A casi dos años de la prohibición de los cuidacoches, la ciudad muestra cambios, avances y tensiones en un debate atravesado por el orden urbano y la realidad social.
En Santa Fe, más de cien excuidacoches se incorporaron a cooperativas de trabajos.
Durante años, en la ciudad de Santa Fe, la problemática de los cuidacoches ocupó un lugar central en la agenda pública. Se discutieron distintas alternativas, se intentaron regulaciones que no prosperaron y el tema quedó atravesado por la informalidad laboral, la conflictividad en el espacio público y una realidad social compleja.
A casi dos años de la ordenanza que prohibió la actividad en todo el ejido urbano, el escenario muestra cambios visibles, aunque con tensiones que todavía persisten.
La norma fue sancionada en mayo de 2024 y derogó la legislación de 2019 que había creado un registro de cuidadores, un esquema que nunca llegó a aplicarse de manera efectiva. Tras un arduo debate en el Concejo Municipal, la ciudad avanzó con la prohibición total de la actividad, una decisión que también se replica —con matices— en otras grandes ciudades del país.
Desde el Ejecutivo municipal explican que uno de los principales objetivos fue terminar con la llamada “doble imposición”: el pago del Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (SEOM) y, a la vez, el aporte exigido por cuidacoches en la vía pública.
La implementación fue gradual. En una primera etapa, los controles se concentraron en la zona del SEOM, con intervención de la policía y la Guardia de Seguridad Institucional (GSI). Luego, el esquema se extendió a espectáculos deportivos y eventos masivos, espacios donde históricamente la presencia de cuidacoches era más intensa.
Con el correr de los meses, la situación fue mostrando matices y reapariciones puntuales, especialmente durante los fines de semana y en zonas con fuerte actividad nocturna, como Candioti Norte y Sur. Allí, vecinos continúan denunciando presencias irregulares y, en algunos casos, relacionan la actividad con hechos de inseguridad, lo que mantiene abierto el reclamo por mayor control.
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En paralelo a la prohibición, el municipio avanzó con un esquema de acompañamiento para parte de las personas que realizaban la actividad. A través de cooperativas, muchos de ellos fueron reconvertidos y comenzaron a desempeñar tareas de mantenimiento urbano.
“Hoy son 104 personas que fueron reconvertidas en esta función”, explicó a AIRE el secretario de Gobierno de la Municipalidad, Sebastián Mastropaolo, al detallar el alcance del programa. Se trata de 13 cooperativas, integradas por unas ocho personas cada una, que realizan trabajos en distintos puntos de la ciudad.
Las tareas incluyen limpieza y mantenimiento de plazas y parques, desmalezamiento, trabajos en grandes espacios verdes, limpieza de canalizaciones pluviales y reservorios, además de intervenciones en la costanera, donde durante el verano se los pudo ver retirando camalotes y colaborando en sectores de playa.
Desde el Ejecutivo destacan que uno de los cambios más importantes fue la estabilidad del sistema. Según Mastropaolo, en una primera etapa hubo mucha rotación, pero con el tiempo los grupos se consolidaron. “Hoy hay pertenencia. Los grupos se mantienen firmes, no tenemos fluctuación y eso es muy positivo”, señaló el funcionario, quien remarcó que cada cooperativa cuenta con una organización interna y una persona responsable.
El esquema incluye control de asistencia y horarios, con un seguimiento individualizado. “Tengo nombre y apellido de cada uno. El que no cumple es advertido y sabe que hay mucha gente esperando un lugar”, explicó Mastropaolo, al referirse a la demanda para ingresar al programa.
Además de las tareas asignadas, el municipio brinda un acompañamiento que va más allá de lo laboral. Desde el Ejecutivo señalan que se trabaja en la regularización administrativa, el acceso al monotributo social y la asistencia ante conflictos.
“No es solo lo económico, hay una contención social importante”, explicó Mastropaolo. En ese marco, las cooperativas funcionan de manera articulada con áreas de políticas sociales, asistencia jurídica y programas de capacitación, con base operativa en el espacio municipal de Beata.
A casi dos años de la prohibición de los cuidacoches, el escenario en Santa Fe es distinto al de 2024, aunque lejos de estar cerrado. Conviven avances en el ordenamiento del espacio público, experiencias de reconversión laboral y reclamos vecinales por presencias que persisten en algunas zonas.
Desde el Ejecutivo insisten en que se trata de un proceso que requiere continuidad, controles sostenidos y políticas que contemplen la delicada realidad social que subyace detrás del conflicto. Un equilibrio complejo, que sigue marcando el pulso de un debate que, en la ciudad, todavía permanece abierto.
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