismo”. En ese marco “se suscribió un Acuerdo Marco de Cooperación entre el Ministerio de Modernización de la Nación y el Gobierno de la Provincia de Santa Fe (…) con el objeto de desarrollar vínculos de cooperación en las materias mencionadas como ejes del Plan de Modernización del Estado”.
De esta manera, “se propone la contratación de los Servicios de la empresa Everis Argentina S.A. para la adecuación, integración, puesta en producción, soporte, transferencia tecnológica y el 1 mantenimiento del Sistema GDE, destacándose que la empresa ha desarrollado la totalidad de los módulos que conforman el sistema de Gestión Documental Electrónica y ha realizado de manera exitosa estas funciones en el Gobierno de la Ciudad Autónoma, el Gobierno de la Nación Argentina y en la Provincia de Buenos Aires”. Es decir, todas administraciones del PRO. Más adelante, como argumento para la contratación directa, se indica que “la empresa es especializada en la temática y de reconocida capacidad”.
Un año después, el 1 de febrero de 2018, se firmó el decreto Nº70 por el cual se renueva la confianza en la empresa ya que “ha desarrollado exitosamente la totalidad de los módulos que conforman el sistema”, los trabajos “se realizaron conforme a lo adjudicado, se cumplieron los plazos de entrega, se alcanzó la totalidad de los objetivos planteados y que la empresa demostró idoneidad y compromiso para con el proyecto y posee experiencia y especialización acreditadas”. Por ese motivo, se “justifica que se realicen las gestiones necesarias para establecer un nuevo vínculo contractual con la firma”.
La primera gran controversia pública en la que quedó envuelta la empresa ocurrió en septiembre de 2019, cuando el periodista Ari Lijalad publicó en el portal El Destape un informe de la Auditoría General de la Nación precisamente sobre el GDE. Allí, la AGN advirtió que “sólo el 23% de los usuarios muestreados consideran que las funcionalidades que ofrece el sistema para dar soporte a su operatoria diaria cubren totalmente sus necesidades” y “un 97% de los usuarios encuestados manifestaron que la indisponibilidad del GDE es frecuente o muy frecuente y que en horarios centrales acusa bajo desempeño”.
“De los procedimientos de auditoría ejecutados se desprende que la indisponibilidad del sistema es muy frecuente y que aun cuando se encuentre disponible, en la franja horaria más crítica (10.30 a 16.30), la performance se degrada considerablemente en los organismos relevados, generando demoras o pérdida de tareas en curso ante el time-out propio del sistema”, continúa el informe, para después manifestar que “la continua inestabilidad del sistema también conduce a que los cargos jerárquicos se vean imposibilitados de firmar documentos y actos administrativos de manera oportuna. Dependiendo del organismo, algunos casos son críticos, como el pago de medicamentos, salarios, u otras cuestiones que adquieren carácter de urgente”.
El informe de la AGN fue hecho en junio de 2019. Ese estado de cosas, al menos de acuerdo a la auditoría de ese organismo, no impidió que al mes siguiente se le adjudicara a Everis el mantenimiento del sistema hasta el 31 de diciembre de 2020, tarea que venía desarrollando desde 2016.
El 18 de enero de 2021, el gobierno de Alberto Fernández emitió un comunicado que expresaba: “A fin de garantizar la pluralidad y transparencia del proceso, se invitaron a 667 empresas a través del sistema COMPR.AR en pie de igualdad y libre concurrencia, 9 proveedores realizaron un total de 94 consultas, 12 descargaron las bases y condiciones del proceso para su estudio y posterior presentación de ofertas. La apertura de los pliegos, realizada a las 13 horas del 18 de enero de 2021, dio cuenta de la presentación de 4 ofertas, que inician su proceso de evaluación.
En contraposición, la contratación precedente iniciada durante la gestión anterior se había tramitado el procedimiento de selección para la contratación del ‘Servicio de soporte y mantenimiento del software de gestión documental electrónica (GDE) e integración con otros sistemas’ (Expediente Electrónico N° 2019-09478790-APN-SSCAMM#JGM) bajo normativa del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y fueron invitados a participar 7 proveedores: Everis Argentina SA, Cardinal Systems, Unitech SA, MOST SA, Datastar Argentina SA, Izertis SA y C&S Informática SA, de los cuales únicamente presentó oferta Everis Argentina SA, quien resultó adjudicataria mediante Resolución N° 1330, de fecha 25 de julio de 2019”.
Un día antes, el sitio La Política Online publicó una nota sin firma en la que se afirmaba que había “tensión en el gobierno porque el macrismo podría quedarse con el sistema de expedientes electrónicos” y que “Pablo Pereira, CEO de la filial argentina de la multinacional Everis, es muy cercano a Eduardo Martelli, ex secretario de Modernización Administrativa durante el pasado gobierno y amigo personal de Macri”.
El 20 de enero, la periodista Camila Dolabjian escribió en La Nación, bajo el título “Cambio sensible: cuatro empresas pelean por el manejo de todos los expedientes del Estado”: “Varios mandatarios cercanos a Alberto Fernández están preocupados por cuál será la empresa adjudicada. El nuevo contrato será otorgado a una de cuatro empresas confirmadas: Proguide SRL, TN Group S.A., America Virtual S.A. o Epidata. Según fuentes oficiales, Everis no hizo consultas.”
Te puede interesar
