Desendeudamiento en Santa Fe: el decreto con los detalles del plan destinado a empleados públicos y privados
El Gobierno oficializó el programa de desendeudamiento para empleados públicos y privados de Santa Fe. Todos los detalles.
El Gobierno oficializó el programa de desendeudamiento para empleados públicos y privados de Santa Fe.
El Gobierno de Santa Fe oficializó este miércoles el programa de desendeudamiento destinado a trabajadores del sector público, jubilados, empleados privados y autónomos, a partir de la publicación del Decreto Nº 1014/2026 en el Boletín Oficial.
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El decreto lleva la firma de el gobernador Maximiliano Pullaro y los ministros de Economía, Pablo Olivares, y de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia. La norma crea formalmente el “Plan de Protección de los Ingresos” para agentes activos y pasivos de la administración pública y establece nuevas reglas para el sistema de descuentos mediante códigos sobre los recibos de sueldo.
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En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo provincial sostuvo que el escenario de tasas de interés elevadas “encarece el crédito” y profundiza las restricciones financieras de hogares y empresas, afectando el poder adquisitivo de las familias. Además, advirtió sobre “el alto nivel de toma de préstamos de consumo” registrado en el sistema de descuentos aplicado sobre los salarios estatales.
El plan apunta a cuatro ejes centrales: mejorar el ingreso disponible de las familias reduciendo el peso de los descuentos por deudas; refinanciar pasivos en condiciones más favorables; promover instancias de educación financiera y asesoramiento; y dinamizar la actividad económica provincial, especialmente en el comercio.
Límite del 25% para descuentos sobre haberes
Uno de los puntos centrales de la normativa es que los descuentos efectuados mediante códigos habilitados no podrán superar el 25% del salario afectable de cada trabajador. Actualmente, ese límite llega hasta el 50%
Para calcular ese porcentaje se tomará el haber bruto mensual una vez descontadas las retenciones obligatorias, aportes sindicales, Iapos, medidas judiciales y créditos vinculados a vivienda. El decreto también aclara que no se computarán asignaciones familiares, aguinaldo, pagos extraordinarios ni retroactivos.
A partir de ahora, las entidades que operen mediante el sistema de códigos de descuento no podrán incorporar nuevas operaciones para trabajadores que ya superen ese límite del 25%.
Refinanciación de deudas y créditos para cancelar préstamos
La norma establece además que las entidades acreedoras deberán refinanciar las deudas de aquellos agentes cuyos descuentos actualmente superen el tope permitido. Esa refinanciación deberá realizarse manteniendo la tasa original, aunque respetando el límite máximo fijado por el decreto.
En caso de que las entidades no acepten adecuar esas operaciones, la Provincia podrá intervenir mediante mecanismos de anticipo de haberes, con consentimiento del trabajador afectado.
Además, el Ministerio de Economía quedó autorizado para firmar convenios con el agente financiero provincial y otras entidades para ofrecer líneas de crédito con mejores condiciones financieras que las del mercado, incluso con subsidio o bonificación de tasas. El objetivo será permitir la cancelación o precancelación de deudas de empleados públicos, jubilados provinciales, municipales, trabajadores privados e independientes.
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Nuevos controles sobre mutuales y financieras
El decreto también endurece los requisitos para las entidades que operan con códigos de descuento sobre salarios. Entre otras exigencias, deberán acreditar inscripción ante la Unidad de Información Financiera (UIF), presentar balances auditados, acreditar regularidad fiscal y mantener vigente su personería jurídica.
La falta de cumplimiento de esos requisitos implicará la suspensión de la autorización para operar dentro del sistema provincial de descuentos.
Unidad de control y educación financiera
La normativa también crea una Unidad de Gestión integrada por distintas áreas del Ministerio de Economía y del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública para monitorear el funcionamiento del sistema y evaluar posibles modificaciones.
Ese organismo también podrá trabajar junto a Defensa del Consumidor y otras áreas provinciales en tareas de control y asistencia vinculadas a educación financiera y prevención de riesgos asociados al endeudamiento.