Los policías iniciaron una requisa desesperada por la casa y en dos autos. Buscaban droga y dinero. Tenían información, que un peruano y un boliviano que estaban asentados en ese barrio habían adquirido un cargamento importante de cocaína. El objetivo era robárselas.
Luego, llegó al lugar el jefe de tercio, el oficial Renzo M., un joven oriundo de Vera, acompañado de otro uniformado. Más de dos horas después, a las 18.36 horas, avisaron recién lo que estaban haciendo a la fiscalía de Flagrancia. A nadie en el MPA le importó mucho qué pasaba en esa casa.
El oficial a cargo contó un episodio, que –según sospecha la fiscalía federal- es falso. Renzo M. relató que los móviles se encontraban en tareas de patrullaje por el barrio, cuando empezó una persecución contra dos hombres, que se metieron en la casa de Forest al 5600.
Según la crónica que expusieron los uniformados, ingresaron a la casa y encontraron arriba de una mesa armas y droga. Esta misma versión fue luego documentada en el acta N° 1824 que suscribieron sólo seis agentes. Y también la que salió publicada en los medios de comunicación. En una foto que se difundió aparecía en una mesa armas bastante viejas y un poco de droga.
En el acta los policías detallaron que secuestraron una balanza, cuatro armas, medio kilo de cocaína envuelta en cinta amarilla, cuatro teléfonos celulares (dos destruidos) y tres granadas de gas lacrimógeno. En el documento consignaron que no había cámaras en las cercanías del lugar. Tampoco, según se señaló en la audiencia en la justicia federal, aportaron testigos.
La sospecha es que los policías irrumpieron en ese lugar para robar a esta supuesta banda narco. Según se detalló en la audiencia en la justicia federal, habrían sustraído de manera ilegal entre 12 y 15 ladrillos con un kilo de cocaína cada una envuelta en cinta amarilla, armas de fuego- entre ellas escopetas, fusil-, cuchillos y una suma de dinero importante: 50.000 dólares, 285.000 pesos, y celulares nuevos y usados. Todo esto lo habrían trasladado en los mismos patrulleros en los que llevaron a los detenidos.
A partir de este procedimiento, les abrieron una causa a los dos ocupantes de la casa, dos hombres de nacionalidad boliviana y peruana. Pero la justicia provincial declinó su competencia y envió la causa a la justicia federal.
Los fiscales federales Javier Arzubi Calvo, Andrés Montefeltro, María Virginia Sosa y Soledad García, investigaron este operativo y encontraron falencias graves. Pidieron al juez de garantías Marcelo Bailaque que lo declarara nulo y que se sobreseyera a los detenidos. El magistrado resolvió además dictar la prisión preventiva de los siete policías por 90 días, y por 30 al oficial que acompañaba al jefe.
La semana pasada, cuando la fiscalía federal pidió la detención de los policías se llevaron una sorpresa. Dos uniformados tenían en sus mochilas bochitas de cocaína fraccionada en el momento de la detención. La sospecha es que era para consumo personal o los propios agentes distribuían y vendían droga.
"Si es así, les va a caer todo el peso de la ley. Mejorar las fuerzas de seguridad implica no solo gratificar y agradecer el esfuerzo que hacen miles de policías para mejorar la seguridad pública en Santa Fe, sino que cuando vemos a un policía que comete un delito —que los hay lamentablemente en la policía de la provincia, en el servicio penitenciario y en las fuerzas de seguridad de la Nación— que les caiga todo el peso de la ley", señaló el gobernador Maximiliano Pullaro.
El problema de este tipo de hechos es que no se traten de episodios aislados, y se transformen metodologías estables, que a la larga terminen haciendo emerger la violencia. Ya sucedió en otros fragmentos de la historia reciente, cuando varias investigaciones judiciales dejaron visible que sectores policiales eran directamente empleados de los narcos. Los casos más patentes son los uniformados que formaron parte de la banda de Los Monos, y sobre todo aquellos que trabajaban para Esteban Alvarado.
Lo que se vio en este caso es que eran policías que trabajaban para ellos. Es decir, que le robaban a los narcos para beneficio propio. Si la corrupción policial empieza a desmadrarse, como ocurrió hace una década, probablemente vuelvan los mismos problemas.
En los relatos de aquella época se destaca que los primeros que empezaron a robar búnkeres de venta de drogas fueron los agentes del Comando Radioeléctrico. Eso encendió una mecánica que terminó contagiando a los grupos narco, que empezaron a prender fuego puntos de venta con gente adentro.
La competencia fue despiadada y sangrienta. Empezaron a balear búnkeres que eran de un competidor. Los ataques dejaban al descubierto el negocio ilegal, pero además, generaban miedo en los clientes, que –según esta estrategia- irían a comprar a otro lado. En este afán por incrementar la demanda en beneficio propio murieron decenas de jóvenes que eran simples consumidores, que habían ido a adquirir una dosis de cocaína. Este método poco ortodoxo para destruir a un competidor fue subiendo de nivel en crueldad: ya no bastaba balear los búnkeres, sino que los rociaban con nafta y los prendían fuego, con los chicos que ejercían de vendedores dentro.
